VALÈNCIA (EFE). El abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) Andrés Herzog, que ejerce la acusación popular en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, ha dicho este miércoles que el rescate de la entidad ha costado 1.000 euros a cada uno de los aproximadamente 22 millones de trabajadores que componen la población activa en España.
El letrado ha iniciado su intervención denunciando cierto "hostigamiento", en relación con la pretensión de las defensas que han pedido que las acusaciones se hagan cargo de las costas del juicio, frente a lo que ha defendido que recaigan en los acusados.
Posteriormente ha recordado los términos del rescate de Bankia, que recibió cerca de 23.000 millones de euros de fondos públicos entre la ayuda directa y el préstamo del Frob, un rescate que los gestores de la entidad han atribuido al contexto económico de los años 2011 y 2012.
El problema, ha indicado Herzog, es que no se sostiene que esa crisis financiera sin precedentes afectara sólo a BFA-Bankia, única entidad que tuvo que reformular sus cuentas pasando de 300 millones de euros de beneficio a cerca de 3.000 millones de pérdidas.
La clave reside en las cuentas del ejercicio 2011, las que se usaron para la salida a Bolsa, formuladas en marzo de 2012 y más tarde reformuladas, que "eran falsas", como demostraron durante el juicio los peritos judiciales.
Al ser las cuentas falsas, el folleto de la salida a Bolsa, que tuvo lugar en julio de 2011, era "inveraz, porque así eran las cuentas que figuraban en el mismo", ha señalado Herzog, a lo que se añaden las cuentas proforma presentadas a la CNMV "con datos erróneos, que en vez de ayudar a los inversores sirvieron a lo contrario".
Como prueba de ello ha citado unas provisiones de algo más de 6.000 millones de euros "que los peritos han verificado", concluyendo que "no había tales provisiones", sino algo más de 100 millones.
Sobre los dos expertos designados por el Banco de España para asistir al juez instructor, Herzog ha defendido su independencia, pese a que en muchas ocasiones los abogados defensores se hayan referido a ellos como peritos de la Fiscalía.
Ambos, ha dicho Herzog, dejaron claro que las cuentas de 2011 y las del primer trimestre de 2012 eran "falsas", y es que "la contabilidad no es una ciencia, pero tampoco es un chicle que se pueda estirar".
Hay normas que no puede "soslayar ni vulnerar nadie, ni el Banco de España ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)", ha añadido.
Sobre el papel de los supervisores, y en contra de la línea seguida durante la fase de instrucción, durante la cual la CIC fue muy crítica con la labor desarrollada por ambos organismos y varios de sus máximos responsables, a los que consiguió que se citara como investigados, Herzog ha minimizado su responsabilidad.
Las defensas, ha aclarado, dicen que todo estaba avalado por los supervisores, algo que no se sostiene, ya que como ha quedado claro durante el juicio "la CNMV no analiza ni se responsabiliza ni da fe de las cuentas, por lo que no se le puede reprochar nada en ese sentido".
Por lo que respecta al Banco de España, en ningún caso se le puede atribuir que haya avalado lo que se hizo en Bankia, si bien "es cierto que autorizo algunas decisiones, como el cargo a reservas, o no oponerse a la salida a Bolsa", que son discutibles.
En su opinión, el organismo, donde sí hubo "maniobras extrañas" para justificar su falta de celo previa, por ejemplo en relación con las provisiones, "demuestra una cierta laguna en el sistema de supervisión.
El abogado de Rodrigo Rato Ignacio Ayala ha achacado el 'caso Bankia' a un "accidente fortuito", asegurando que la tesis central de su defensa es que "todo se hizo razonablemente bien y con la mejor intención".
En su exposición de conclusiones definitivas, el letrado que representa al expresidente de Bankia en el juicio que investiga irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad en julio de 2011, ha criticado que las acusaciones tengan una "irresistible tendencia a buscar un culpable y decir que no existe el caso fortuito".
"Hubo una sucesión de hechos imprevisibles para todos aquellos que estaban inmersos en la situación. Este tipo de accidente se ha negado por las acusaciones", ha reprochado Ayala ante la sección cuarta de la sala de lo Penal.
El letrado ha indicado que siempre se tiende a buscar a un responsable al que culpar. En su opinión, "no existen hechos constitutivos de delito y hay ausencia de culpabilidad". La defensa de Rato ha asegurado que tienen testigos del dolo. "Se ha producido un error fundamental de atribuciones", ha añadido.
También ha reprochado que la Fiscalía Anticorrupción concluyera de antemano dando pistas sobre su ampliación de la acusación, vulnerando el principio de racionalidad en la valoración de la prueba. "Ya había anunciado que se iba a ampliar sin que se produjera la práctica de la prueba oral", ha indicado.
Ayala considera que el Ministerio Fiscal ha pretendido que el relato sobreviva a la prueba judicial, procurando que la realidad coincida con lo que se quiere que sea.
Además, cree que los hechos que se han analizado durante el procedimiento se han "descontextualizado de su entorno, tanto desde un punto de vista jurídico, como histórico y regulatorio, como si fueran episodios absolutamente autónomos".
"Se ha negado la crisis, la más grave en tiempos de paz en España (...). No se puede prescindir del contexto en el que se produjeran los hechos", ha remarcado. "Negar la evidencia conduce a lo absurdo", ha apostillado.
Según la defensa de Rato, para el que el Ministerio Público solicita ocho años y medio de prisión por estafa a inversores y falsedad contable, la "rentabilidad" que tiene negar la crisis es la de construir una causalidad adecuada para culpar a los responsables y rechazar que el contexto incidiera en el ámbito de los deterioros o las provisiones de Bankia.