La Generalitat renuncia a la auditoría externa independiente de su gasto sanitario

VALÈNCIA. La auditoría externa independiente del Sistema Valenciano de Salud que la Generalitat iba a encargar a la AIReF queda suspendida. La crisis del coronavirus, que ya obligó a la Conselleria de Hacienda a retrasar hasta septiembre esta fiscalización externa del gasto sanitario, impedirá llevar a cabo este año la que hubiera sido la mayor evaluación de la eficiencia en el gasto de la partida más importante del presupuesto autonómico.

Así lo reconoce el departamento que dirige Vicent Soler, que tras encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal el control de alrededor de los 7.500 millones de euros de gasto sanitario, se ha visto obligado a renunciar a este proyecto con el anhelo de poder retormarlo el próximo año. Todo dependerá de cómo evolucione la pandemia, ya que la razón por la que Hacienda desiste de su objetivo es la de no añadir más presión sobre el tensionado sistema público de salud.

La renuncia a este examen independiente implica perder la oportunidad de aplicar a corto plazo medidas correctoras de la eficiencia en el gasto, algo que dado el volumen de recursos que se destinan a la Sanidad podría ahorrar cientos de miles de euros a las arcas autonómicas. Entre otras cuestiones, esta evaluación hubiera servido para cuantificar el impacto en las cuentas de la Generalitat de la primera gran reversión sanitaria, la del Departamento de Salud de la Ribera, llevada a cabo en abril de 2018.

El encargo a la AIReF por parte del Consell de una auditoría sobre el gasto público (Spending Review) del sistema sanitario valenciano se remonta a enero. Por entonces, el conseller Soler esgrimió la "urgente" necesidad de analizar "de forma integral" el Sistema Valenciano de Salud, teniendo en cuenta su progresión por el efecto del envejecimiento, la extensión de la cronicidad o la prestación de nuevas terapias avanzadas, entre otros argumentos.

En los dos meses posteriores hasta el estallido de la crisis sanitaria y la declaración del estado de alarma solo se llegó a dar el primer paso de esa auditoría, el encargo a la AIReF del plan de acción que precede a este tipo de auditorías. La entidad no podía iniciar formalmente la fiscalización sin la aprobación en un pleno del Consell de ese plan, algo que no llegó a concretarse porque Hacienda aparcó el asunto hasta septiembre. Llegado el momento, ha hecho lo propio por tiempo indefinido, según confirman a este periódico fuentes de esta conselleria.

Meses después, la pandemia ha cambiado radicalmente las prioridades. De aspirar a controlar el destino de cada euro con la actividad ordinaria, la Generalitat y el resto de administraciones no han reparado en multiplicar exponencialmente el gasto en medidas para luchar contra la pandemia, tanto sanitarias como para atenuar el impacto de la crisis en los colectivos más afectados.

La inmensa mayoría de los contratos asociados al suministro de material de protección o test, además, se han tramitado por el procedimiento de emergencia para esquivar los plazos que imponen los controles de la contratación ordinaria. Muchas de las compras se han realizado en el extranjero, con pagos por adelantado y la intermediación de comisionistas.

Sin ir más lejos, esta misma semana, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, elevaba por encima de mil millones de euros el total de recursos destinados ya a luchar contra la covid-19.

Hasta finales de junio, fecha en la que se publicó la última actualización del informe especial de supervisión de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), la Comunitat llevaba gastados más de 215 millones de euros en la contratación por vía de emergencia vinculada a la covid-19, un volumen solo superado por Cataluña.

La intención de pedir a la AIReF una Spending Review en la Conselleria de Hacienda viene de lejos. En el Seminari de Govern de Montanejos, celebrado en julio del año pasado, este departamento se comprometió a aprobar una normativa para obligar a valorar las políticas de gasto público discrecional y a implementar los resultados del proceso de revisión del gasto elaborado por el AIReF.

Semanas después, el conseller Vicent Soler anunció públicamente el encargo de esta macroauditoría durante su intervención en un seminario organizado por el Ivie en presencia el entonces presidente de la AIReF, José Luis Escrivà. En ese foro, celebrado el 21 de octubre del año pasado, el actual ministro de Seguridad Social lamentó precisamente el déficit evaluador del gasto público del que adolecen las instituciones en España. 

De la macroauditoría al curso para funcionarios

Por el momento, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico se tendrá que conformar con intentar mejorar las prácticas sin haber evaluado la eficiencia del gasto que se lleva a cabo.

Con ese objetivo, de acuerdo con la AIReF, ha organizado un seminario de evaluación de políticas públicas y de la eficiencia del gasto público dirigido a sus empleados públicos de diversas conselleries y organismos autónomos.

El principal objetivo es dar a conocer, desde un punto de vista práctico y desde la experiencia de la AIReF, algunas de las técnicas más relevantes para evaluar el impacto de las políticas públicas.

Este seminario se imparte en formato streaming por parte del equipo de la AIReF implicado en el proyecto de Spending Review que esta institución ha desarrollado por encargo del Gobierno central en los últimos años en varios ámbitos como la inversión en infraestructuras durante las últimas décadas.