La jueza rechaza que el 'caso F1' haya prescrito y mantiene el procesamiento de Camps

VALÈNCIA. La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha rechazado el recurso de la Generalitat para que se ampliara el auto de procesamiento del caso Fórmula 1 a Belén Reyero, asesora de Francisco Camps en la organización de los grandes premios en València, y mantiene el procesamiento del expresidente valenciano y otros 15 procesados entre altos cargos de aquella época y empresarios.

Según han informado fuentes judiciales, en el auto la jueza rechaza que los delitos que se imputan a Camps hayan prescrito, como sostiene el fiscal Anticorrupción, que solicitó el archivo de la causa.

Así consta en un auto de fecha 23 de mayo en el que la magistrada rechaza la argumentación del ministerio público de la prescripción de los hechos "al no observarse el plazo de 15 años por el delito con pena más grave, el delito continuado del artículo 432.2 del Código Penal (malversación de caudales públicos), tal y como se infiere y corrobora del resultado de las restantes diligencias de instrucción e investigación practicadas".

Además, añade que el contenido del informe de la Intervención General de la Generaliat, donde se señala que no se constatan hechos o circunstancias que permitan apreciar la existencia de un perjuicio económico directo para la Generalitat, evaluable económicamente, derivado de la adjudicación de los expedientes analizados, "no implica ni que no exista perjuicio económico ni menos aún malversación de caudales públicos" y que, por ende, sea de apreciación esa prescripción.

La jueza decidió procesar en este caso a Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. En su resolució de procesamiento, sostiene que Camps "capitaneó" al resto de procesados para obtener un "rédito político y personal" como "máxime artífice" de la F1, un evento de interés mundial.

Además de estos ex altos cargos, el auto de procesamiento se dirigía contra el ex director general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables del ente GTP y los empresarios, entre ellos, el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja.

Asimismo, rechaza el recurso de la Abogacía de la Generalitat y mantiene el soobreseimiento provisional acordado respecto a la que fuera asesora del 'expresidente', Belén Reyero, sobre quien esta acusación sostenía que en el proceso no había sido una "convidada de piedra" y pedía su procesamiento.