CASTELLÓ. (EFE). Un total de 15 municipios del interior de la provincia de Castellón, encuadrados en la Agenda AVANT de lucha contra la despoblación, se verán beneficiados por las ayudas que el Programa de Extensión de Banda Ancha (PEBA) ha resuelto conceder para el ejercicio 2020.
Se trata de Benafigos, Castell de Cabres, Culla, Fuente la Reina, Herbés, Ludiente, Palanques, Pobla de Benifassà, Sacañet, Torralba del Pinar, Vallibona, Villamalur, Villanueva de Viver, Vistabella del Maestrat y Xodos, un programa que también beneficiará a núcleos urbanos de los municipios de Bejís, Castillo de Villamalefa, Cortes de Arenoso, Morella, Puebla de Arenoso, Les Useres y Xert, han informado fuentes de la Generalitat.
La directora general de la Agenda AVANT, Jeanette Segarra, ha señalado que se trata de "un paso más en el objetivo de buscar líneas de financiación e implantar la red de banda ancha y que los municipios del interior no tengan más problemas de conectividad".
La empresa "Operadora Ibérica de Redes y Servicios de Telecomunicaciones S.L." será quien actuará en la implantación de este servicio en las comarcas de Castellón, tras la resolución provisional del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital, y podrá beneficiarse de una subvención de 3.823.504 euros para un proyecto que representa una inversión cercada a los siete millones.
La Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblamiento ha impulsado la presencia de estos municipios en el programa PEBA que, impulsado por el Gobierno de España y cofinanciado con fondos europeos, persigue acelerar la extensión de la cobertura de las redes públicas de comunicaciones electrónicas capaces de proporcionar servicios de banda ancha en el ámbito rural.
El programa PEBA pretende apoyar la conectividad digital de todo el territorio mediante el despliegue de banda ancha en 33 provincias, con una inversión total de 186 millones de euros y ayudas por un importe de 105,77 millones de euros, según han indicado las mismas fuentes.
Las ayudas se otorgan para la extensión de redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha ultrarrápidas en las denominadas zonas blancas, que son aquellas sin cobertura actual y que no tienen previsiones de despliegue en los próximos tres años.
Además, este año, como novedad, se han podido incluir también ayudas para las zonas grises, aquellas donde hay presencia de un solo operador que puede proporcionar servicios a velocidades de más de 30 Megabit por segundo (Mbps), pero sin superar los 100 Mbps, para las que el Gobierno obtuvo la aprobación de la Comisión Europea.
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