Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Surpremo. Foto: EFE/BALLESTEROSVALÈNCIA. La Justicia española vivió este 6 de noviembre un histórico día negro con dos decisiones que hunden su prestigio en el ámbito nacional y el internacional. Por la mañana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sentenciaba que la Audiencia Nacional vulneró, en una sentencia ratificada por el Tribunal Supremo, los derechos fundamentales del exportavoz de Batasuna Arnaldo Otegi en el juicio del caso Bateragune -por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna-, por el que fue condenado por un delito de pertenencia a la banda terrorista ETA y sigue cumpliendo una condena en firme a 10 años de inhabilitación.
Por la tarde, el descrédito no venía de fuera, sino de dentro, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo reunida en Pleno. Y no tanto por la decisión tomada como por las formas. Después de dos días de deliberación, los 28 magistrados decidían por 15 votos contra 13 rectificar la nueva doctrina del Supremo sobe el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) vinculado a la firma de una hipoteca, fijada el pasado 16 de octubre y que establecía que son los bancos y no los clientes los obligados al pago del impuesto.
En los tres recursos resueltos este martes, el Supremo establece que debe ser el cliente que firma la hipoteca el que pague el impuesto, como ocurría hasta hace tres semanas. El contenido de la sentencia se conocerá dentro de unos días, aunque los argumentos de ambas tesis jurídicas eran conocidos. Para la ahora mayoritaria del Alto Tribunal es el cliente de la hipoteca, el prestatario, el beneficiado de inscribir la hipoteca en el Registro de la Propiedad y, por tanto, debe pagar impuesto. En tres sentencias anteriores, el Supremo se desdecía de su doctrina anterior y optaba porque fueran las entidades financieras las que se hicieran cargo del impuesto, al considerar que el sujeto pasivo era el prestamista.
La sentencia que se conocerá en los próximos días tendrá que especificar qué pasa con el artículo del reglamento del impuesto de AJD que establecía que el sujeto pasivo era el cliente, ya que dicho artículo fue anulado por las tres primeras sentencias del Supremo y, según los expertos, no puede ser repuesto por el poder judicial ya que aquellas sentencias son firmes. Corresponde hacerlo al poder legislativo, pero mientras tanto la obligación de que pague el cliente ya no esta impuesta por la legislación sino por la jurisprudencia del Alto Tribunal.
El voto del presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo Luis Díez-Picazo, fue determinante para la decisión final, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, ya que durante su intervención ante los otros 27 magistrados se había mostrado favorable a la 'tercera vía' planteada por la magistrada Pilar Teso, quien proponía que el impuesto recayese sobre la banca pero sin carácter retroactivo. Sin embargo, llegado el momento de votar, Díez-Picazo cambió de postura tras observar que se estaba produciendo un empate entre quienes apostaban por cargar el impuesto a los bancos y quienes defendían que lo hiciese el ciudadano. Él, el último por turno en votar, se decantó del lado de la banca.
El fallo libra a las Comunidades Autónomas de devolver hasta 5.000 millones de euros correspondientes a los impuestos por AJD de hipotecas pagados en los últimos cuatro años por los clientes. De esta cantidad, revelada por el Ministerio de Hacienda, 340 corresponderán a la Comunitat Valenciana, según fuentes de la Conselleria de Hacienda.
Esta es la cantidad que habrían tenido que pagar las administraciones autonómicas si el Supremo se hubiera mantenido en su nueva doctrina y hubiese contemplado la retroactividad de cuatro años, ya que en ese caso la devolución a los contribuyentes estaba clara pero el cobro a los bancos que no pagaron no lo estaba tanto, ya que en todo momento cumplieron la ley. Algunas asociaciones de consumidores sostenían, no obstante, que la retroactividad tenía que ser ilimitada.
Las reacciones no se hicieron esperar y fueron casi unánimemente críticas con la actuación del Tribunal Supremo, desde las más suaves -"No se puede someter a esta incertidumbre a millones de familias y ofrecer este espectáculo" (Albert Rivera), a otras más contundentes como la de Xavier García Albiol (PP) -"un grave error de consecuencias sociales imprevisibles"- o Pablo Iglesias: "Gana la banca y pierden los ciudadanos. La independencia del Tribunal Supremo está en entredicho; la democracia debilitada".
También organizaciones sindicales y asociaciones como UGT, la OCU o Facua salieron a criticar el cambio de criterio del Alto Tribunal y, en algunos casos, anunciaron recursos. Un portavoz de Facua mostró su confianza en que, al igual que ocurrió con las cláusulas suelo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea TJUE) hará justicia.
Entre tanta crítica, el jefe de estudios de Idealista, Fernando Encinar, señaló que el fallo judicial "aporta luz al proceso" y llamó a "recuperar la seguridad jurídica". "El cliente sabe lo que paga en todo momento y este importe no se camufla en comisiones o subida de diferenciales dependiendo de la comunidad en la que se realice la operación", añadió.
El Gobierno de Pedro Sánchez anunció que va a analizar y estudiar el impacto de la decisión del Supremo y emplazó al Consejo de Ministros del próximo jueves para fijar una posición. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, afirmó que "hay que respetar las decisiones judiciales".
El fallo judicial del Supremo llegó después del cierre de las bolsas españolas, por lo que la reacción de los mercados se verá este miércoles. El lunes, tras la primera jornada de deliberaciones del Pleno, el principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, subió un 0,20% animado por el sector financiero, pero el martes la sesión transcurrió en sentido contrario, y el selectivo se dejó un 0,24 % lastrado por la banca, a pesar de que a primera hora de la tarde los rumores ya apuntaban a una sentencia favorable a las entidades financieras.
