VALÈNCIA (EFE). El pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de la Ley de Función Pública Valenciana, que introduce la exigencia del conocimiento del valenciano para el acceso a la función pública a través de un reglamento posterior que determinará los niveles específicos para cada puesto en función de la relación de los funcionarios con la ciudadanía, siempre desde los principios de "adecuación y proporcionalidad".
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha comparecido junto a la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, para dar cuenta de esta ley, compromiso del Botànic y cuya elaboración arrancó la pasada legislatura, y que pretende no solo regular el empleo público, sino "transformar" la administración y adaptarla a las necesidades del siglo XXI.
Bravo ha destacado el "amplio consenso" sindical en torno a esta norma que ahora debe iniciar su trámite en Les Corts y ha mostrado su disposición a dialogar "con todos los grupos" para que sea "una ley de todos y para todos".
Una de las principales novedades es la introducción del requisito lingüístico para el acceso a la función pública. Esa exigencia de conocimiento del valenciano para el acceso a la función pública se establece como requisito en la ley, pero el nivel será determinado en un reglamento que, en el plazo de un año desde la entrada en vigor, debe elaborar una comisión creada a tal efecto. Tendrá que tener el informe favorable de la Conselleria de Educación, la competente en política lingüística.
Preguntada sobre la tardanza en el acuerdo, cómo se ha conseguido desbloquear y si el hecho de que los niveles exigibles no figuren en la propia ley supone retrasar en la práctica la introducción del requisito, la consellera ha explicado en primer lugar que "no ha pasado tanto tiempo" porque "apenas han pasado 8 meses de legislatura".
Ha defendido también el desarrollo vía reglamentaria, como han hecho otras comunidades bilingües, ya que las leyes "marcan los principios rectores básicos" y se contempló así "desde el primer momento, no es una cosa rara". Según ha explicado que no cabe en la ley porque el nivel exigible no va a ser homogéneo.
Además, ha incidido en que se va a constituir una comisión de personas expertas en función pública y también técnicos de política lingüística que se encargarán de hacer un estudio, una "foto fija" de los puestos de trabajo y determinar los niveles exigibles.
El trabajo se realizará de forma paralela a la tramitación parlamentaria de la ley para que cuando esta sea aprobada el estudio esté hecho y se pueda elaborar el reglamento. De media, los reglamentos tardan unos 8 a 10 meses en ver la luz, por lo que Bravo está segura de que estará listo "antes del ecuador de la legislatura".
"No se ha hecho una renuncia a nada", ha subrayado Bravo, que ha negado cualquier conflicto en el seno del Consell: "Hemos dado ejemplos más que suficientes de que somos un gobierno que apuesta por el diálogo, claro que puede haber discrepancias en un momento dado, pero somos capaces de hablar. Al final, del texto inicial de hace 15 días al de ahora es una cuestión de matices que se han consensuado, nada puede surgir de manera impositiva".
Además, ha hecho hincapié en que es la primera vez que la Comunitat Valenciana tendrá una norma que exija el conocimiento del valenciano para acceder a la administración, en una cuestión de "voluntad política decidida" de apostar "por una norma que forma parte de nosotros, una riqueza cultural que debe ser favorecida".
Ha subrayado también que esa apuesta por la lengua propia va unida al derecho de la ciudadanía a ser atendida en cualquiera de las dos lenguas oficiales y ella, como valenciana, se siente "muy satisfecha".
Más allá del requisito, la ley está diseñada para solventar los problemas detectados por la comisión de expertos constituida en marzo de 2016. El texto incorpora una nueva visión de la administración pública centrada en la profesionalización y también está pensado para rejuvenecer el capital humano, dar estabilidad a las plantillas actuales y ofrecer más oportunidades de acceso a la función pública.
Entre las novedades figura la reducción del número de cuerpos y escalas de la Administración de la Generalitat, de 201 a 91. Además, concreta que al menos el 50% de los puestos de la oferta pública de empleo anual se tramite por el sistema de oposición libre y en cuanto a los requisitos de acceso desaparece la exigencia (actualmente suspendida) del doble requisito de Grado y Máster cuando no se requiera para el ejercicio de la profesión.
Por lo que respecta a la regulación de la oferta de empleo público, se reducen los plazos de los procesos de selección para agilizar el relevo generacional "en un contexto marcado por el significativo envejecimiento" del capital humano, teniendo en cuenta que casi la mitad de la plantilla se va a jubilar en esta década. Las pruebas deberán estar finalizadas en el plazo de un año a contar desde la convocatoria.
La Generalitat seguirá potenciando las ayudas del Programa 500, ha dicho Bravo, para ayudar a los estudiantes con un buen currículum que se preparan unas oposiciones para que "la situación económica no sea un obstáculo".
Para favorecer la estabilidad en el ejercicio de cada puesto se amplía, con carácter general, de uno a dos años el plazo mínimo de desempeño de un puesto de trabajo para poder concursar a otro, salvo en los supuestos expresamente previstos.
La ley introduce que el desempeño de los puestos de trabajo de jefaturas de servicio o puestos de nivel equivalente obtenidos por el procedimiento de concurso específico puedan ser objeto de una valoración cada seis años a efectos de la continuidad del titular.
En cuanto a la libre designación, se indican qué puestos, por razón de su especial responsabilidad o confianza, se pueden proveer por este sistema, y se acota el margen de discrecionalidad de quien realiza el nombramiento.
En lo que atañe a la selección del personal interino, Bravo ha explicado que se profundiza en los principios de igualdad, mérito y capacidad ya que se liga a la constitución de bolsas de trabajo vinculadas al desarrollo de las ofertas de empleo público.
Una de las principales modificaciones de la normativa es precisamente que para inscribirse en esas bolsas de trabajo siempre habrá que superar, al menos, alguna prueba del proceso selectivo.
Otra de las novedades reguladoras para proteger al personal empleado público son las medidas para luchar contra la corrupción. Así, se mantendrá en secreto la identidad de quien denuncie prácticas corruptas o cualquier otro tipo de actuaciones irregulares de altos cargos o personal de la Administración de la Generalitat.
En cuanto a la perspectiva de género el proyecto de ley incorpora una serie de medidas, la mayoría de carácter transversal. Contempla medidas que permitan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y también para garantizar en los procesos selectivos que una situación de embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditada, no impida la participación de esa mujer en condiciones de igualdad.
Tampoco se podrá producir el cese del personal que se encuentre en situación de riesgo durante el embarazo o si disfruta del permiso de maternidad y paternidad. En cuanto a la excedencia voluntaria por razón de violencia de género, se amplía el derecho a la reserva del puesto de trabajo hasta que se produzca el cese de la situación que la generó.
La dirección general de esta materia también se encargará de la formación y de la promoción de los funcionarios
