VALÈNCIA (EFE/Jordi Ferrer). Cuatro de las ocho piezas en que se divide el conocido como caso Imelsa ya se encuentran prácticamente instruidas tres años después de las detenciones del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y varios de sus lugartenientes y la imputación de casi todo el equipo de Rita Barberá.
Pendientes de que se abra el periodo de presentación de escritos de acusación y defensa o de las últimas diligencias e informes, los investigadores prevén concluir en breve la instrucción de la pieza abierta por blanqueo de capitales y delito electoral (la A).
En esta pieza se encuentran procesados cerca de medio centenar de concejales, exconcejales, asesores y exasesores del PP local por un supuesto delito de blanqueo de capitales, al ingresar supuestamente en la cuenta del partido mil euros antes de las elecciones autonómicas de 2015 que, al parecer, les fueron devueltos en efectivo con fondos cuyo origen se presume ilícito.
Se da la circunstancia de que el único concejal del grupo popular que no estaba investigado en esa pieza, el independiente Eusebio Monzó, ha sido imputado esta semana en otro caso, el que investiga supuestas irregularidades en el patrocinio deportivo del Aeropuerto de Castellón cuando él era alto cargo de la Generalitat.
También constan como investigados por delito electoral quienes ejercieron como administradores del partido o coordinadores de campaña, como es el caso del exvicealcalde de València y número dos de Barberá durante años, Alfonso Grau.
Está asimismo prácticamente finalizada la pieza D, relativa a la adjudicación del servicio de atención telefónica de la Diputación a la empresa Servimun, controlada por Mariano López Sancho, exsuegro del exgerente de Imelsa y autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent.
Las otras dos piezas en cuya instrucción se ha avanzado más son la B y la F, en las que se investiga, respectivamente, la presunta contratación fraudulenta de personal por parte de la Diputación y la empresa de la Generalitat dedicada a la construcción de centros educativos (Ciegsa).
Por el contrario, las recientes revelaciones (en junio de 2018) del ex secretario general del PP Ricardo Costa -condenado a cuatro años de cárcel por financiación ilegal- han ralentizado la instrucción de la pieza G, donde se investigan supuestas irregularidades cometidas por los responsables de Ciegsa en la adjudicación de contratos para la construcción de colegios.
Concretamente, se investiga la gestión de ese ente mientras estuvo bajo la responsabilidad del ex secretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Máximo Caturla, y si empresas constructoras como las del alicantino Enrique Ortiz o Rover Alcisa pudieron pagar mordidas con las que el PP financió la campaña de 2007, como apuntó Costa en una confesión que desembocó en una nueva imputación al expresident Francisco Camps.
En la pieza C se investiga el supuesto blanqueo de capitales provenientes de mordidas que pudo cometer Rus a través de la empresa Geneva.
En la E están bajo la lupa varios contratos en los que intervino María José Alcón -esposa (fallecida en junio de 2018) de Alfonso Grau, procesado en esta misma causa y en otras, por cohecho- desde la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València, entonces gobernado por Rita Barberá.
Y en la pieza separada H se investigan los contratos que, desde la gerencia de Imelsa, pudo manipular Benavent.
El caso tuvo su germen en el verano de 2014, cuando Esquerra Unida llevó a la Fiscalía unas grabaciones efectuadas durante años por Benavent que su suegro desveló tras un conflicto familiar, pero no fue hasta el 26 de enero de 2016 cuando las detenciones evidenciaron la existencia de indicios de corrupción en una red mucho más extensa de lo sospechado inicialmente.
La causa judicial nació con la detención de Rus y varios de sus lugartenientes en la Diputación (Máximo Caturla, Juan José Medina y Emilio Llopis), junto con otros ex altos cargos del Consell, y derivó después en la imputación de prácticamente todo el equipo que sustentó a Barberá en la alcaldía durante más de dos décadas.
Con el paso de los meses acabó también por salpicar a la exalcaldesa, que falleció en Madrid dos días después de declarar ante el Supremo como investigada por un supuesto delito de blanqueo que fue detectado en la misma investigación y que ella había negado en varias ocasiones.
