La banca siempre gana...

Con riesgo a que en algún momento de mi vida me acusen de plagiarme a mí misma, adelanto aquí unos apuntes de mi tesis doctoral sobre el rescate del sistema bancario español. Lo digo así, de una tirada, porque estaba a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre si el impuesto sobre la hipoteca de los actos jurídicos documentados lo paga el banco o el ciudadano. Pero la espada de Damocles sigue pendiente al cierre de esta edición, mientras esperamos a que el Supremo decida otro día quién paga, cómo y cuándo, y si las Comunidades Autónomas deben devolver a los clientes el impuesto cobrado en los últimos cuatro años y reclamarlos a los bancos.

Como la solución está próxima y ya hay expertos en el tema que lo explicarán mejor que yo, maestros tiene la Iglesia. Así que paso exponer la rabia que debe suponer al consumidor el que los bancos hayan puesto el grito en el cielo por este cambio de criterio del Tribunal Supremo que carga sobre las entidades bancarias el pago de unos 2.250 euros por hipoteca, que es la cantidad estándar de una hipoteca media de 200.000 euros. La Bolsa se desplomó el pasado 22 de octubre cuando se supo de esta decisión, que ahora sigue en estudio. La Sala del Tribunal Supremo que lo había aprobado decidió al día siguiente llevarlo al pleno para su confirmación, debido a la «enorme repercusión social y económica». Es decir, debido a la presión del sistema financiero.

Y hasta aquí puedo contar. Porque lo que viene a continuación es la rabia contenida de los ciudadanos que hace ahora un año supieron por boca del Gobernador del Banco de España y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no íbamos a ver ni un euro del recate bancario. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Pero éste no era el rescate que no nos iba a costar ni un euro? La vicepresidenta, entonces, Soraya Saenz de Santamaría dixit. Ni un euro.

Bien, pues la cosa fue así. De vuelta a mi tesis, fue un fatídico mes de abril de 2009 cuando España fue uno de los países señalados como incumplidores del déficit por el Consejo Europeo. ¿Quién nos ha robado el mes de abril?, se preguntarán. El déficit de las administraciones públicas estaba sólo cuatro décimas por encima del límite. Y la deuda pública se encontraba muy por debajo del valor de referencia del 60%, exactamente en el 39,5% del PIB en 2008. Pero alguien tenia información privilegiada y las previsiones para el 2009 auguraban que el déficit global de las administraciones públicas aumentaría hasta el 6,2% del PIB ese año.

La deuda de la banca española era deuda de los bancos extranjeros, entre ellos, franceses y alemanes. Había que hacer algo, como por ejemplo, hacer dimitir al presidente Rodríguez Zapatero que no se plegó a la segunda reforma laboral y al resto de recortes en pro de las medidas de austeridad. Desde un primer momento, la Unión Europea tenía claro que el problema de la crisis española era su sector financiero y, ya con Rajoy en el Gobierno, formuló una recomendación en 2012 para corregir el déficit que devino en la aprobación de un fondo de 100.000 millones de euros para España, tras conocerse que el Gobierno español del Partido Popular está dispuesto a solicitarlo. Y el mecanismo para recibir estos fondos se estableció a través del FROB, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

Y aquí está la trampa, nunca reconocida. El Estado avalaría con sus presupuestos este dinero que iba dirigido al rescate del sistema financiero español. Lo dijo Merkel y lo vuelvo a repetir: “Es el Estado, en este caso el español, quien responde por la ayuda de la banca”. Es decir, el dinero público de nuestros impuestos se destinaría a pagar las deudas privadas del “desaforo” bancario. “Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”, dijo alguien. Pues no. Alguien había vivido por encima de “nuestras” posibilidades.

Y, lo mejor de todo. No lo van a devolver. “No tendrá coste alguno para los ciudadanos”, decía el ministro Luis de Guindos. Pese a que al Gobierno de Rajoy se le lleno la boca diciendo que el rescate bancario no iba a costar dinero a los españoles, en 2017, el Banco de España reconocía la cruda realidad en un documento el Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España, 2008-2014. Al menos 60.000 millones “no se van a recuperar”. Y lo ratificaba en julio de 2017 el Gobernador del Banco de España, Luis M. Linde, cuando compareció ante la Comisión de Investigación de la crisis financiera aprobada por el Congreso de los Diputados en el Parlamento español.

Viene esto a colación de los 2.250 cochinos euros del impuesto registral de las hipotecas. Porque, en algún momento, a alguien se le podría ocurrir hacer cuentas e, incluso, pasar al cobro. Lo dijo el expresidente Felipe González en una entrevista al periodista Juanjo Millás, que le entrevistaba en 2010 para el diario El País: “Estamos incubando la siguiente crisis financiera y la diferencia con ésta será que los ciudadanos ya no tolerarán que haya centenares de miles de millones de dólares para rescatar a los banqueros de sus propios errores”. A ver si no perdemos la memoria ni la dignidad y, definitivamente, no dejamos pasar ni euro. Ni un euro.