Foto: EUROPA PRESS/A.Ortega.POOLCASTELLÓ (EP). El proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal cumple seis meses desde su remisión al Congreso, el pasado mes de octubre, sin avanzar en su tramitación y sin tan siquiera acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno.
Todo ello pese a que el Ministerio de Hacienda contaba con el refuerzo de la normativa fiscal para engrosar la recaudación en el vigente ejercicio: más de 700 millones de euros, según el Plan Presupuestario remitido a la Comisión Europea a finales de 2020.
Concretamente, 218 millones de euros más por la limitación de los pagos en efectivo y otros 500 millones de euros por la incorporación de prácticas internacionales en la prevención y lucha contra el fraude, incluidas en la trasposición de la directiva europea.
Sin embargo, a pesar de iniciar su tramitación en octubre y concluir en diciembre el plazo para elaborar y registrar enmiendas, la iniciativa continúa en barbecho, sin tan siquiera haberse constituido su ponencia para iniciar la discusión de las casi 250 propuestas de los grupos.
Y es que, hasta el momento, ni siquiera las formaciones que integran el Gobierno tienen sellado un acuerdo definitivo sobre la norma. Sobre el papel, Unidas Podemos no cuenta con enmiendas registradas, únicamente el PSOE.
Sin embargo, fuentes del grupo confederal confirman a Europa Press que muchas de estas enmiendas, como la que regula las inspecciones 'sorpresa' por parte de Hacienda, sí que fueron pactadas, pero rechazaron finalmente firmarlas ante la negativa del PSOE a valorar otras de sus propuestas a la ley.
Entre ellas, la creación de un cuerpo superior de técnicos de Hacienda, con el fin de dar más competencias a los técnicos y agilizar la tramitación de expedientes en la Agencia Tributaria, pero también un compromiso para elevar los ratios en las oficinas de la AEAT y en sus equipos de inspección y la llamada 'enmienda andorrana'.
Y es que en plena polémica por la 'fuga' de fortunas a este país de escasa tributación, centrada específicamente en los 'youtubers', Unidas Podemos planteó volver a incluir a Andorra como paraíso fiscal con el fin de que los primeros cinco años de un traslado no implicara dejar de tributar el IRPF en España.
En el grupo que capitanea en el Congreso Pablo Echenique reconocen reuniones con el PSOE para avanzar hacia un acuerdo y confían en poder tener este mismo mes un borrador pactado para dar salida a la ley.
Desde el PSOE, en todo caso, rechazan a Europa Press que esta falta de acuerdo pudiera haber retrasado la tramitación, y aseguran que han tenido reuniones con el resto de los grupos para buscar la mayoría suficiente en el Congreso.
Es más, fuentes socialistas aseguran que la próxima semana será posible aproximar un calendario para la fase final de tramitación, al estar las conversaciones muy encarriladas para llevar la iniciativa primero a ponencia y después directamente a Comisión, para su aprobación y remisión al Senado.
Sin embargo, los contactos son desiguales entre la oposición. Así, desde ERC, socio presupuestario del Gobierno, informan a Europa Press que no han tenido contactos con el PSOE. Así estaba hasta hace unos días en el PNV, donde reconocen que esta semana se han reactivado los contactos con los socialistas.
En el caso del PDeCAT y Ciudadanos, aseguran a Europa Press comunicaciones periódicas para negociar la ley, principalmente dirigidos a dos cuestiones: la responsabilidad del personal que trabaja en las aduanas y a los cambios en los pactos sucesorios.
Singularmente, la formación naranja también buscan introducir matices en los cambios que plantea la ley para el modelo 720, sobre declaración sobre bienes y derechos en el extranjero, al considerar que pueden llegar a "criminalizar cualquier olvido".
Sin embargo, en la oposición no detectan mucho margen de negociación por parte de Hacienda. Donde sí han encontrado más receptividad a pactar cambios con el Gobierno es en la responsabilidad del personal de las aduanas.
Y es que varios grupos, como los citados Cs y el PDeCAT, han alertado al Gobierno de que los cambios planteados en el proyecto de ley pueden suponer una pérdida de competitividad de los puertos españoles y las empresas elijan otros puntos europeos de entrada y salida de sus mercancías.
