VALÈNCIA. (EFE/VP) El Tribunal de Justicia de la UE ha reconocido este jueves la desprotección y el abuso que sufren los trabajadores interinos del sector público español, pero deja en manos de la justicia española las medidas sancionadoras para compensar esa situación.
De esta forma, tendrán que ser los tribunales nacionales los que decidan en cada caso si obligan a la administración pública empleadora a hacer fijo al trabajador o a pagarle una indemnización por término de contrato o despido, a la que no tienen derecho según la normativa española.
El caso sobre el que resuelve el TJUE deriva de la negativa del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid a reconocer como personal indefinido a unos empleados que habían encadenado durante años contratos de duración determinada.
La corte europea precisa que el hecho de que un empleado público haya consentido el establecimiento de relaciones de servicio de duración determinada sucesivas no le priva de la protección que le confiere el Acuerdo Marco europeo sobre el Trabajo de Duración Determinada.
Dicho acuerdo establece límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, porque la considera "fuente potencial de abusos en perjuicio de los trabajadores".
"La interpretación contraria permitiría contratar trabajadores de forma precaria durante años y podría tener por efecto (...) permitir la utilización abusiva de esas relaciones por parte de los empresarios para satisfacer necesidades permanentes y estables en materia de personal", explica el TJUE en un comunicado.
"En la práctica, los sucesivos nombramientos de los empleados públicos afectados no respondían a meras necesidades provisionales de la Comunidad de Madrid, sino que tenían por objeto atender necesidades permanentes y estables en materia de personal del Servicio de Salud de esta Comunidad", apunta el TJUE.
Añade que, según los juzgados remitentes, existe un problema estructural en la sanidad pública española "que se traduce en un elevado porcentaje de empleados públicos temporales y en el incumplimiento de la obligación legal de proveer de manera permanente las plazas ocupadas temporalmente por dicho personal".
Según explica a EFE el socio de Lean Abogados Nacho Azúa, el TJUE ha redundado en algo que ya expone "nuestro ordenamiento, que dice que no se pueden concatenar contratos de manera permanente", entre otros motivos, porque cuando se resuelven "hacen que el trabajador se vaya con una mano delante y otra detrás".
Sin embargo, la sentencia de Europa, que deja claro que esta situación "vulnera" la normativa, "hace que ahora sean los jueces nacionales los que tengan que decidir si procede otorgarles una indemnización similar a la de un despido improcedente, o si, directamente, se les hace indefinidos".
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha explicado a EFE que la sentencia pone de manifiesto la necesidad de prevenir y evitar el uso abusivo de la temporalidad en la contratación.
"La firme decisión del Ministerio es seguir trabajando en la aprobación de Ofertas de Empleo Público adecuadas y suficientes para prestar unos servicios públicos de calidad que a su vez eviten bolsas de temporalidad en el empleo", ha añadido.
El sindicato CSIF señala en un comunicado que, en la actual crisis sanitaria, más de 100.000 empleados temporales de la sanidad trabajan "codo con codo" con el personal fijo para atender a los ciudadanos.
Por ello, ha pedido eliminar la tasa de reposición que impide la convocatoria de plazas estructurales ocupadas por personal temporal y el desarrollo de los procesos selectivos, teniendo en cuenta que solo se han puesto en marcha procesos de reducción de temporalidad para un 20 % de las plazas contempladas y hay unas 300.000 personas interinas a la espera.
En el mismo sentido, CCOO ha pedido al Gobierno que se agilicen los procesos selectivos para la estabilización y consolidación del empleo interino, una vez se haya superado el estado de alarma por el coronavirus.
