La salida de España del control de Bruselas abre la puerta a la autonomía financiera valenciana

VALÈNCIA. La salida del procedimiento de déficit excesivo de España, declarado por Bruselas hace dos días, ha dado un respiro al gobierno nacional y también al valenciano, que podrá relajar la supervisión y el control financiero desde Madrid. La infra-financiación de la Comunitat Valenciana y su acogimiento al fondo de Liquidación Autonómica (FLA) dejaron al Consell de la Generalitat con las manos atadas desde 2012, en el epicentro de la crisis.  Con el último informe del Semestre Europeo, Bruselas recomienda a España prudencia al tiempo que inversión pública en empleo de calidad, investigación, gastos sociales e innovación. Dependencia, sanidad y educación están en el centro de las inversiones que quiere Bruselas que cumpla España y que dependen exclusivamente de los gobiernos autonómicos con competencias transferidas en estas materias. Los hombres de negro dejarán de venir cada seis meses para inspeccionar las cuentas del Ministerio de Economía al  haber desaparecido las medidas correctivas y sancionadoras, y España quedará sólo bajo medidas de vigilancia.

En el caso del Gobierno valenciano, la sangría ha sido doble. Por un lado, de tipo reputacional, al venir marcado por una etapa del gobierno popular de derroche y corrupción. Y, de otro, por el control férreo de las cuentas por parte del gobierno central en la época del Ministro Montoro, que obligó a los sucesivos gobiernos de la Generalitat a acogerse al FLA para tener liquidez, ya que los mercados internacionales estaban cerrados. Ello significa que el Estado español es finalista y que el presupuesto con el que cuenta la Generalitat está condicionado, controlado y supervisado hasta el ultimo céntimo, incluso cuando ha habido superávit, como también ha sido el caso de algunos ayuntamientos. Se ha dado por ejemplo la circunstancia de que por ejemplo, el gobierno valenciano no era quien pagaba directamente a proveedores como los farmacéuticos, sino que el dinero presupuestado por la Generalitat para estos productos lo pagaba directamente España.

Manuel Sanchis, profesor titular de Economía Aplicada de la Universitat de València explica que, "el que España abandone el brazo correctivo de Bruselas, también será positivo a corto o medio plazo para las autonomías", ya que recuperarán la confianza de los mercados financieros y podrán abandonar el FLA y, con ello, su dependencia actual del Estado. Sanchis añade que "aunque no vaya a modificarse la deuda soberana, las perspectivas financieras son mejores y, en la clasificación de las agencias de rating, mejorará la prima de riesgo también a nivel autonómico. Esta mejora de la calidad crediticia de España revierte en la de las Comunidades Autónomas y contribuye a que sea mas fácil que salgan  del control del gobierno central a través del FLA, y puedan obtener financiación de los mercados financieros como antes de la crisis". En este sentido, aclara el profesor Sanchis, "es un factor que va suavizar las condiciones a las autonomías que tienen negados en estos momentos los mercados internacionales ya que podrán emitir deuda publica".

Así, entre las recomendaciones de Bruselas que afectan directamente al Gobierno valenciano están las de "asegurar el empleo y los servicios sociales", y "mejorar el apoyo a las familias y abordar las brechas de cobertura en la asistencia nacional para el desempleo y los esquemas regionales de ingreso mínimo". En Educación, el Consejo de la Unión Europea insta a "reducir el abandono escolar prematuro y mejorar los resultados educativos, teniendo en cuenta las disparidades regionales", además de "aumentar la cooperación entre la educación y las empresas con miras a mejorar la provisión de habilidades relevantes para el mercado laboral, en particular para las tecnologías de la información y la comunicación". También recuerda que hay que "mejorar la efectividad de las políticas que apoyan la investigación y la innovación".

Ley de Unidad del Mercado

Por último, recomienda incentivar "la eficiencia de los recursos y la energía, mejorar la infraestructura de transporte ferroviario y extender las interconexiones de energía con el resto de la Unión, teniendo en cuenta las disparidades regionales". Y añade que se promueva una Ley de Unidad del Mercado para asegurar el acceso de las actividades económicas "en todos los niveles de gobierno" y, en particular para mejorar la "cooperación entre las administraciones".

Con todo ello, la primera de las recomendaciones de Bruselas advierte que hay que "asegurar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público neto primario no exceda el 0.9% en 2020, correspondiente a un ajuste estructural anual de 0.65% del PIB". Para ello aconseja "tomar medidas para fortalecer los marcos fiscales y de contratación pública en todos los niveles de gobierno, preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones y que utilice ganancias imprevistas para acelerar la reducción del índice de deuda del gobierno general".