CASTELLÓ. La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló, María Jesús Garrido, aplaude la creación del nuevo sindicato de Inquilinos de Castelló, un colectivo que nace con el objetivo de defender los derechos de los inquilinos ante “los abusos” en el mercado del alquiler de los fondos de inversión.
La concejala de Vivienda y el regidor de Transición Ecológica, Fernando Navarro, asistirán a la presentación del Sindicato de Inquilinos, que tendrá lugar este sábado, a las 11 horas, en el Espai Cultural del Menador. Informa que el Sindicato de Inquilinos está formado por cerca de una cuarentena de personas, la mayoría residentes en el Raval Universitari, donde antiguas viviendas de protección pública (VPO) han sido adquiridas por fondos buitre tras perder su calificación. Lamenta que los citados fondos han provocado un aumento de un 50 % en los alquileres.
La regidora destaca la movilización de la sociedad civil ante la presión de los fondos buitre y resalta que el Gobierno central, entre otras medidas, prevé poner en marcha una regularización de los precios máximos del alquiler en zonas tensionadas, como puede ser el Raval Universitari. Garrido ya asistió hace dos semanas a la protesta vecinal que tuvo lugar en el exterior de un bloque de viviendas del Raval en el que había una orden de desahucio que finalmente fue suspendida. También espera que el Consell reglamente la Ley de Función Social de Vivienda en cuanto a las medidas de inspección y sanción que contempla en las viviendas vacías de grandes tenedores.
Subraya que la Concejalía de Vivienda sigue intensificando las gestiones para aumentar el parque de vivienda social. Por un lado, tramita el plan de compra de vivienda pública para alquiler social, una actuación dotada en 1,8 millones. Y en segundo lugar, impulsa unas nuevas bases de la bolsa del alquiler social municipal. En este último caso, el departamento de Garrido incluirá el pago de un incentivo a los propietarios de 1.500 euros para animarles a ceder pisos para alquiler social. Este abono se realizara a año vencido. Los participantes también contarían con hasta 3.500 euros en el caso de impagos y desperfectos y una subvención del IBI del 90 %.
