VALÈNCIA. El magistrado instructor del caso Taula ha levantado el secreto de sumario que había sobre una pieza vinculada con el club de fútbol Olímpic de Xàtiva, del que el expresidente de la Diputación de València y principal investigado en esta causa, Alfonso Rus, fue presidente. Un informe policial, en el que se han basado juez y fiscal, señala que Rus utilizó a contratistas públicos del Ayuntamiento de Xàtiva, donde era alcalde, así como de la diputación que presidía para obtener fondos ilícitos tanto para él como para el equipo, llegan a recaudar 755.000 euros de varios contratistas. Una cifra que podría ser muy superior puesto que hay más empresas bajo la lupa de los investigadores.
Dichos fondos habrían tenido un doble uso. Por un lado, una parte se habría utilizado presuntamente para financiar al club de fútbol pero, otra parte importante de dichas mordidas habría acabado en los bolsillos de Rus. El fiscal Anticorrupción ha pedido la imputación de varios empresarios, funcionarios del Ayuntamiento de Xátiva y de otro diputado del partido de Alfonso Rus. El magistrado, tras leer el informe del fiscal, y otro mucho más amplio de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha decidido imputar a todas las personas que menciona el representante del Ministerio Público.
En su informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el fiscal Anticorrupción explica que la investigación de esta pieza separada del caso Taula se centra en "la utilización de recursos públicos y de contratación pública para la financiación en interés personal del club Olímpic de Xàtiva, señalando el incremento de aportación por parte de empresas públicas de implantación tanto nacional como autonómica con importantes contratos públicos en los que ha participado directa o indirectamente el investigado Alfonso Rus".
Dice el representante del Ministerio Público que en el informe policial los agentes de la UCO destacan como indicios relevantes la corroboración de las declaraciones efectuadas por el exgerente de Imelsa Marcos Benavent.
Es decir, la "utilización de dinero en efectivo, por un importe cercano a los 100.000 euros por el club que no proviene de sus recursos propios; la desaparición intencionada de la documentación contable del club en el periodo que ha ostentado la presidencia Alfonso Rus y la disparidad de ingresos publicitarios durante su presidencia, así como la ausencia de soporte publicitario que justifique el abono por parte de las empresas la entrega de dinero al club y el ingreso en efectivo de 30.000 euros efectuado en octubre de 2011, de origen desconocido y que sirve para el abono de sueldos del club".
Por tanto, ese dinero provendría de mordidas procedentes de empresas con contratos con la administración pública tanto en la propia diputación como en el Ayuntamiento de Xàtiva que, a cambio de dichos contratos, presuntamente financiaron el club de los amores del expresidente de la Diputación de València.
Entre las principales novedades que aporta el informe del fiscal, se encuentra el hecho de que, por primera vez, se menciona a la empresa que puso el césped artificial en muchos municipios, propiedad de Eduardo Granell, empresa que constaba en la denuncia inicial pero que hasta ahora no se había investigado.
Dicha empresa, Soluciones de Césped Artificial y de Multiservicios Catalá, está vinculada a través de los pagos a otro expolítico del PPCV, el exdiputado provincial y exalcalde de Massamagrell Miguel Bailach, que se quedó fuera de la Diputación en las últimas elecciones. Según la UCO, se "abonó facturas sin aparente contraprestación al Olímpic por valor de 36.600 euros desde Soluciones de Césped", abono que fue autorizado por Bailach como diputado provincial.
La otra operativa, descrita y señalada en el informe policial, consiste en las distintas aportaciones de dinero efectuadas al club de fútbol, y que tendrían su justificación en la contratación pública efectuada con las empresas y el Ayuntamiento de Xàtiva presidido por Alfonso Rus.
De tal forma, que a juicio de los agentes de la UCO, se pagarían a través del club, y bajo la simulación de publicidad o patrocinio, cantidades "que nada tiene que ver con dicho concepto y sí con el interés de ser adjudicatarios de contratación pública en su beneficio", con el perjuicio que eso supone para el resto de empresas y licitadores, evitando y limitando la libre concurrencia en perjuicio de los intereses públicos.
En el informe policial se señala, entre otras, y como sociedades que habrían entrado al trapo de las mordidas a Cleop, "habiendo participado Carlos Turró, investigado en otras piezas, Emilio Llopis y Juan José Úbeda Merino", investigados también en este procedimiento. Cleop pagó 120.000 euros en total a través de varias empresas interpuestas.
También están en la diana de los investigadores las empresas Juanfran Obras Públicas; Llanera, cuyas aportaciones al club aparecen indiciariamente unidas a la adjudicación de obra pública del Ayuntamiento de Xàtiva; Asfaltos Guerola, que realiza pagos de más de 400.000 euros en seis años y cuyos administradores también habrían pagado las mordidas al club a través de contratos con el consistorio; Acciona Infraestructuras, que realizó un solo pago al club de fútbol por importe de 69.600 euros en mayo de 2007, siendo entonces una empresa adjudicataria de contratación pública con el ayuntamiento; Ingeniería y Diseños Técnicos (Inditec), que realizaron un supuesto pago ficticio por publicidad; Balbina Casa Prosper; Nadie Es Perfecto Producciones Cinematográficas, y Trazos Comunicación.
En su informe, dice el fiscal que junto con dichas sociedades existen en la causa indicios bastantes "de participación en los hechos delictivos expuestos de funcionarios del Ayuntamiento de Xàtiva, que habrían participado o colaborado en las distintas adjudicaciones omitiendo los deberes de sus funciones y realizando actuaciones concretas no motivadas por el interés público sino particular, bien de ellos, bien de Alfonso Rus o de las empresas adjudicatarias".
Entre los funcionarios que señala el fiscal, y que ahora han sido imputados por el magistrado instructor, se encuentran Eduardo Balaguer, vicesecretario del consistorio; Juan Boluda, director del área de Fomento; Eloy Pedrón, el técnico que llevó los expedientes investigados; Antonio Vela, funcionario que al igual de Pedrón está vinculado con los expedientes, y José Vera, funcionario y jefe de servicio de Limpieza y Recogida de Residuos Urbanos.
La sentencia avala los registros en el despacho del exabogado de Benavent que originaron el caso Taula y que también afectan a Erial