La patronal del juego vaticina que la ley valenciana provocará cierres masivos de casas de apuestas 

VALÈNCIA. No hay una cifra exacta. Apenas manejan una estimación. Aún así, desde la patronal del juego tienen muy claro su vaticinio: el proyecto de Ley del Juego de la Comuntat Valenciana supondrá el cierre de numerosos salones de apuesta que en su día cumplían la ley, pero que con la nueva normativa se encontrarán a menos de 1.000 metros de distancia de centros escolares. Así lo aseveró el director general de la patronal CEjuego, Alejandro Landaluce, durante un desayuno de trabajo que se celebró el SH Valencia Palace este lunes. Como mínimo, dijo, la mitad de las casas de apuestas y salones de juego de València ciudad tendrían que cerrar. “A ojo de buen cubero”, admitió.

Por ello, reclamó que se establezca un criterio claro de distancias, pero que se garantice la seguridad jurídica de los establecimientos ya instalados, puesto que de lo contrario implicaría la práctica inviabilidad de la renovación de un gran número de salones. Salones, insistió, que en su día cumplían la ley pero que ahora no podrán hacerlo. “Se premiará a los nuevos y se castigará a los que llevan más tiempo”, apuntó.

Acompañado del director corporativo de Relaciones Institucionales de Cirsa, Carlos Duelo; el director de Relaciones Institucionales de Codere, Luis Miguel Cabeza de Vaca; y del director de Relaciones Institucionales de Orenes, Pedro García; Landaluce desgranó uno a uno los peros de la patronal al proyecto de Ley de Juego de la Comunidad Valenciana, especialmente a las enmiendas que se han presentado al proyecto, algunas de ellas, desde su punto de vista, incoherentes o de imposible cumplimiento.

En el caso de la distancia, desde la patronal se quiso ir a la raíz del problema que ha motivado la distancia, y es el incremento de la ludopatía entre los jóvenes. Primero, queriendo minimizarlo. Así, García recordó que este problema sólo afecta al 0,3% de la población. Inquirido por cuántas personas suponen un 0,3% de la población (14.805 personas en la Comunitat Valenciana), Duelo admitió que se trata de un problema que afecta a muchas personas, pero insistió en destacar que la inmensa mayoría de la población hace un uso responsable del juego.

Asimismo, resaltaron que se trata de un parte del sector que no es precisamente la del león en el juego en la Comunitat Valenciana. En concreto, los salones y casas de apuestas suponen el 16% de la facturación del sector, que en 2017 fue de 638 millones de euros. Indicaron, está un poco por encima de los bingos, que son un 15%, y muy por debajo de las máquinas en hostelería, que representan el 51% de los ingresos.

Desde la patronal recordaron que el juego representa del 2,54% del PIB valenciano, que crea 7.000 empleos directos y 30.000 indirectos, relacionados principalmente con la hostelería. Además, destacaron que los ingresos del sector privado se han reducido en la última década, pasando de los 863 millones de 2007 a los 638 que se captaron en 2017. Cierto es que lo salones de juego han crecido pero es que antes no existían. Venimos de la nada.

Sobre el tema de la presencia de menores, aseguraron que el control es eficaz, los casos “anecdóticos”, y propusieron para la Comunitat Valenciana medidas como las que se aplican en Euskadi o Navarra, donde se sanciona también al menor. Según los datos que manejan, de las 50.000 inspecciones que realizaron en 2018 sólo hubo 21 expedientes y ninguno de ellos, que les conste, fue por el acceso de menores al juego. 

Fiscalidad alta

Para ponerse en valor, desde la patronal aludieron a los 137 millones de euros que han pagado desde el sector privado en impuestos, enfrentándoles a los no llega 14 millones que pagó el juego público. Propusieron que esa cantidad se dedicara a programas de Sanidad encaminados a controlar la ludopatía y las adicciones al juego. Y aludieron en varias ocasiones a la alta fiscalidad con la que tributan en València en, por ejemplo, las apuestas deportivas. En detalle, apuntaron que mientras en el resto de España se paga un 10%, un 11% en Baleares y un 12% en Castilla y León, en la Comunitat Valenciana pagan un 20% desde el 1 de enero de 2018, una subida impositiva que les llegó con la Ley de Acompañamiento.

Los miembros de la patronal se mostraron partidarios de la ordenación y la regulación, pero lamentaron que las medidas de la ley valenciana se han hecho a espaldas del sector, en algunos casos con propuestas ilógicas o imposibles de cumplir. Ese es el caso, dicen, de los mandos que se les quieren poner a las máquinas de juego presentes en los bares, las conocidas como tragaperras.

Según explicaron, en la Comunitat hay más de 21.000 máquinas en locales de hostelería. Aunque son un producto en franca e inevitable decadencia, siguen siendo la forma de juego más popular, con una recaudación de 387 millones de euros. El proyecto de ley sólo da un plazo de tres meses para instalar el software que permita que dichas máquinas se activen o desactiven con un mando a distancia, como sucede con las máquinas de tabaco actualmente. 

Cabeza de Vaca recordó que cuando se hizo una operación similar con las máquinas de tabaco se dio un plazo de 18 meses para hacer ese cambio. Con ese plazo de tres meses, la mayoría de las máquinas deberían apagarse y, recordaron, si las máquinas se apagan la Comunitat Valenciana dejará de ingresar más de 66 millones en concepto de tasa de juego.

Por su parte, si las que se apagan son las máquinas de apuestas instaladas en locales de hostelería el Consell perdería más de 13 millones de ingresos en concepto de impuestos. Máquinas de apuestas, recordó Landaluce, que no están ni de lejos tan extendidas como se dice. Un dato: la Ley permite 7.200 puntos de venta pero en la actualidad sólo hay 3.200 instalados; “menos de la mitad”, recalcó.

Por el contrario, hicieron ver que tal y como están planteadas las enmiendas, se permitiría a Loterías del Estado o a la ONCE comercializar sus productos en los establecimientos hosteleros sin ningún tipo de autorización de la Comunitat, lo cual convertiría a la región en la primera que prescinde de esta competencia a favor del estado.