VALÈNCIA. (EP) El vicepresidente segundo y conseller de Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, se ha comprometido este miércoles a que la Generalitat saldará en 2021 toda la deuda pendiente en ayudas a vivienda de los gobiernos anteriores al Botànic, antes de 2015, estimada en 24,58 millones de euros.
Así lo ha trasladado a representantes de la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda en una reunión sobre los compromisos pendientes de pago de subvenciones por compra de vivienda protegida, rehabilitación y alquiler del periodo 2009-2012. La deuda reconocida ascendió a 320.017.522 euros y a un total de 65.684 expedientes, informa el Consell en un comunicado.
Dalmau ha destacado que desde la entrada del Botànic se ha pagado el 91% de la deuda, lo que equivale a 275.460.576 euros, mientras que 17.686.657 han sido liberados al haber prescrito o caducado los expedientes. Por tanto, actualmente queda pendiente de pago un importe estimado en 24.586.734 euros.
"Por fin se hará justicia con miles de personas, familias, autónomos y comunidades de propietarios, todas damnificadas por unas ayudas que se comprometieron y no se pagaron en gobiernos anteriores, siendo la consellera Isabel Bonig (PP), unas ayudas que se comprometieron sin estar presupuestadas", ha aseverado.
A la reunión han asistido el portavoz de la Plataforma de Afectados por Ayudas a la Vivienda, Manuel Pérez, y sus representantes Sonia Araque, Sabrina Marseguerra y David Fernández. Por parte de Conselleria, la subsecretaria, Blanca Jiménez; el director general de Rehabilitación, Alberto Rubio, y la territorial de Vivienda de Castellón, Lidón Bordils.
La Generalitat otorgó entre 2009 y 2012 determinadas ayudas y subvenciones para el acceso a la vivienda dentro de los planes estatales de vivienda y suelo para los periodos 2005-2008 y 2009-2012. A partir de 2009, las subvenciones fueron disminuyendo debido a las restricciones presupuestarias de la propia administración.
Desde 2007 hasta 2013, ambos incluidos, el gobierno valenciano actual asegura que las subvenciones pagadas siempre fueron inferiores a la de las otorgadas, lo que ocasionó "una situación de insuficiencia presupuestaria que se tradujo en la existencia de una importante cantidad de ayudas sin pagar y en un retraso de hasta seis años de la fecha de pago respecto al momento de la concesión".
El procedimiento seguido habitualmente en la concesión de las ayudas a la vivienda vinculadas a los planes 2005-2008 y 2009-2012 fue el de concesión directa, aunque desde la Ley General de Subvenciones de 2003 quedó establecido que el procedimiento a seguir debía ser el de concurrencia competitiva, considerándose la entrega directa como algo excepcional.
La entonces Conselleria de Infraestructuras emitió durante noviembre y diciembre de 2011 informes de fiscalización desfavorables a propuestas de pago promovidas desde la dirección general de Vivienda relativas a subvenciones a la rehabilitación, adquisición y compra, alquiler, promoción para arrendamiento y a la ejecución de actuaciones en áreas de rehabilitación integral y urbanización.
Estos informes desfavorables estaban motivados en el incumplimiento de preceptos legales que no se aplicaron en la concesión y tramitación de las ayudas, fundamentalmente la existencia de procedimientos de pública concurrencia y la "indispensable" consignación del crédito necesario para otorgarlas de forma previa.
Según la Generalitat, el incumplimiento de estos preceptos impidió la fiscalización de las propuestas de pago, lo que interrumpió la normal contabilización de los importes otorgados y no fiscalizados desde noviembre de 2011 hasta la segunda mitad de 2014.
Posteriormente se reconocieron todas las solicitudes legalmente otorgadas mediante una disposición adicional de la Ley de Puertos de 2014 y la de acompañamiento a los presupuestos de 2016, lo que permitió iniciar la regularización de los expedientes que "durante años habían estado paralizados a la espera de percibir las ayudas".
