Arcadi España, Ximo Puig y el alcalde ilicitano Carlos González debaten sobre la AVPT / PEPE OLIVARESELCHE. La Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT) que se ubicará en Elche, como anunció el presidente Ximo Puig el pasado mes de febrero, contará con un director gerente, un Consejo de Dirección, e incluirá en su organigrama a representantes de las tres diputaciones provinciales, como revela el proyecto de Decreto del Consell, por el que se aprueban los estatutos de la AVPT a los que el Consell Jurídic Consultiu ha dado el visto bueno en enero de este año.
A este respecto, como explicó el propio Puig y el conseller Arcadi España por el ámbito de Política Territorial que tocará esta agencia, el desarrollo de la misma está prácticamente finiquitado. El último paso importante es que se acuerde con el Ejecutivo ilicitano dónde se ubicará la sede. Sobre el proyecto, se lleva trabajando al menos desde 2019, en el que hasta 75 municipios de toda la comunidad manifestaron su interés por adherirse, y a principios de 2020 empezó a revisarse todo el expediente en materia de alegaciones e informes de terceros. De hecho, hasta el pasado mes de enero, como explicaba Valencia Plaza, se iba a instalar en València. Sin embargo, de acuerdo a una voluntad de descentralizar la administración, finalmente se optó por Elche, que además es uno de los municipios con mayor volumen de viviendas ilegales en suelo no urbanizable. También empresas.
La Agencia se gestionará por un sistema mixto que combina elementos de los sistemas consorcial y de descentralización funcional. Aunque la Agencia se configura como un ente del sector público instrumental de la Generalitat, un organismo autónomo cuyo director gerente será nombrado por el Consell. Eso sí, su máximo órgano colegiado de gobierno, el Consejo de Dirección, estará integrado tanto por representantes de la administración autonómica como de la local.
El Consejo, que se encargará de la planificación, dirección y control de la actividad de la Agencia, estará formado por la presidencia, la vicepresidencia y las vocalías: serán cuatro en representación de los ayuntamientos adheridos a la Agencia, cuatro en representación de la Generalitat y un representante por cada una de las tres diputaciones provinciales. Además, este órgano también contará con una secretaría. A todos estos representantes se les exigirá cualificación profesional: que los vocales tengan titulación universitaria y experiencia en la gestión urbanística, y en cuanto a la gerencia, que sea una persona de reconocido prestigio y experiencia en el sector.
En cuanto al formato para la adhesión a la AVPT, los municipios podrán delegar sus competencias propias en materia de disciplina urbanística sobre suelo no urbanizable mediante la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento mediante mayoría absoluta. De esta forma, como ya era conocido, la Agencia podrá asumir todas las competencias relativas a la protección de la legalidad urbanística de forma que será la única responsable de ejercerlas en aquellos municipios que se hayan adherido.
OrganigramaHasta ahora, las disfunciones en la restauración de la legalidad se vienen produciendo no tanto por un régimen jurídico inadecuado que requiera su modificación sino más bien, de una falta de aplicación de este. En el caso de los pequeños ayuntamientos, la gran mayoría carecen de los medios personales y materiales adecuados para ejercerla y sus representantes están muy cerca de los infractores. Algo que se pretende evitar también que con este organismo autónomo. Además, sus estatutos especifican que una vez ejecute una determinada actuación —tendrá capacidad sancionadora, podrá anular licencias o denunciar ante el Seprona o la Fiscalía—, los Consistorios ya no podrán actuar sobre el caso en concreto.
Es por esto que el CJC estima oportuno que es importante, además de especificar con qué titulación y experiencia ha de contar la gerencia, que “las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante”, para delimitar claramente las competencias.
En cuanto al presupuesto de la implantación de la misma, según la memoria de 2019, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) será de 33 personas, incluyendo al gerente, subdirector de la agencia y otros altos cargos como los del departamento de Disciplina, Sección Sancionadora o de Restauración. Asimismo, contará con 15 técnicos, inclusive dos inspectores por provincia y el equipo de administración. Se invertirá 1,4 millones de euros en la plantilla. En total, se ha estimado que el coste de la puesta en marcha de la Agencia será de 3,2 millones de euros. Por último, en el estudio de impacto presupuestario se estima que su puesta en funcionamiento suponga un impacto de 2,6 millones de euros que en el acumulado, en 2024 será de 4,7 millones.
