La UCO implica a Fernando Castelló en el 'caso Erial' por el cobro de una mordida de 150.000 euros

VALÈNCIA. (EP) La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aporta nuevos datos al caso Erial: una presunta comisión de algo más de 150.000 euros que recibió Fernando Castelló, que fue conseller de Industria en el Gobierno de Eduardo Zaplana, a cambio de adjudicaciones; "enchufes" en la Administración valenciana y en consejos de administración de empresas privadas; y el papel que jugó en el entramado societario el peluquero del 'expresident', que está investigado en la causa.

La Guardia Civil considera que el ex conseller de Industria y Comercio de la Generalitat valenciana, Fernando Castelló, tuvo un "papel activo" en 2002 en una supuesta trama liderada por el ex president Eduardo Zaplana para obtener beneficios económicos de la concesión del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana (PECV) a empresarios afines.

Así se desprende de la documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, que obra en una de las piezas del caso Erial, instruido por el Juzgado de Instrucción número 8 de València, y sobre la que recientemente se ha levantado el secreto de las actuaciones. En este procedimiento --centrado en presuntas irregularidades con las ITV y el Plan Eólico-- está investigado, entre otros, el expresidente de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana.

El Caso Erial, en el que está imputado Eduardo Zaplana junto a otros, se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana, lo que podría constituir delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

 Esta nueva pieza ha estado declarada secreta alrededor de un mes y se ha saldado con un detenido, un empresario, y nuevos investigados, entre ellos, el exconseller Castelló, su mujer y su hija; así como el peluquero de Zaplana.

Los nuevos informes de la UCO que se han incorporado a la causa tienen como base las comisiones que habrían recibido Zaplana y quien fuera director del gabinete de Presidencia de la Generalitat, Juan Francisco García, a cambio de diferentes adjudicaciones públicas. El dinero se habría desviado a diferentes sociedades, algunas de ellas ubicadas en el extranjero.

Y aparece un nuevo nombre entre los papeles: Fernando Castelló, a quien la UCO considera que se le ingresó dinero --151.380 euros-- desde una mercantil adjudicataria indirecta del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV) --cinco de las 15 zonas--. "Existen indicios de su intermediación con alguna de las mercantiles adjudicatarias del plan y con el aparente objetivo de beneficiar los intereses personales o partidistas de Zaplana o García", apunta.

 La UCO puntualiza, además, que la sociedad a la que se ingresó ese dinero, los 150.000 euros, presenta una discordancia entre su objeto social, su aparente capacidad de realizar trabajos y los ingresos declarados. Desde esa mercantil se abonaron los gastos de los estudios de la hija de Castelló, entre otros.

En síntesis, la Guardia Civil pide a la juez que autorice registros y otras iniciativas dirigidas contra Castelló porque le adjudica protagonismo en una operación y que la Guardia Civil sospecha que pueda ser una tapadera de la trama relacionada con el PECV.

Y también porque han examinado empresas vinculadas al ex alto cargo en las que se han producido pagos por 300.000 euros, pero que muestran una “aparente inactividad al margen de estos pagos, ausencia de trabajadores y una aparente ausencia de gastos de funcionamiento”.

Así, en una comunicación de mayo de 2002 y dirigida por Juan Francisco García a “Eduardo”, se señala, a propósito de la empresa Transvia, que “hay que dar un 'empujón' a Fernando Castelló para que se firme el acuerdo de compraventa entre Transvia e Hidrocantábrico, para dejar cerrada toda la operación”.

“En la licitación del PECV, atendiendo al contenido del informe pericial emitido por la Agencia Valencia Antifraude, habría tenido un papel relevante Fernando Vicente Castelló, el cual habría suscrito la Orden por la que se realiza la convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del PECV", dice el informe de la Guardia Civil.

Añade que "fue presidente de la Comisión de Selección de Proyectos y aprobó el informe sobre propuesta de selección de proyectos", así como "el anexo de condiciones (obligatorias) de selección a cumplir por las empresas pre-adjudicatarias”.

“Tras abandonar su cargo como Conseller de Industria y Comercio de la Generalitat Valenciana, Fernando Vicente Castelló ocupó otros cargos públicos, algunos ligados a Eduardo Zaplana, hasta que en enero del año 2008 abandonó el acta de diputado que ostentaba en el Congreso de los Diputados”, continúa.

Poco tiempo antes de abandonar el acta constituyó la mercantil Inversiones y Servicios Gesfyan, de la cual es accionista y consejero junto a otros miembros de su familia, una mercantil en la que solo se han identificado dos fuentes de ingresos relevantes, que ascienden a 300.000 euros, añade la Guardia Civil.

La Guardia Civil dirigió un escrito a la juez en el que señalaba "el supuesto pago de comisiones con motivo de la adjudicación del PECV y de las que podrían haber sido beneficiarios Eduardo Zaplana y Juan Francisco García Gómez" (...)" además de la existencia de documentos que apuntan a la evidencia de un papel central en relación al PECV por parte de Fernando Vicente Castelló.

Y también señaló que podría haber "elementos que permitirían reconstruir los hechos investigados desde su origen (...) en poder de, en este caso, Fernando Vicente Castelló". Sobre esa base, pidió una entrada y registro en el domicilio de Castelló, entre otras diligencias. 

El peluquero de Zaplana

Otra línea de investigación de la UCO se ha centrado en quien fuera peluquero de Zaplana y con diferentes cargos en varias sociedades. Se le atribuyen supuestos delitos de blanqueo y de organización criminal.

Se considera que podría haber colaborado con los "propósitos delictivos" de Zaplana --según el fiscal-- y que también participó en el entramado societario creado junto con Joaquín Barceló --exdirectivo de Terra Mítica y ex alto cargo con Zaplana-- y Francisco Grau --exsecretario del Consejo de Administración de la CAM--.

La UCO considera que podría haber titulado en nombre de una mercantil, relacionada con Zaplana, una serie de participaciones societarias de otras entidades que resultaron con adjudicaciones públicas valencianas. Y que el 'expresident' se habría valido de la empresa con la que estaba vinculado el peluquero con el objeto de posibilitar la disposición de fondos y bienes en su beneficio y como medio para ocultar la identidad del verdadero titular de los mismos.

Los indicios que expone la Guardia Civil se fundamentan tanto en las agendas personales de Zaplana, como en las medidas de intervención telefónica acordadas, y de forma intensa con diferente documentación.

Los agentes apuntan a una relación "personal" entre Zaplana y su peluquero, tal y como se desprende de sus agendas personales, en las que se observan "múltiples" anotaciones como "Pedro (peluquero)" o "Pelarme". Por lo que se le añade como investigado en este procedimiento.