CASTELLÓ. La junta de portavoces del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó se ha reunido este jueves para que los seis partidos políticos que forman parte de la corporación municipal conozcan todos los trámites administrativos que se han hecho esta legislatura para “desatascar el proyecto de construcción del puente de conexión entre los polígonos” porque es el paso previo indispensable para impulsar Belcaire C, ha explicado la alcaldesa, Tania Baños.
La arquitecta municipal y la responsable de Urbanismo han estado presentes en la junta para explicar los pasos que se han dado y resolver dudas. Baños ha destacado que este proyecto de desarrollo industrial “necesita el acuerdo de todos los partidos porque, independientemente de quien gobierne, es una necesidad estructural para la ciudad y cualquier discurso de inestabilidad política sería erróneo para los intereses de la Vall d’Uixó de los próximos 30 años”.
Los trámites iniciados esta legislatura “no han sido fáciles ni cortos”, ya que se iniciaron con el envío de una comunicación a la Dirección General de Carreteras (dependiente del Gobierno de España) para corroborar la obligatoriedad del puente para crear suelo industrial. La contestación “tardó un año en llegar y nos dijeron que sí, que era una condición indispensable para desarrollar Belcaire C”.
Durante esta tramitación sí que se eliminó la obligatoriedad de construir una rotonda de acceso que suponía un coste de 500.000 euros, dado que había que expropiar terrenos y trasladar un transformador de electricidad que abastece a los polígonos Belcaire y Mezquita, lo que suponía un obstáculo más para sacar adelante la iniciativa, explican desde el consistorio en un comunicado.
El Ayuntamiento va a iniciar ahora los trámites para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para introducir el puente en él, desvinculándolo del plan especial. Así, esta infraestructura “no irá a cargo de Belcaire C, ya que es aprovechable para los dos polígonos ya existentes” y también “una necesidad actual de las empresas”.
Paralelamente se han enviado dos consultas a Iberdrola porque la construcción del puente afecta a su infraestructura eléctrica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) porque se ubicaría en sus dominios al atravesar el barranco. La alcaldesa ha señalado que el objetivo es “alcanzar un acuerdo previo y consensuar el proyecto con los afectados para evitar alegaciones y problemas posteriores que pudieran paralizar o retrasar las obras”.