VALÈNCIA (EFE). La Fiscalía ha reprochado a la Consellería de Igualdad que silenciara durante cuatro meses la denuncia que una menor ingresada en un centro dependiente de la Generalitat hizo en 2017 contra Luis R., un educador que, en aquel momento, era todavía el marido de la titular de ese departamento, Mónica Oltra, y quien finalmente, en 2019, ha sido condenado a cinco años de cárcel por abusos sexuales a la chica.
"LLama poderosamente la atención que desde febrero de 2017, en que la menor habla por primera vez de abusos sexuales, hasta el 27 de junio de ese mismo año", cuando la Policía Nacional alertó a la Fiscalía de Menores de la posibilidad de un delito de abusos, "no se comunicara a la Fiscalía de Menores por parte de la Conselleria" el relato que la menor había hecho a las responsables del centro de acogida en el que señalaba que había sido víctima de abusos sexuales por parte de un educador.
Así se expresa la Fiscalía en su respuesta a un recurso de la defensa del reo, que ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que repita el juicio a causa de la indefensión sufrida por Luis R. provocada por "la falta de diligencia" cometida por la propia fiscalía, pues dispuso de dos pruebas exculpatorias que nunca llevó ante la Audiencia de Valencia.
En su respuesta, la Fiscalía llega a calificar de "ridícula" la argumentación de la defensa y ataca no solo a la letrada del reo, sino también a la Conselleria de Igualdad: "sorprende", dice, que la Directora del Centro de Acogida Niño Jesús y la psicóloga de la Dirección territorial de Igualdad no solo no preguntaron a la niña por los presuntos abusos, sino que además no dieran cuenta a la Fiscalía de Menores de los mismos.
Para la defensa, son desconocidas las razones por las cuales la Fiscalía condenó al olvido dos pruebas fundamentales: un expediente de la propia Conselleria que dudaba de la realidad de las acusaciones y un informe psicológico del Centro Espill que no daba credibilidad al relato de la supuesta víctima.
La Fiscalía responde que los técnicos que intervinieron en el primer expediente declararon en el juicio y su testimonio no resultó exculpatorio. Y sobre el informe del Espill, reprocha a la defensa que no fuera ella quien llevara ante el tribunal este informe. Pero, además, lanza nuevas sospechas contra la Consellería, que fue la que encargó este examen del Centro Espill.
Sin embargo, la propia defensa señala en su recurso que el informe del Espill estaba citado en el expediente, pero que la Fiscalía no quiso solicitarlo.
La clave para la Fiscalía es que el juez de instrucción dictó un auto para investigar penalmente los hechos y al sospechoso en septiembre de 2017. Fue entonces, ya en noviembre de 2017, cuando "la Conselleria, con absoluta falta de competencia -dado que el asunto se hallaba ya judicializado-, encargó dicha "prueba" pericial a una entidad privada "Espill" y, lejos de poner dicha pericial a disposición del juez encargado de la instrucción penal, la remitió a la Fiscalía de Menores, dos años después de haberse realizado y una vez celebrado el juicio oral".
"Desconocemos qué o quién motivó que en noviembre de 2017 se reenviara a la menor al Instituto Espill para su evaluación", añade la Fiscalía en su escrito. Es decir, resta valor al informe y, sobre todo, niega que esta prueba haya estado en su poder antes del juicio y, por tanto, que haya habido falta de diligencia por su parte.
