CASTELLÓ (EFE/Laura Ramos). Aunque el objetivo de rehabilitar energéticamente 1,2 millones de casas en la próxima década fue definido por el Gobierno antes de la covid, esta línea de actuación se rebela ahora como un buen negocio capaz de captar gran cantidad de fondos europeos, que aumentaría los ingresos públicos entre 1.000 y 4.000 millones de euros cada año.
Eso permitiría cubrir holgadamente el gasto público de entre 200 y 1.000 millones anuales que se necesita para su financiación, según los cálculos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha plasmado en la actualización de la "estrategia para la rehabilitación energética en el sector de la edificación" que envió la semana pasada a la Comisión Europea.
Un buen negocio con el que se podrían crear entre 33.000 y 88.000 puestos de trabajo y que supondría un impacto en el PIB de entre 2.600 y 6.800 millones a lo largo del periodo.
Para el Ejecutivo de Pedro Sánchez también es importante el impacto distributivo progresivo que supone una política como esta, con la que el gasto disponible aumenta en todos los tipos de hogares, pero lo hace en mayor medida en los de menor renta.
Causa primera de contaminación, las viviendas suponen oficialmente el 40 % de las emisiones contaminantes; un porcentaje que se eleva al 56 % si se suman otros edificios, frente al 13 % que representan los automóviles, según la Plataforma de Edificación Passivhaus, que, sin ánimo de lucro, promueve desde 2008 la construcción de edificios altamente eficientes.
Su presidente, Bruno Gutiérrez, considera "alarmante" desde el punto de vista energético la situación del parque edificatorio español, ya que, según explica, "son edificios incansables demandantes de energía que se despilfarra a través de envolventes mal aisladas".
De cada cinco edificios -asegura- cuatro son ineficientes, lo que significa que no cuentan con los niveles adecuados de aislamiento térmico o incluso carecen de él, que tienen filtraciones de aire incontroladas que repercuten en el consumo energético y no emplean sistemas de generación eficientes, es decir, que no utilizan calderas de alta eficiencia o sistemas de recuperación de calor.
También Albert Grau, responsable de Asuntos Públicos de Rockwool, la multinacional danesa que lidera la fabricación de aislamiento a base de lana de roca, dibuja un panorama en el que, de los 26 millones de casas censadas en España, el 90 % están construidas sin criterios de eficiencia energética.
Esto es así -explica a Efe- porque son anteriores al Código Técnico de Edificación de 2006, el primer reglamento que hizo obligatorio el uso del aislamiento, algo que la norma básica de 1979 solo recomendaba.
"Hay casas que son sumideros de energía. Hagas lo que hagas, no se enfrían ni se calientan", señala Grau, impulsor del llamado "pasaporte energético", un plan por fases para rehabilitar una vivienda: primero, aislarla (cambiar ventanas y aislar cubiertas y fachadas); después, cambiar las calderas, calentadores y equipos de aire acondicionado y, por último, instalar energías renovables.
Según este experto, un adecuado aislamiento ahorra un 70 % de energía de calefacción y aire acondicionado.
El problema, a su juicio, es que "falta concienciación, porque ni siquiera es tan caro, no llega a la tercera parte de lo que cuesta un coche", asegura, convencido de que lo que se necesitan son "políticas de acompañamiento para explicar de forma fácil a la gente cómo hacerlo".
Para Grau, los objetivos del Gobierno suponen "quedarse corto, pero al menos por primera vez hay números encima de la mesa sobre la realidad del parque y eso sienta unas bases".
Con ellas, el Mitma ya ha dicho que elaborará un plan, en principio para los próximos dos años, por importe de 2.000 millones de euros, para rehabilitar 120.000 viviendas anuales.
En total, lo previsto por el Gobierno es movilizar una inversión de 27.122 millones de euros a lo largo de la década, de los que un 27 % (7.307 millones) provendrían de fondos públicos (estatales y europeos), para la rehabilitación de la envolvente térmica de 1,2 millones de viviendas y la sustitución de unas 3.845.000 instalaciones térmicas.
Con los líderes de la UE empezando a negociar este fin de semana los presupuestos comunitarios y los fondos de reconstrucción, está por ver cuántos fondos recibe finalmente España para lo que la propia Comisión Europea ha llamado "ola de rehabilitación de edificios".
En el sector son optimistas y en la reciente cumbre de la CEOE el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, incidió en que destinar 2.000 millones de euros en rehabilitar 120.000 viviendas al año generaría riqueza por valor de 52.000 millones.
Eso sí, la patronal demanda bonificaciones fiscales ligadas a la calificación energética de los edificios, establecer un IVA reducido a la rehabilitación y que las ayudas y subvenciones no tributen como incremento patrimonial.
