VALÈNCIA. Las comisiones rogatorias enviadas por el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia a un total de cinco países –Andorra, Luxemburgo, Panamá, Suiza y Uruguay– en el marco del caso Erial ha permitido conocer en mayor detalle el funcionamiento en el extranjero de la supuesta trama que lideraba el exministro Eduardo Zaplana. La causa, que se lleva a cabo en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, indaga en las presuntas mordidas desde la Generalitat, cuantificadas en 10,5 millones de euros y realizadas, supuestamente, a través de la adjudicación de los contratos públicos del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). Cantidades que, posteriormente, salieron fuera de España con el objetivo de acabar retornándolas.
La última fase de la investigación ha permitido establecer la conexión de los fondos de Andorra, Luxemburgo y las citadas comisiones ilícitas. En total, se trataría de unos 20 millones de euros pertenecientes a la, según la propia juez les denomina, "organización criminal" formada por estrechos colaboradores del que también fuera expresidente de la Generalitat.
Las indagaciones realizadas en otros países dibujan igualmente la estructura de un entramado en el que una pieza clave fue uno de los considerados testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló, que ya era investigado por blanqueo en el Principado. Así figura, por ejemplo, en un informe remitido por la Policía de Andorra en el que explica que la relación con la Banca Privada de Andorra (BPA) se inició con la apertura de una cuenta bancaria numerada 'SR. 420092' en la que también constaban como titulares su mujer y su hija y en la que se llegaron a ingresar 6,4 millones de euros.
La operativa de abonos consistió, indican los agentes, en unas 50 operaciones entre febrero de 2004 y febrero de 2007 conceptuadas como "entregas en efectivo" por un total de casi 6 millones de euros. De ellas, la Policía tiene conocimiento de que 43 por 5,4 millones en realidad responden al llamado "sistema de compensación" con 30 cuentas numéricas y 11 sociedades a la vez.
La BPA, sostiene el informe, facilitó a Barceló este método, consistente en el intercambio de dinero con otros clientes que necesitaban reintegrar cantidades. Es decir, unos actuaban como una especie de "cajeros automáticos" para otros que necesitaban el dinero en efectivo sin necesidad de subir de España o bajar el metálico de Andorra. La entidad ponía en contacto a los clientes entre ellos y posibilitaba las operaciones para evitar la circulación del efectivo y ahorrarse el peligro de un control de fronteras. Este "sistema de compensación" quedaba disfrazado en los extractos de cuentas de los intervinientes como reintegros en efectivo. En el caso de Barceló, se trataba de ingresos, varios de los cuales se aprecian incluso el mismo día o ni siquiera eran firmados por él en ese momento sino con posterioridad.
La Policía también localizó entre mayo y diciembre de 2006 el abono de 13 transferencias por casi 508.000 euros. Seis de ellas provenían de otras entidades del Principado y se desconocen los ordenantes. Otras 7 por un global de casi 218.000 euros procedían de entidades bancarias suizas.
Una parte de esos fondos, de acuerdo con los agentes, se invirtieron en productos financieros y a partir del 2007 se traspasaron un total de 5,6 millones de euros a dos sociedades pantalla de Barceló: las panameñas Puncak Services y Plaza Fountains.
La BPA, indica el informe, a través de una filial en este país, facilitó una estructura de sociedad offshore con la constitución de estas dos mercantiles y de una más, Adua, con la apertura de cuentas para todas ellas. Así, recibieron los citados fondos de Andorra y posteriormente fueron vaciadas mediante operaciones de reintegros en efectivo a otras sociedades, algunas de ellas de Luxemburgo.
Precisamente en ese país estaba radicada la empresa matriz de la supuesta red liderada por Zaplana, Imison Internacional, que recibió 4,8 millones de euros durante 2009 de Puncak Services y de Merceron Investments, también de Panamá. Entre los meses de septiembre y noviembre de ese mismo año, se produjeron una serie de operaciones de salida de la totalidad de los activos financieros de la mercantil por la suma de 7,87 millones transferidas desde Andorra y España —Sedesa—). Estas cantidades pasaron a otra sociedad, Natland, perteneciente a la estructura societaria del abogado uruguayo –y testaferro de Zaplana– Fernando Belhot. Ya a mediados del año 2013, Natland transfirió casi 8 millones a una cuenta bancaria en Suiza perteneciente a la sociedad uruguaya Disfey.
Dibujado el recorrido del dinero en el extranjero, uno de los puntos importantes de la investigación es el origen de las cantidades que acabaron en Andorra. La única conclusión a la que por ahora llega la Guardia Civil es que fueron de procedencia opaca, "tanto por la forma en la que se introdujeron en el circuito financiero, como por el hecho de que no se han localizado negocios lícitos que justifiquen los abonos". En su opinión, no existe una justificación fundada acerca de los activos que se manejaron y los ingresos que permiten la realización de esas operaciones.
Una sospecha, sin embargo, ha sobrevolado desde hace tiempo la instrucción: que parte de ese dinero provenía de comisiones de Terra Mítica, el parque temático situado en Benidorm que promovió Zaplana. Uno de los indicios es que en 2004, fecha en la que Barceló abrió la cuenta numerada en Andorra, era consejero de la sociedad Terra Mítica, cargo que ocupó de 2003 a 2007. Desde el momento de su nombramiento ejerció también las funciones de Director de Relaciones Instituciones, y previamente había sido director general de Turismo. Sin embargo, todavía no ha podido concretarse nada.