La ideología no debe prevalecer sobre el interés público; serà per diners?

En nuestro acervo valenciano, encontramos la expresión quizá poco afortunada: "serà per diners?", que, puesta en boca de fanfarrones y presuntuosos, buscan deslumbrar a un facilón auditorio, alardeando que, dado su poder económico, pueden hacer frente a todo tipo de caprichos, gastos, incluso desmanes. A veces, lastimosamente, es usada por pobres hombres de espíritu e ideas, y faltos de recursos que pretenden, sin conseguirlo, disimular sus carencias y miserias…lanzando en Tribuna Pública promesas e inversiones a las que no puede hacer frente. Ambos peculiares casos se prodigan en ciertos partidos políticos autodenominados "progresistas", de claro signo disgregador, y falsos ecologistas, subvencionados… que están embarrando nuestra convivencia, imponiendo su ideología negacionista y cuyo principal credo es la reversión de todo el método concesional y de Colaboración Público Privada (CPP). Frenar y boicotear a la iniciativa privada, motor generador de riqueza y actividad económica capaz de aumentar la población ocupada y la base de cotizantes y de crear de una sociedad y Comunitat autosuficiente.  Ello frente al progresismo que aspira a una idílica y alineada capa social subsidiada y menesterosa… y por tanto rehén del gobernante dadivoso que pretende una sociedad y entramado filocomunista, separatista y antidemocrático.

Un somero análisis macroeconómico de nuestra Comunitat, cuyos gobernantes usan la muletilla de serà per diners?, nos ofrece este desolador panorama. De menor a mayor deuda, la Comunitat Valenciana se encuentra en la 12ª posición de las CCAA (hemos cerrado el 2º trimestre del 2020 con 49.977 M€ de deuda, equivalentes al 46% de n/PIB CV , cuando la media de las CCAA españolas está en el  26%. Nuestra deuda/cápita autonómica está en 9.998 € / valenciano, ocupando la posición nº 16, la penúltima de las 17 CCAA. Nuestro desempleo alcanza el 17,3%, con 423.000 parados, frente una tasa de paro nacional del 15’33%. Y para no abrumar con más números, solo recordar que ante unos Presupuestos consolidados de la Generalitat Valenciana avanzados para el 2021 que alcanzan los 25.627’6 M€ –a todas luces incumplibles, inflando los ingresos previstos–, nos ratifican que, junto Presidencia, dos Vicepresidencias, once Consellerías, Corts Valencianes, Sindicatura de Comptes, Consell de Cultura, etc. etc. y transferencias a Empresas y Sociedades Públicas, existe una Consellería sin conseller ni funcionarios que es el Servicio de la Deuda, que con 6.878’9 M€ –solo superada por los 7.560’1 M€ de la Consellería de Sanidad–, ya supone el 26’84 % de nuestro presupuesto… Serà per diners?

Ante esta situación de quiebra o crack de la Comunidad Valenciana principalmente ocasionada a una más que mejorable y menos politizada gestión pública, somos la Sociedad Civil en general y las representaciones empresariales en particular, los que debemos jugar un papel fundamental, implicándonos de lleno en la Reconstrucción Social y Económica, vía Fondos Europeos… que solicitamos cogestionar y priorizar con la Administración Pública.

Incidiendo en el uso y gestión de los fondos públicos, permanece en la memoria colectiva el juicio emitido por la entonces Ministra de Cultura, del Gobierno de Rodríguez Zapatero y desde junio del año 2018 vicepresidenta primera y ministra de Presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, que a pesar de ser catedrática de Derecho Constitucional, no dudó en afirmar que "el dinero público no es de nadie". Ello corrobora que algunos políticos creen  que el cargo adquirido, les permite el disponer del erario público no pensando en el bien común de todos los contribuyentes, sino haciendo, más bien un uso preminente sesgado en favor de sus congéneres en adscripción política, olvidando que los dineros públicos son patrimonio exclusivo del pueblo soberano. El artículo 1.104 del Código Civil, nos dice que el gestor público/político debe usar y gestionar los recursos con la eficacia, eficiencia y diligencia de un buen padre de familia, asumiendo que sus decisiones deben satisfacer a todos los contribuyentes.

Esta situación que pretenden inocular confrontación y crispación política en nuestra sociedad está dificultando la mejora y la sana competitividad de nuestro modelo educativo (público, concertado y privado), están boicoteando el fortalecimiento y  la eficiencia de nuestro modelo sanitario (público todo él, pero en algunas áreas sanitarias gestionado por el sector privado) e impidiendo la eficacia y modernización de nuestra Administración, que, como exige la Unión Europea, es condición sine qua non para recibir los Fondos Estructurales.

Si hablamos de Sanidad, por ejemplo, no podemos consentir que si, según estudios de la OCDE en la Comunitat Valenciana necesitaríamos 5.481 camas adicionales con sus correspondientes UCI equivalentes a una inversión de 2.080 M€ y otros 965 M€ anuales adicionales para mantenerlas operativas, actuemos como si el dinero público no fuera "de nadie" y se pretenda revertir el Hospital y área Sanitaria de Torrevieja, hospital público con gestión privada ¡Este concepto de separar la propiedad y la gestión , debe quedar claro! Que vence en octubre de 2021 y ya se anuncia por Sanidad, forzada por Compromís, que no ejercerá la prórroga de cinco años, cuando además a falta de "auditoria" desconocemos cuánto dinero y cuán peor asistencia sanitaria van a recibir los usuarios. Será per diners? La propia Sindicatura de Comptes califica al Área Sanitaria del Hospital de Torrevieja de ejemplar, a la vez que informa de que el Hospital de Alzira y su Área de Salud, transcurridos unos tres años de su reversión, nos cuesta a los valencianos unos 76 M€ más al año de sobrecoste; la plantilla, tanto sanitaria como de asesores y coordinadores políticos, ha aumentado en 800 personas y las listas de espera se habían incrementado un 25%.

Si hablamos de carreteras y otras infraestructuras, no podemos consentir que tras más de 10 años de anteproyectos de trazado, estudios de variantes, alternativas consensuadas con ayuntamientos, exposiciones públicas y recogida de alegaciones, declaraciones múltiples de impactos ambientales positivos incrementando en más de 15 M€ el proyecto constructivo para hacer una vía verde más ecológica, con el menor impacto acústico y visual etc. etc., las "Mejoras funcionales y de Seguridad vial, y medidas de integración ambiental de la A-7 (bypass) entre el enlace de la CV-32 y la CV-35 (autovía de Lliria) de 11 Kms, cuya finalidad es con sus vías colectoras, separar el tráfico metropolitano o de corto recorrido, del de largo recorrido con una inversión del Mº de Transportes de 120 M€, accesibles a ser financiados con Fondos Europeos, reduciendo la Siniestralidad (727 accidentes en 3 años, 6 víctimas mortales y 390 heridos) las Retenciones de hasta 17 Kms de longitud máxima y 8 horas de retención, con una IMD de 97.200 vehículos/día… verdadero embudo y semáforo del Corredor Mediterráneo viario, sea nuevamente cuestionada por Compromís con el silencio cómplice de la Presidencia y Consellería de Política Territorial y se pretenda montar escraches antisistema.

Ante este ataque frontal al PROGRESO y a la iniciativa público-privada, por otra parte tan elogiada de palabra por el president Ximo Puig en Les Corts en el Debate de Política General del 21/09/2020 y no refrendada por los hechos (hay decenas de ejemplos: Variante de Pedralba, 12 años paralizada por sucesivos variados y nuevas 'ocurrencias' ambientales; Parque Comercial y de Ocio de la CV-35 de Intu Mediterráneo; ampliación o más bien finalización (relleno) de la Dársena Norte portuaria; retrasos de años en concesión de licencias de parques eólicos o vivienda... El ayuntamiento de Valencia acumula 5.700 permisos de obras de autorización (de ellos, 570 expedientes de obra nueva); hospitales de Campaña contra la covid junto a la Fe, inservible para su uso y finalidad; la deuda de la Generalitat al sector de discapacidad que llega a los 6 M€, etc. etc.

Mientras partidos como Compromís y demás ramificaciones nacionalistas que añoran uns països catalans y nuestra subsidiariedad y vasallaje,” –catalanistas con subvenciones en manos de la Agencia Valenciana antifraude–, los actores económicos empresariales y profesionales liberales valencianos debemos dar un paso al frente exigiendo la equiparación y el trato equitativo que la Comunidad Valenciana merece en los PGE 2021 (AGE), en trámite de debate de enmiendas en el Parlamento, y plantearle seriamente a nuestro presidente Ximo Puig que exija a sus socios del Botànic un comportamiento Constitucional y posibilista en nuestros planteamientos ante los Fondos Estructurales. Su ideología debe asumir que el dinero público de todos los Contribuyentes de la Comunitat es insuficiente para mantener a nuestra estructura autonómica, si no es impulsando de verdad… con acciones, hechos, actitudes y seguridad jurídica por un empresariado emprendedor, a la vez que ya hastiado y beligerante, ante semejantes seudosprogresismos y nacionalismos excluyentes que reman contracorriente… ¡Ejemplos mil!