La Intervención admitió que no tenía capacidad técnica para valorar los contratos de la F1

VALÈNCIA. La causa de la Fórmula 1 que investiga posibles irregularidades en la construcción del trazado del circuito urbano está al borde del archivo pese a que la magistrada emitió un durísimo auto de procesamiento y la Generalitat, según se desprende de su recurso, quiere continuar con el procedimiento y con una imputada más.

La causa dio un giro de 180 grados por la posición del fiscal Anticorrupción, pues a la petición de sobreseimiento de las defensas del expresidente de la Generalitat Francisco Camps; el exvicepresidente Vicente Rambla o del exconseller Mario Flores, se sumó la petición de archivo del Ministerio Público, quien para emitir su valoración se basó en la supuesta prescripción de los delitos de malversación y prevaricación, por cuatro meses, y en un informe de la Intervención de la Generalitat que decía que decía que no hubo perjuicio económico para el erario.

Castellón Plaza ha tenido acceso a dicho informe, en el que la propia Intervención de la Generalitat, pese a asegurar carecer de la capacidad técnica necesaria para valorar los contratos de las adjudicaciones, no duda en emitir unas conclusiones en las que aseguran que no hubo perjuicio económico para la Generalitat.

El informe revisa los expedientes de contratación tramitados por la Entidad de Derecho Público Ente Gestor de la red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y, por orden de la magistrada instructora, debía analizar si había "perjuicios económicos a la Generalitat como consecuencia de la adjudicación de los contratos relativos a 21 expedientes", todos ellos relacionados con la contratación para la construcción del circuito.

En un informe de 14 páginas, la Intervención aseguran que el trabajo se ha realizado pese a, como luego criticó el fiscal Anticorrupción, "no tener facturas y justificantes de pago, no constar las ofertas técnicas de los licitadores, lo que no permite contrastar las ofertas".

Además, afirma que en la Intervención "no se dispone de criterio técnico suficiente para valorar que los importes de los presupuestos de la licitación y contratos se ajustan al mercado; no se dispone de criterio técnico para cuestionar las valoraciones técnicas y no se dispone de criterio técnico para valorar las circunstancias técnicas determinantes de la necesidad de tramitar las modificaciones".

Es decir, la Intervención asegura en su propio informe que no tiene capacidad técnica para entrar al fondo de los contratos en materias tan fundamentales como los modificados, es decir, los sobrecostes, que en ocasiones han servido para el pago de mordidas, como se investiga en diferentes causas de corrupción. Tras ese reconocimiento, llega a la conclusión en las que dice que no aprecia "perjuicio económico directo" para la Generalitat.

Concretamente, en dichas conclusiones la Intervención de la Generalitat, como adelantó El Mundo, asevera que "los expedientes fiscalizados observan los trámites esenciales del procedimiento y no se constatan fehacientes hechos que permitan apreciar la existencia de perjuicio económico directo para la Generalitat derivado de la adjudicación de los expedientes".

Y sobre el coste del circuito, casi 89 millones de euros, dicen desde la Intervención que las obras estaban dentro de un convenio entre el Ayuntamiento de València y el GTP para el desarrollo de determinadas conexiones viarias de la ciudad y que, ese mismo convenio obligaba al ayuntamiento a pagar cerca de 46 millones de euros. Una deuda reconocida por el consistorio pero cuyo pago se supedita a la actuación urbanizadora en la zona del Grao.