VALÈNCIA. El pasado miércoles el pleno de Les Corts aprobó, con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podem, la modificación de la ley sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, más conocida como la Lotup. Se trata de la actualización de una norma que, entre muchas otras cuestiones, permite regularizar la situación de alrededor de 350.000 viviendas construidas de forma ilegal a lo largo y ancho de la Comunitat, tal y como cifra la propia Generalitat Valenciana.
Se trata de una circunstancia polémica pero necesaria, a juicio del Ejecutivo que sostienen las tres formaciones políticas, que defienden la necesidad de ordenar un escenario heredado de legislaturas anteriores mediante esta iniciativa, tal y como recogía este jueves la edición valenciana de La Razón.
Preguntadas al respecto, fuentes de la Dirección General de Vivienda explican a Valencia Plaza que estas "viviendas diseminadas construidas al margen de las autorizaciones administrativas en el suelo no urbanizable" se caracterizan por "carecer de alguno de los servicios urbanísticos básicos, especialmente el alcantarillado".
"Una vez consolidadas estas construcciones, el transcurso del tiempo desde su construcción da lugar a la caducidad de la acción de la Administración para actuar contra ellas, y la legislación adolece de un tratamiento adecuado para esta realidad existente surgida al margen de la Ley, lo que provoca los conflictos territoriales", indican al respecto.
Según advierten en esta línea, "la existencia de estas viviendas tiene incidencia sobre el entorno: el evidente deterioro del paisaje que generan, el vertido de aguas residuales sin control ni tratamiento al subsuelo con afección a los acuífieros subterráneos, la eliminación de especies vegetales de mayor o menor valor o el fraccionamiento de hábitats".
En consecuencia, subrayan que, "más allá de la seguridad, la salubridad y el ornato público", las edificaciones y los terrenos "en cualquier clase de suelo y cualquiera que sea su titularidad" deben conservarse y mantenerse "de forma acorde con el entorno en que el se encuentran y de acuerdo con la ordenación que establece el planeamiento urbanístico para los mismos".
Por ello la reforma de la ley permite a estas residencias su legalización, si bien la limita "a las construcciones finalizadas antes de la entrada en vigor de la Lotup (el año 2015), incluyendo tanto aquellas respecto de la que ha caducado la acción de restauración de la legalidad urbanística como aquellas sobre las que no ha caducado". Eso sí, con una clara excepción: "aquellas sobre las que haya recaído sentencia de restauración de la legalidad", subrayan.
Según destaca Vivienda, la regularización de estas viviendas "se podrá hacer de manera individual", y podrán acogerse a la misma "todos los casos, independientemente de si tienen o no abierto un expediente abierto". Eso sí: siempre que cumplan los requisitos estipulados para ello.
Más allá de esta cuestión, la actualización de la Lotup persigue dar solución a los 'PAIs fantasmas'. La reforma recoge que los proyectos urbanísticos que se han empezado pero están paralizados y pueden tener cierta viabilidad, los ayuntamientos tengan la posibilidad de dividir los sectores en unidades de ejecución más pequeñas para poder ejecutar la actuación poco a poco y ampliar el plazo a 10 años.
En aquellos PAIs que son "antieconómicos" y pueden ser reversibles, se podrá aplicar una reparcelación inversa para que los terrenos vuelvan a la situación jurídica anterior y, por tanto, quitar cargas a los propietarios.
Asimismo, la reforma elimina la figura de las Actuaciones Territoriales Estratégicas (ATE) y se establece la regulación de los nuevos Proyectos de Inversión Estratégica Sostenible (PIES), que eliminan la posibilidad que existía anteriormente de pasar nuevos terrenos de no urbanizables a urbanizables por parte de la gestión indirecta de empresarios particulares.
