El Plan de Recuperación para la Unión Europea ha lanzado sobre la mesa el perentorio objetivo de la digitalización. Nuestro mundo analógico, construido sobre el papel, la observación personal, el conocimiento tácito y la mecánica de acero y martillo, está llamado en buena parte a desvanecerse, sustituido por sensores y artilugios que crean bits, los transmiten, conservan, analizan y transforman en inteligencia. Durante los próximos años, de aprobarse las previsiones europeas, la Comunitat Valenciana y España orientarán el cambio de su modelo económico hacia la conquista de un mundo virtual que se transmuta con cada salto que experimenta la capacidad y velocidad de las redes digitales.
¿Podemos estar seguros de que la transformación digital de nuestro presente se deslizará en la Comunitat Valenciana sobre una alfombra reivindicativa, tan presente e impaciente como la que espera adornar los futuros apeaderos del Corredor Mediterráneo? Supongamos que así sea y que se comparta la esperanza de que, a largo plazo, como aseveran algunos de nuestros mejores augures, la digitalización aporte amplias y positivas compensaciones.
Adoptada la anterior presunción, ¿qué consideramos largo plazo en el siglo XXI? ¿Cuál es el horizonte que se esconde tras esa manida expresión que, por su ambigüedad, tan cómoda nos resulta a los economistas? En el pasado, los carreteros cedieron el paso a los camioneros, los maestros de obra se retiraron ante los arquitectos y los herreros se desvanecieron en su mayor parte; pero ello se produjo durante un periodo de tiempo prolongado, durante el cual las antiguas profesiones coexistían con las nuevas, amortiguando la velocidad de sustitución. Así, todavía en los años 60, quien contemplaba el tráfico de exportación de naranjas que se dirigía al puerto de Gandia, observaba cómo se alternaban los camiones con los carros arrastrados por mulas o percherones.
En efecto, el ritmo de los cambios es muy variable. Aun descontando el factor renta, basta observar el tiempo que llevamos empleando los teléfonos móviles y el que se precisó para la generalización de la telefonía fija. Supongamos ahora que la futura digitalización conduce a cambios iguales o más veloces que los apreciados en la telefonía. ¿Dispondremos de los medios precisos para “resetear” la formación de los empleos afectados?
Convendremos que, para que el mercado de trabajo siga el ritmo de la renovación tecnológica, se precisará de un nuevo marco formativo que todavía no se encuentra diseñado; un sistema caracterizado por su flexibilidad en contenidos y su rápida maleabilidad temporal. ¿Será compatible con un sistema educativo cuyos profesores estén asignados de por vida a una disciplina concreta? ¿Lo será con trabajadores que puede que precisen meses de formación especializada y de calidad para saltar a otra vía laboral? ¿Quién y de qué modo capacitará a los formadores arrastrados por la obsolescencia?
Como se desprende de los ejemplos anteriores, los cambios no se improvisan: precisan de previsión y organización anticipativa; pero también necesitan de impulsos emprendedores y creativos. Si asumimos que la digitalización debe ser absorbida con rapidez por una de sus destinatarias principales, -la empresa-, las cuestiones inmediatas también son obvias: ¿de cuántas firmas disponemos en la Comunitat, cuyo objeto sea la digitalización empresarial? ¿Cuál es su especialización concreta? ¿Cuáles son las necesidades digitales de las empresas valencianas y cuál deberá ser el ritmo de su implantación? Nada de abstracciones y generalidades: preguntas y respuestas muy concretas sobre la demanda y la oferta reconocibles.
Ese conocimiento micro del punto en el que nos encontramos resulta imprescindible porque los estudios existentes nos alertan de que la Comunitat Valenciana se encuentra por debajo de la media en inversiones en intangibles y en puestos de trabajo relacionados con la digitalización y otras tecnologías avanzadas, en particular si se busca un elevado grado de especificidad. La consecuencia directa de ese estado de cosas apunta, -aunque existan proyectos bienintencionados, como el Distrito Digital de Alicante-, a que la digitalización de la economía valenciana se constituya en un apetitoso y fácil mercado para las empresas de otros puntos de España y Europa, como de hecho ya sucede.
De nuevo, como ya hemos visto, la velocidad importa y mucho: un Plan Europeo a seis años vista y cuyos recursos a fondo perdido el gobierno español desea concentrar en los tres primeros, acota el margen temporal inicialmente existente para que la Comunitat Valenciana dé el primer salto digital en su modelo económico; en particular si, como parece irrenunciable, se pretende aprovechar la dimensión y profundidad del nuevo mercado digital para el fortalecimiento de una oferta empresarial propia.
Una vez más, como sucedía con el mercado laboral, resulta imprescindible un proceso previo de conocimiento, estrategia, organización e implementación. De conocer lo que existe, prever los cambios que comparte cada tipología de empresa y aquellos que reclaman una singularidad propia. De hilar en torno a esta visión los recursos empresariales e institucionales valencianos y fijarse una misión a tres y seis años vista.
Junto al mercado de trabajo y el tejido empresarial, el tercer actor de la digitalización es el sector público. Un sector que, de entrada, desempeña un rol múltiple: en la dimensión formativa e investigadora, en el establecimiento de vínculos entre empresas y otras entidades, en su propia digitalización y en la canalización de las ayudas europeas.
Las funciones señaladas asumen un rasgo común: se encuentran en gran medida lejos de los ritmos, marcos jurídicos y disponibilidad de recursos personales ahora existentes en la Generalitat y en otras administraciones. Por ello gana enorme importancia la ley, anunciada por el gobierno central, con el que éste aspira a derrumbar las barreras que ahora convierten en disfuncionales muchos de los procesos administrativos existentes. Si la cogobernanza aspira a ser real y útil, el contenido de esta norma no debería escapar de las aportaciones valencianas, como tampoco debería ausentarse de la atención española la letra pequeña de los reglamentos u otros instrumentos jurídicos comunitarios que regulen el acceso, uso y justificación de los fondos europeos; porque, una vez estos fijen las reglas de juego, la experiencia nos enseña que su modificación se resume en impotencia, frustración y melancolía. También aquí las reacciones preventivas precisan de machacadores.
