Foto: EVA MÁÑEZAnte la finalización del estado de alarma, que a causa del coronavirus ha sacudido los cimientos de España y del resto del mundo y ha puesto a prueba nuestro sistema sanitario y de bienestar, vamos a encontrarnos en la Comunitat Valenciana con una caída del PIB próxima al 15%, un déficit superior al 12% y una tasa de paro de un 16% sobre población activa (440.500 parados) con unos 412.000 afectados por ERTES.
Las organizaciones empresariales tenemos clarísimo que recuperar el empleo y renta de los trabajadores asalariados -y con ello activar el consumo y las rentas disponibles-, aparte de ser deber social, es fundamental para hacer resurgir nuevamente el tejido productivo valenciano, su eficiencia, valor añadido y nuestra capacidad exportadora. No obstante, quede claro que no estamos en contra del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero exigimos que esta medida de emergencia sea coyuntural, limitada en el tiempo, y nunca se considere estructural, pudiendo devenir espuriamente no solo en un clientelismo gubernamental y partidista, sino fomentando indirectamente un alegal trabajo adicional y favoreciendo la economía sumergida.
Tal es la huella que dejará el virus, que la Comisión Europea aprobó el pasado 27 de mayo de un Plan europeo de Recuperación para reparar los daños económicos y sociales y reactivar la economía en la Unión Europea (UE): Next Generation EU, dotado con 750.000 millones de euros como plan de choque, y propone igualmente un Presupuesto de la UE renovado que ascendería a aproximadamente 1,1 billones de eruos para el periodo 2021-2027, con la ayuda del BCE (Banco Central Europeo), y que pretende preparar una Europa más sostenible, resiliente y justa para la próxima generación. En este contexto europeo, el objetivo primigenio de la Comisión de Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria –creada a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, y en Les Corts Valencianas a nivel autonómico– debe ser activar la inversión pública en Infraestructuras.
Los ingenieros, en general, somos malos comunicadores y no hemos sabido transmitir a la sociedad que las infraestructuras en el sentido amplio y generalista, son el sostén, andamiaje y soporte indispensable que –con sus obras, servicios, instalaciones y medios técnicos– proporcionan bienestar a la sociedad, hacen más eficiente y tecnológicamente más fuerte a la industria, al transporte y a la economía productiva y generan empleo con unos salarios justos, reforzando la incorporación al mundo laboral de los jóvenes. Las infraestructuras no solo son carreteras, cemento o ladrillo, que lo son, ¡Son algo más! Son infraestructuras educativas, sanitarias y asistenciales (salud y bienestar), son infraestructuras hidráulicas, saneamiento, depuración para reducir las aguas residuales sin tratar, reutilización, riego, abastecimientos realizando una gestión integrada de los recursos hídricos escasos; son infraestructuras para alcanzar una energía asequible, renovable y no contaminante en nuestros hogares, industrias y transporte; son la renovación de nuestro parque inmobiliario aplicando el Plan Nacional de Energía y Clima –PNIEC–, reduciendo los gases efecto invernadero (GEI); son inversiones en transporte público –metro y Cercanías–, aumentando la cuota en el transporte ferroviario de mercancías, evitando la congestión viaria metropolitana y aumentando la seguridad, la conservación y resiliencia de nuestras obras públicas e instalando una gran malla de puntos de recarga de vehículos eléctricos; o, finalmente, son infraestructuras para conservar nuestros ecosistemas terrestres, remediar las consecuencias de las catástrofes naturales, de las inundaciones DANAS y paliar el estrés hídrico severo y riesgo de desertización de nuestra comunidad (Infraestructuras fluviales y costeras).
Alguien pudiera pensar, por ejemplo, que qué lejanas quedan las infraestructuras del Sistema público Sanitario –con sus heroicidades personales y sus carencias de medios– que tan de cerca hemos vivido. ¡Pero veamos, cuán lejos de la realidad!:
-Infraestructuras sanitarias (hospitales, centros de atención primaria, centros de investigación médica, etc.), en que tras esta triste pandemia ha quedado de manifiesto nuestras carencias. En asistencia hospitalaria el número de camas/1000 habitantes en la C. Valenciana es de 2,69 (ratio) frente a una media española de 3,29 camas/1000 hab., ó 4,16 camas/1000 hab. en Cataluña; 3,37 en Madrid y País Vasco; 4,02 camas /1000 hab en Aragón o 3,63 en Murcia.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público, según datos de la OCDE y considerando que una cama requiere una inversión de 300.000 euros/cama en infraestructura, y 80.000 euros/cama en equipamiento. En España con un déficit de 56.303 camas necesitamos 21.400 millones de euros. Estos mismos ratios aplicados la Comunidad Valenciana necesitamos un incremento adicional de 5.481 camas hospitalarias (56.303 en España) que a razón de 300.000 euros/cama en Infraestructuras y 80.000 euros/cama en equipamiento, supone una inversión de unos 2.080 millones de euros.
-En infraestructuras hidráulicas, ante un país como España y una Comunitat Valenciana, en donde el 70% de nuestra superficie sufre un estrés hídrico, tras periodos de pertinaces sequías le siguen, cada vez con más frecuencia, devastadoras tormentas o DANAS que arrasan cultivos y propiedades. Debemos mentalizarnos que el agua, como bien escaso, hay que bien usarla y reutilizarla (encauzamientos, azudes, presas de regulación y tanques de tormentas, redes separativas de fecales y pluviales en los núcleos urbanos y polígonos industriales. Estaciones depuradoras con incorporación de sistemas de depuración, terciaria y rayos ultravioletas, que impuesta por la Directiva Marco del Agua de la UE-2000, obliga para municipios de más de 10.000 habitantes).
Solamente otro "ejemplo sonrojante", la depuradora de Pinedo durante solamente nueve días y abril mayo, y ante una primavera lluviosa, ha vertido 140.000 metros cúbicos de aguas grises, sin depurar, directamente al mar a través del azarbe ¿Para cuándo ampliar la EDAR actual, dotando de terciario y rayos UV a Pinedo II?
-En infraestructuras y eficiencia energética, según el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC), en el año 2030 deberemos haber reducido un 23% las emisiones de gases de efecto invernadero GEI; alcanzar un 42% en el uso final de energías renovables y mejorar un 39,5% nuestra eficiencia energética. En el Sector residencial, en edificios existentes, prioriza la mejora de la envolvente (fachadas, ventanas, cubiertas) e instalaciones térmicas de 1.200.000 viviendas en el umbral del 2030 supondrá un ahorro de 4.756 Ktep (kilotoneladas equivalentes de petróleo). En la Comunidad Valenciana deberíamos actuar sobre 125.000 viviendas y así ahorrar 480 Ktep.
Estas medidas trasladadas al sector terciario suponen ahorrar 4.725 Ktep de energía final. Y en el Sector del Transporte, aumentando la cuota del transporte por ferrocarril; renovando el parque automovilístico con incorporación del vehículo eléctrico se deberá alcanzar (2001-2020) un ahorro de energía final acumulado de unos 13.900 Ktep, que trasladado a la Comunidad Valenciana supone un compromiso de ahorro de unos 1.450/ 1500 Ktep.
-Finalmente comentar someramente las infraestructuras del transporte, tanto en su vertiente de viajeros, como en transportes de mercancías. Sobre transportes de viajeros debemos de cumplir con el Plan de Cercanías 2017-2025 con un importe de 1.436 millones de euros presentado el 17/12/2018 por el entonces Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Transcurridos casi tres años del Plan, y finalización a cinco años vista, tan solo se han iniciado el 8,90% de las obras previstas.
En cuanto al transporte de mercancías, logística, y nodos intermodales, muchísimo hay que invertir para pasar de las ideas y anteproyectos a realidades, con una Colaboración Público Privada puedan acometerse estos centros logísticos en Vila-real Polígono Petroquímico del Serrallo/Puerto de Castellón; Sagunto (CM)/Puerto Sagunto/Parc Sagunt; Valencia Port-Fuente San Luis (con una necesaria remodelación de la V-30 y V-31-Pista de Silla en Valencia); y Villena y El Altet/Elche en la provincia de Alicante.
Infraestructuras de transporte y movilidad ligados al Eje Ferroviario Mediterrráneo, que, pasados 18 años en que se puso la "primera traviesa" por José Mª Aznar y Francisco Álvarez Cascos en el término municipal de Picassent, ni siquiera un solo tramo se ha finalizado ni se ha entregado al uso de los ciudadanos, industriales, exportadores-importadores. Nuestra Comunitat Valenciana quiere ser protagonista de su futuro y con su energía empresarial y emprendedora, crear riqueza y dar trabajo, solo pedimos unas dignas infraestructuras, el resto ya lo haremos nosotros.
De los 157.000 millones de euros que ciframos que necesita España para cumplir con el objetivo de la Agenda 2030 comprometida con la ONU, la Comunidad Valenciana necesita 17.000 millones: Área de Sanidad y Bienestar Social, 2.450 M€; Área de Agua y Saneamiento, 700 M€; Energía asequible y no contaminante, 3.600 M€; Aumentar la resiliencia y calidad infraestructuras, 1.950 M€; Sostenibilidad ambiental, Transporte Metropolitano, Movilidad y Soterramientos en ámbitos urbanos, 7.800 M€; Combatir la Sequía y las Inundaciones 500 M€.
Toda la Comunitat Valenciana debe exigir al Gobierno de la nación que para salir de la profunda crisis, tras el confinamiento, crear empleo y potenciar nuestra economía necesitamos incrementar la inversión pública (por vía presupuestaria, que quedará –tras el inmenso gasto sanitario tras la pandemia del coronavirus– si cabe todavía más quebrada; acudiendo a los Fondos Europeos de Reactivación Next Generation EU, para estructuras verdes y transportes, digitalización y movilidad descarbonizada, y complementada con fondos privados concesionales.
¡Tengámoslo claro, La Inversión en Infraestructuras prioritarias son la palanca para la Reconstrucción Económica y Social con la que salir de esta profunda crisis!
Manuel Miñés es director-gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV)
