VALÈNCIA. (EP) La Seguridad Social registró un déficit de 3.209,2 millones de euros en los once primeros meses del año, el equivalente el 0,29% del PIB, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Esta cifra es la diferencia entre unos ingresos por valor de 151.047,1 millones de euros, que suben un 12,5% interanual, y unos gastos por importe de 154.259,3 millones, cifra un 10,2% superior a la del mismo periodo del año pasado.
Del volumen total de ingresos, el 89,8% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y el 10,2% restante, a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. En cuanto a los gastos, el 88,34% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 11,66%, por las mutuas.
En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 148.294,6 millones de euros hasta noviembre, lo que representa un incremento del 12,3% interanual, debido en gran medida a las transferencias del Estado. Por su parte, los pagos arrojan un aumento del 10,1%, hasta un total de 154.039,7 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones bajaron casi un 3,7% en los once primeros meses del año, hasta los 109.471,2 millones de euros, tras descender la recaudación por cotizaciones de los ocupados un 6,1% (con 6.528 millones de euros menos), frente al aumento del 36,6% de las cotizaciones de los desempleados.
Según el Ministerio, el descenso en la cotización de ocupados tiene su origen en las distintas medidas que se han puesto en marcha para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor y para aquellos autónomos perceptores de la prestación extraordinaria.
Ambas medidas, que incluyen exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, han supuesto para la Seguridad Social una pérdida de ingresos de 3.948,7 millones de euros hasta octubre.
A ello hay que sumar la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia y las devoluciones de las cuotas de trabajadores autónomos beneficiarios de la prestación por la situación provocada por la pandemia, que a 30 de noviembre se cifran en 538,67 millones de euros de cuotas reintegradas.
Por su parte, las transferencias corrientes totalizaron hasta noviembre 40.568,16 millones, lo que representa un incremento del 112,27% respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y Organismos Autónomos, que suma un total de 33.441,62 millones, lo que supone un aumento interanual del 115,8%.
Esto se debe, fundamentalmente, a las transferencias que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto en las cuentas del Covid (20.002,6 millones), cuyos derechos reconocidos a 30 de noviembre alcanzan un importe 18.002,6 millones de euros.
Por el lado de los gastos, las prestaciones económicas a familias e instituciones alcanzaron los 142.054,9 millones de euros, un 8,3% más que en el mismo periodo de 2019. Esta cifra representa un 92,1% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 131.690,5 millones, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 8,7% (10.543,1 millones).
En un análisis más detallado, el gasto en pensiones contributivas de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares aumentó casi un 3%, hasta los 113.152,7 millones de euros, como consecuencia del mayor número de pensionistas (+0,04%), de la elevación de la pensión media (+2,21%) y de la revalorización de las pensiones contributivas en el ejercicio 2020 (+0,9%).
En cuanto a las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, el gasto se elevó hasta los 2.754,7 millones, un 14,5% más, debido al aumento del permiso por paternidad de 8 a 12 semanas.
Por su lado, el gasto total en incapacidad temporal (IT) se incrementó un 26,38%, hasta los 10.623,7 millones, debido a que el gasto en IT por contingencias profesionales registró un avance de casi el 12,9%, hasta los 1.089,75 millones de euros, a causa de los procesos derivados de la Covid-19, que sumaron 873,7 millones de euros. El gasto en contingencias comunes fue de 8.659,5 millones de euros, un 17% más. En cuanto a la prestación extraordinaria para autónomos, su importe alcanza los 4.649,9 millones de euros hasta noviembre.
Por su parte, las pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las pensiones contributivas, alcanzaron los 10.364,4 millones de euros, un 3,5% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. De dicho importe, se destinan a pensiones no contributivas y complementos a mínimos 8.257,7 millones, y a subsidios y otras prestaciones, 2.106,7 millones, de los que 2.038,4 millones corresponden a prestaciones familiares e Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Los gastos de gestión, por su parte, retrocedieron entre enero y noviembre un 0,13% interanual, con un aumento de los gastos de personal del 4,55% y descensos del 7,9% en los gastos corrientes de bienes y servicios, mientras que los dedicados a inversiones crecieron un 10,5%.
El aumento de los gastos de personal está motivado principalmente por un cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre del ejercicio. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020 que es cuando se produce el reconocimiento y liquidación de estas cuotas.