Las autonomías tendrán cómo máximo tres meses para convocar el Plan Moves III

VALÈNCIA (EFE). Las convocatorias de las comunidades autónomas de las ayudas del Plan Moves III para vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga (tanto públicas como privadas) deberán efectuarse en el plazo máximo de tres meses, según la disposición general publicada hoy en el BOE por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El IDAE controlará la ejecución del presupuesto del Moves III (de 400 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2023 y que podrán ser ampliables a 800 millones en función a la demanda) a los seis, doce y quince meses desde su entrada en vigor.

En el caso de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se establece que, si a los quince meses de la publicación de la norma, estas no han adjudicado un 80 % del presupuesto asignado, se les podrá exigir un reembolso del 50 % de la partida no comprometida.

Como medida general se establece que el incumplimiento por parte de las comunidades de la obligación de informar sobre la ejecución del Moves III podrá dar lugar a un procedimiento de reintegro por la totalidad de las cantidades percibidas.

De la cantidad que perciba cada comunidad autónoma (se determina en función de la población) inicialmente se deberá destinar "hasta un 80 %" a la adquisición de vehículos eléctricos, híbridos enchufables o de pila de combustible; y "hasta un 50 %" para el apoyo al despliegue de infraestructura de recarga.

Además, podrán reservar una parte para solicitantes con discapacidad y movilidad reducida o empadronadas en municipios de menos de 5.000 habitantes, o bien para operaciones que lleven asociado el achatarramiento de otro vehículo de al menos siete años de antigüedad y que sea propiedad del solicitante desde los 12 meses anteriores (que llevan aparejadas ayudas de 7.000 euros para un coche y de 9.000 para una furgoneta).

Durante los dos meses siguientes a la finalización de la vigencia de las correspondientes convocatorias, si alguna de las partidas destinadas a un programa de actuación no se hubiera agotado y otra tuviera lista de reserva o espera, se podrá reasignar el presupuesto a criterio de la comunidad autónoma.

Los beneficiarios de las diferentes ayudas serán particulares (al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social), autónomos, empresas (no los concesionarios, ni las que estén en situación de crisis o pendientes de recuperación de alguna ayuda), así como las administraciones.

La concesión de la ayuda, así como su entrega, será competencia de las comunidades autónomas, que lo deberán hacer en un plazo máximo de 6 meses.

La adquisición de los vehículos nuevos podrá ser por compra directa o por medio de operaciones de financiación (leasing o renting) y su factura deberá ser posterior al 9 de abril. También son objeto de ayudas los vehículos eléctricos y de pila de combustible (coches, furgonetas y motos) con hasta nueve meses de antigüedad (conocidos como de demostración). Quedan excluidos autocares, autobuses, camiones, furgones o biclicletas, que sí estaban recogidos en el Moves II.

El tope de precio de los coches beneficiarios de ayudas (de entre 2.500 y 4.500 euros si no se achatarra, y de 5.000 y 7.000 euros si se entrega vehículo) es de 45.000 euros, que se elevan a 53.000 si se trata de un eléctrico de 8 o 9 plazas.

Las furgonetas (las ayudas son de 7.000 euros o de 9.000 si se achatarra) no tienen un precio máximo, mientras que el de las motos es de 10.000 euros (las ayudas respectivas son de 1.100 o de 1.300 euros).

Las cantidades citadas cambian para las empresas, en función de que sean pymes (de 1.700 euros a 4.000 euros) o sean grandes (1.600 a 3.000) y adquieran un coche, una furgoneta (de 2.900 a 5.000 euros) o una moto (de 700 a 950 euros).

El límite de ayudas será de 50 vehículos por destinatario último y año.

En el caso del programa de incentivos a los puntos de recarga el límite de la ayuda será de 800.000 euros por expediente, aunque, en ningún caso, se podrán conceder más de 2,5 millones en todo el período de vigencia de una convocatoria autonómica.