VALÈNCIA (EFE). Países e instituciones de la Unión Europea (UE) quieren evitar que la retirada de las medidas de apoyo adoptadas por la pandemia de la covid-19 desemboque en una oleada de quiebras empresariales que arrastre al sector bancario, cuyo papel será clave para financiar la recuperación económica.
De ahí que aboguen por no retirar de forma prematura las ayudas y seguir apoyando a los sectores más afectados por la crisis, según reiteraron este sábado los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en Lisboa, la primera presencial en seis meses.
"Mantener un amplio apoyo a la liquidez demasiado tiempo acarrearía riesgos presupuestarios, pero debemos evitar una retirada repentina, prematura o descoordinada de las medidas de apoyo temporal", dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en la rueda de prensa posterior.
Las medidas de apoyo nacionales y europeas, como las moratorias, las líneas de avales o la política de bajos tipos de interés han permitido evitar una avalancha de quiebras y que se disparan los préstamos fallidos -aquellos que acumulan 90 días de mora o son irrecuperables- en los balances, que llegaron a caer al 2,6 % en 2020.
"Haremos todo lo posible para mantener las cosas así, pero será un área que tendremos que vigilar", dijo Dombrovskis.
Para finales de 2021, aproximadamente un tercio de las empresas europeas podrían ser incapaces de cubrir sus pérdidas tras haber agotado sus colchones de liquidez, según un análisis de la Comisión.
Esta potencial oleada de insolvencias es "el principal riesgo para la estabilidad financiera", añadió el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, quien pidió una retirada "prudente" y "gradual" de los estímulos para evitar tanto los efectos de su desaparición abrupta como una "zombificación" del sector corporativo europeo.
Y es que, conforme la recuperación gane fuerza en Europa, el reto será mantener el apoyo a las empresas que serían viables de no ser por la crisis y dejar caer ordenadamente a aquellas que hubieran quebrado de todas formas, de modo que no se mantengan artificialmente con vida a costa del dinero público.
Los Veintisiete son más optimistas sobre la recuperación de la economía europea, cuyo PIB crecerá este año un 4,2 %, pero también conscientes de que la pandemia deja un impacto desigual entre países, sectores y colectivos, un punto que tocaron en su debate.
Los países del sur; el turismo, los viajes, los servicios de contacto, la cultura, el arte y entretenimiento; así como los jóvenes y las mujeres han sido golpeados con más crudeza por la pandemia, según el documento discutido por los Estados.
"Tenemos que concentrarnos en crear espacio para la inversión publica y privada y hacer reformas", dijo el ministro de Finanzas portugués, Joao Leao, quien puso énfasis en capitalizar a las empresas viables y en impulsar la formación de los jóvenes.
Por otra parte, los ministros debatieron sobre el papel de los impuestos para alcanzar las ambiciones climáticas de la UE, que ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 % hasta 2030 con respecto a los niveles de 1990 y alcanzar para 2050 la neutralidad climática, es decir, no emitir más de lo que absorbe.
Para lograrlo, la Comisión Europea propondrá en julio una batería de medidas -bautizada como Fit for 55- que van desde la actualización de varias directivas, como las de energías renovables, eficiencia energética o emisiones de vehículos, hasta nuevas iniciativas, incluidas varias tributarias.
En este capítulo, Bruselas planteará ampliar su sistema de comercio de derechos de emisión (ETS, en inglés) para cubrir también el transporte marítimo y la aviación; introducir un mecanismo de ajuste de carbono en frontera, que grave las importaciones de países con legislaciones ambientales más laxas para que los productores europeos no compitan en desventaja; así como revisar la directiva europea sobre tributación de la energía, que tiene 25 años.
Dombrovskis subrayó que el futuro mecanismo de ajuste de carbono en frontera (CBAM) se introducirá de forma gradual y cumplirá las normas de la Organización Mundial del Comercio.
La propuesta estará enfocada a sectores de altas emisiones, "como el acero, cemento, electricidad o quizás fertilizantes", a los que se irá aplicando este ajuste en frontera de forma gradual y, en paralelo, se les irán retirando los permisos para emitir dióxido de carbono sin coste, explicó.
Así se evitará dar una "doble protección a la industria europea" que no permite la OMC.
El ministro portugués admitió que será "complejo" aplicar este mecanismo.
