VALÈNCIA. Freno en la licitación de obra pública en la Comunitat Valenciana. El parón de la actividad industrial durante los duros meses de confinamiento ha tenido su reflejo en la inversión pública en obras. Así, hasta noviembre, la licitación ejecutada por todos los organismos públicos del país alcanzó un importe de 1.058,5 millones en la autonomía valenciana, lo que representa una caída del 11,2% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se alcanzaron los 1.191,8 millones.
Un desplome que no se circunscribe únicamente a la región valenciana, sino que es generalizado en la mayoría de autonomías, a excepción de Ceuta que registra un aumento del 26% en la actividad licitadora. A nivel nacional, el importe se sitúa en los 11.734 millones hasta noviembre, una caída del 28,7% respecto a los 16.500 millones que se licitaron en el año anterior, según las últimas estadísticas de la patronal de las grandes constructoras Seopan.
No obstante, la Comunitat Valenciana se situó como la cuarta autonomía con mayor actividad licitadora en 2020, a falta de los datos de diciembre, por detrás de Madrid, (2.022,6) millones; Andalucía, (1.761 millones) y Cataluña, (1.724,8 millones).
Gran parte de esa inversión en la autonomía valenciana fue de la Generalitat, que aumentó considerablemente la dotación. Y es que, de acuerdo con los datos de Seopan, las comunidades autónomas fueron la segunda administración con mayor esfuerzo en la licitación: 4.063 millones de euros, un 25% menos que en 2019. Por delante, los ayuntamientos con 5.040 millones de euros, un 6,5% menos y en tercer lugar la Administración General, 2.628,7 millones, un desplome del 53,4% respecto del año 2019.
En concreto, la Generalitat Valenciana licitó 408 millones, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior. De este modo, la administración valenciana fue una de las más activas, por detrás de Andalucía (654 millones), Madrid (680 millones) y Cataluña (615 millones). Solo en noviembre, en la Comunitat la cifra ascendió a 64,8 millones, más del doble que en septiembre, 30,4 millones, siendo el mes con mayor dinamismo licitador.
Además, la autonomía fue una de las regiones que han aumentado la licitación. Este también ha sido el caso de Aragón, con 163 millones de euros y un 83% más que en 2019; Galicia, con 373 millones, un 29% más; La Rioja, con 36 millones, un 27% más; Baleares, con 100 millones, un 23% más; y Comunidad Valenciana, con 408 millones, un 13% más.
Por el contrario, Cantabria fue la que más la redujo, un 66%, hasta 23 millones, seguida de Navarra, un 56% menos, hasta 148 millones; Andalucía, con 654 millones, un 47% menos; y Murcia, con 35 millones, un 44% menos.
En el Gobierno, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es el que más obra pública concentra y cuyo apartado de movilidad ha sido uno de los más afectados por la restricción a los movimientos derivados de la pandemia, acaparó 2.265 millones de euros en licitación pública hasta noviembre, reduciéndola en un 59% respecto al mismo periodo del año anterior.
Dentro del Departamento que dirige José Luis Ábalos, la Dirección General de Carreteras rebajó en un 63% sus licitaciones, mientras que Adif lo hizo en un 67%, Aena en un 53%, las Autoridades Portuarias en un 11% y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) en un 84,5%.
Al margen de la licitación en transportes, teniendo en cuenta el tipo de obra anunciada, las de equipamiento social fueron las que más recursos económicos concentraron, con 2.374 millones destinados a infraestructuras docentes, sanitarias y deportivas, que, no obstante, también se redujeron en un 20%.
De cara a este nuevo año, las previsiones de Seopan no son nada halagüeñas. En este sentido, estima que la licitación pública volverá a los niveles que se registraron en 2011, lo que supone no superar los 12.800 millones de euros, una caída del 30% respecto a la alcanzada en todo 2019, es decir 5.500 millones de euros menos.
No obstante, no todas las instituciones retrocederán de la misma forma. De igual forma que lo que muestran los datos publicados de noviembre, las administraciones locales la disminuirían un 6,6%, las comunidades autónomas un 25,8% y el Estado un 55,4%.
