La exconcejal del Ayuntamiento de València María Oliver. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La exconcejal de Podem en el Ayuntamiento de València y ahora asesora de Asuntos Generales de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda, María Oliver, continúa trabajando bajo la batuta de Rubén Martínez Dalmau pese a que su dimisión fue anunciada hace más de una semana.
La renuncia fue presentada por Oliver el pasado día 11 de noviembre y aceptada por el vicepresidente segundo del Consell, según comunicación oficial del citado departamento. Un adiós que se producía apenas 48 horas después de que se hiciera público que el juzgado de Instrucción número 10 había iniciado el procedimiento abreviado contra la exconcejal en relación a la tramitación del proyecto para el mapa escolar de la ciudad de València.
Ahora bien, lo que no se matizó en esta información transmitida por parte de la conselleria es que la marcha de Oliver no iba a ser inmediata, pese a que se había dejado entrever la rápida salida de la asesora tras salir a la luz el auto de procesamiento. Es más, fuentes próximas al departamento señalaron a Valencia Plaza que la exconcejal seguía acudiendo con normalidad al trabajo e incluso asistiendo a reuniones con el propio Martínez Dalmau.
Fuentes de la conselleria, preguntadas por esta circunstancia, admitieron que todavía no se había tramitado la salida de Oliver, pese a que en la primera comunicación del citado departamento aparentaba ser una marcha ya consumada. En este sentido, explicaron que se había llegado a un acuerdo para anunciar la dimisión de la exconcejal, pero que se había consensuado que prolongara unas semanas su estancia en la conselleria para cerrar algunos proyectos pendientes y no dejar sin apoyo al departamento en mitad de estos asuntos de gestión.
Una situación, defendían las citadas fuentes, que es muy habitual también en la empresa privada, cuando un trabajador anuncia su adiós pero lo hace con cierta antelación para facilitar a la empresa la búsqueda del relevo o la resolución de alguna operación en curso. Ahora bien, el detalle de que la salida de Oliver tardaría en producirse "algunas semanas" tal y como señalan ahora fuentes de la conselleria, no fue transmitido ya fuera involuntario por no considerarse de importancia o voluntario para rebajar la presión mediática anunciando su dimisión inmediata, aunque esta tarde varias semanas en hacerse efectiva. Un tiempo en el que, además, podría resolverse el recurso presentado por la propia Oliver frente al auto de procesamiento, según señalaron fuentes de la conselleria.
En cuanto al caso por el que Oliver se encuentra procesada, entre las anomalías o irregularidades descritas como indiciarias en el auto, se cita que el convenio firmado por el Ayuntamiento con la Universitat de València, presupuestado en 106.351 euros, abarcaba aspectos que no eran habituales en el ámbito del mapa escolar.
Así, se utilizaron recursos distintos a los contemplados (becarios que realizaron una parte sustancial del trabajo de campo) y se subcontrató con una empresa cuando se tenía que haber realizado directamente por el personal de la universidad.
Se relata también que la memoria económica, que "adolecía de suficiente concreción", no se cumplió y, además, el personal universitario "no percibió los conceptos presupuestados, sino que las cuantías "se destinaron a otros gastos incurridos supuestamente en el marco de la actividad".
El juez hace referencia a compras realizadas por el profesor universitario que no eran subvencionables como una cámara Panasonic, un ordenador portátil, una cámara fotográfica/vídeo, una grabadora, una mesa de juntas y una tableta, u otros gastos no contemplados en el convenio como la asistencia a un congreso de sociología en Valdepeñas, una cena homenaje a la primera promoción de sociólogos de la Complutense de Madrid y consumiciones en establecimientos de hostelería.
