La Fiscalía de la AN pide procesar a miembros de los CDR por pertenencia a organización terrorista

CASTELLÓ. (EP). La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes un escrito, en el marco de la causa que se sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 6 contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), en el que interesa procesar a trece personas por un delito de pertenencia a organización terrorista, y a nueve de ellos además por un delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias y aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista.

En el escrito de 43 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, realiza un repaso al papel de cada uno de los encausados en los hechos y explica que todos ellos comparten principios ideológicos favorables a la independencia y el activismo radical para conseguirla. Apunta que abogaban por el uso de "la violencia en su máxima expresión" para forzar a las instituciones "a conceder por la vía de los hechos la separación de Cataluña del resto de España".

Así, resalta que la creación de diferentes comisiones por territorios de miembros de los CDR permitió tras la celebración del referéndum ilegal de 2017 que afloraran grupos que "tendrían como objetivo subvertir el orden constitucional de forma material, mediante una estrategia planificada y organizada".

En ese marco, señala, se crea el denominado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), una célula integrada por los investigados y que Aglutinaba a un número reducido de diferentes CDR "que evidencian una gran radicalidad". Asevera el fiscal que los miembros del ERT participaron de forma activa en la materialización de algunas de las acciones más contundentes que han llevado a cabo los CDR hasta la fecha como cortes de carretera, vertido de aceite en la calzada de la C-55 en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners o el levantamiento de las barreras de los peajes.

Carballo apunta que los investigados, como miembros del ERT, "habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable". El objetivo, dice, era el de llevar a cabo "acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando para ello los explosivos y/o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en
dos domicilios particulares".

Orden del 'CNI catalán' para ocupar el parlament

Los investigados, prosigue el Ministerio Público, participaron en la creación del Centro de Coordinación (CECOR) para las acciones de los CDR "asumiendo el encargo recibido de un denominado 'CNI Catalán' para que aportasen la infraestructura logística necesaria con el objeto de acometer una acción "en la que se pretendía ocupar el Parlament de Cataluña, y defenderlo posteriormente". Para ello, indica, eran necesarios "importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas securizadas de telecomunicaciones, así como una importante capacidad de movilización".

El plan era aguantar una semana dentro apoyándose con intendencia desde el exterior y montando antenas de larga distancia para mantener las comunicaciones, "todo ello bajo un presupuesto estimado en 6.000 euros".

El Ministerio Público indica que esa célula a la que pertenecían los investigados "elevaba la intensidad y la naturaleza de las acciones llevadas a cabo, a un nivel superior" y recuerda que fue a principios de 2018 cuando uno de ellos, Ferrán Jolís, se constituyó como el iniciador del ERT.

Relata el fiscal que desde entonces participaron en acciones de los CDR, incluso como comando autónomo, y pone como ejemplo la coordinación con el CECOR para "controlar", a nivel autonómico, las acciones que ejecutaron 1 de octubre de 2018. "También, cabe destacar los actos de protesta que se desarrollaron durante la jornada del 21 de diciembre de 2018, con motivo del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona", dice, para sumar también por "llamativa" la acción del 1 de febrero de 2019 cuando un grupo de personas arrojaron en la calzada de la C-55 una gran cantidad aceite, en un lugar de paso obligatorio de la comitiva que trasladaba los presos desde el Centro Penitenciario de Lledoners.

El informe de la Guardia Civil

El escrito de Fiscalía llega después de que viera la luz un informe de la Guardia Civil en mayo en el que atribuye a los detenidos varias búsquedas en Internet de "posibles objetivos" entre diferentes personalidades contrarias a la independencia de Cataluña, entre los que figura el líder del PP, Pablo Casado.

Fue en junio de 2020 cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón citó para declarar a seis de ellos. En el marco de esta investigación fueron detenidos en septiembre 2019 un total de nueve personas, de las cuales siete fueron a prisión provisional. La Audiencia Nacional les puso en libertad bajo fianza y con medidas cautelares unos meses después.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional calificaba ya en septiembre de 2019 de grupo terrorista a los nueve detenidos de los Comités de Defensa de la República (CDR) y aseguraba que sus "proyectos terroristas" estaban en un "avanzado grado de preparación", pues ya tenían "objetivos seleccionados".

Los miembros de los CDR que Carballo interesa procesar son Eduardo Garzón, Esther garcía Canet, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás Abueso, Alexis Codina, Jordi Ros, Guillem Duch, Rafael Delgado, Ferrán Jolís, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero.