VALÈNCIA (EP). La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, ha participado en una jornada de análisis de creación de recursos específicos para atender a niños y adolescentes víctimas de abusos, al hilo de modelos puestos en marcha en otros países europeos como Islandia. El taller se ha centrado en 'Barnahus', un modelo islandés que el Consell quiere implantar en la Comunitat Valenciana.
La sesión 'Acuerdos formales y trabajo diario de cooperación interinstitucional multidisciplinaria para promover el interés superior del niño en la Barnahus', organizada por Save the Children, ha contado con el creador de este modelo y miembro del Comité de los Derechos del Niño de Nacionales Unidas, Bragi Gudbransson, detalla la Generalitat en un comunicado.
El objetivo de esta jornada es conocer la creación de este servicio que comenzó a funcionar en Islandia en 1998. Consiste en agrupar en un mismo espacio todos los recursos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil, de manera que se cree "un entorno amigable para los niños".
Para la Generalitat, "se trata del mejor modelo a la hora de atender a los niños víctimas de abuso sexual desde una óptica interdisciplinaria e interdepartamental", por lo que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas quiere trabajar en esta dirección para contar con espacios integrados por cuerpos de seguridad, servicio de protección, justicia y salud.
La unificación de espacios permite tanto agilizar el proceso judicial como "reducir la victimización secundaria" que pueden sufrir los menores, ha destacado la responsable autonómica de Infancia. La Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia va en esta línea para que los niños que sufren cualquier tipo de abuso tengan la máxima protección.
Esta normativa, en vigor desde finales de 2018, es "valiente e innovadora" y está "a la vanguardia de España en protección y ampliación de derechos de la infancia y adolescencia", lo que sitúa a la Comunitat Valenciana "al nivel de las mejores leyes europeas".
Gracias a la nueva ley, los niños tienen la consideración de ciudadanos de pleno derecho, con un impulso de su participación en la vida pública y avances en la promoción de derechos.
En el ámbito de protección, abre la puerta a que la Generalitat se persone como acusación popular en los casos de violencia contra menores. Además, en los de agresión machista o violencia intrafamiliar, el Consell impulsará que sea el agresor y no la víctima la que abandone el domicilio familiar.