Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Los resultados de los exámenes de las Ofertas de Empleo Público de la Generalitat de 2017, 2018 y 2019 van de mal en peor. Especialmente en las convocatorias del plan de estabilidad para el personal interino de la Generalitat que busca en última instancia reducir la temporalidad en la Administración, como ya informó este diario.
La media de aprobados en estos procesos selectivos continúa sin superar el 15% de las personas presentadas, según ha venido estudiando CSIF a partir del estudio de, al menos, 32 convocatorias: de un total de 5.464 personas que se presentaron a estos procesos selectivos, solo 834 lograron pasar la primera fase. Y el índice no deja de bajar: según los últimos datos conocidos, en el cuerpo superior técnico de laboratorio, de grupo A1, el porcentaje que supera las pruebas tan solo ha llegado a un 9,3 %.
Las cifras son preocupantes para la Administración, puesto que con esto no se podrá incorporar savia nueva a la plantilla y tampoco la Generalitat podrá mantener personal con experiencia en puestos de difícil cobertura. Pero no solo eso, la nueva Ley de Función Pública aprobada el pasado mes de abril y que entró en vigor en mayo establece que para poder entrar a formar parte de la bolsa es necesario aprobar el primer examen. De esta manera, aquellos cuya prueba conste tan solo de un examen -C1-, quedan fuera de la Administración directamente y los que tengan dos pruebas -grupo A1 y A2- que no hayan superado la primera, no habrán podido entrar en bolsa.
Con esto, el bajo índice de aprobados suponen un problema mayor para la Administración, dado que las bolsas se vacían. Una cuestión sobre la que ya se quejaron los sindicatos, especialmente CSIF, durante la tramitación de la nueva ley, puesto que la cláusula podía derivar en que las bolsas se vaciasen con mayor celeridad sin que la Generalitat tenga un 'plan b' para cubrir puestos de trabajo que quedan vacantes.
En este sentido, el sindicato registró el pasado miércoles un escrito en la Conselleria de Función Pública que dirige Gabriela Bravo para solicitar que se elimine esta cláusula de la nueva ley -así como también cualquier referencia al conocimiento del valenciano- aprovechando que la Mesa General debía reunirse para hacer efectiva la subida salarial del 0,9% de los funcionarios que se aprobó este viernes en el pleno del Consell.
Una petición que también realizó UGT horas antes. En la mesa técnica preparatoria de la Mesa General de Función Pública de ese mismo día, la Unión General de Trabajadores propuso dejar sin efecto el artículo 18.6 de la nueva norma -el que exige la aprobación de un ejercicio para estar en bolsa derivada de OPE, y obligar a superar una prueba de conocimiento en caso de bolsas libres- mientras se ejecuten los procesos selectivos, incluyendo las bolsas que deriven de las OPE de 2017 a 2020. Al no hallarse en el orden del día, la petición no llegó a tratarse.
Con carácter general, la Generalitat no cuenta con una hoja de ruta a seguir cuando algunas bolsas de categorías profesionales se vacíen. Sin embargo, sí tendrá una vía alternativa para poder acometer contrataciones exprés a través de Labora de cualquier persona que esté inscrita en el paro. ¿En qué casos podría recurrir a este atajo? Siempre que las contrataciones se realicen para ejecutar fondos europeos.
El nuevo decreto 6/2021, en su apartado de medidas a adoptar en materia de recursos humanos, permite que para la gestión de los fondos y programas relacionados con la ejecución de las inversiones, proyectos y actuaciones incluidas en el Plan de recuperación la Generalitat pueda "crear puestos de trabajo de carácter temporal vinculados a los programas que se aprueben por la Presidencia o por las consellerias u organismos correspondientes, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliables hasta doce meses más".
Añade en este punto que la selección del "personal funcionario interino tendrá que realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de regulación de bolsas de empleo temporal de la Administración de la Generalitat".
Sin embargo, también contempla que en los "supuestos en que no exista bolsa de empleo temporal o, habiendo bolsa, no haya personal disponible para la provisión de puestos con personal funcionario interino, se podrá acudir, de manera excepcional y por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, a los listados de demandantes de empleo inscritos en Labora en las categorías profesionales correspondientes a los puestos que se tienen que ocupar".
Es decir, que si se vaciaran las bolsas, la Generalitat podría recurrir a los inscritos en Labora para contratar personal siempre que este fuese para ejecutar los fondos que vienen de Europa. Unos fichajes que, según fuentes sindicales, serían nombramientos de interinos cuyo trabajo en la Administración duraría lo mismo que el programa en cuestión y, más tarde, se amortizarían dichas plazas.
El hecho de que la Generalitat recurra a nombrar interinos a través de Labora si las bolsas están vacías es un proceso novedoso, al menos, desde 2004, según exponen desde CSIF. "El único momento en el que se optó por esta vía fue en la pandemia porque se llegó a un acuerdo de forma excepcional con los sindicatos para que la Administración pudiera acudir a Labora para contratar personal de titulaciones especificas tipo médicos y enfermeros en caso de que las bolsas quedasen vacías", exponen fuentes del sindicato.
Cabe recordar que los sindicatos han cuestionado en reiteradas ocasiones que el decreto de fondos europeos y la nueva ley de Función Pública se contradicen en este punto, puesto que uno "complica" la constitución de las bolsas temporales de empleo público y otro permite a la Generalitat a recurrir a Labora para no quedarse sin empleados, con independencia del conocimiento que tengan del funcionamiento de la Administración. Mientras que los interinos, aunque no superasen el proceso selectivo para mantenerse en las bolsas, al menos sí contarían con ese bagaje previo que "cualquier persona ajena a la Administración".
