VALÈNCIA. El Pleno del Consell ha aprobado este viernes modificar el decreto que regula las ayudas extraordinarias no reembolsables de apoyo a la solvencia empresarial frente a la Covid-19, conocidas como Plan Resistir Plus, para extenderlas a todos los autónomos y empresas independientemente del sector económico al que pertenezcan y para permitir también que las subvenciones puedan destinarse a cubrir los costes fijos, algo que inicialmente no se había previsto.
El Consell ha aprobado esta modificación al no cubrirse con la demanda inicial el total de 647 millones con los que está dotado este plan, financiado por el Estado a través de un fondo no reembolsable a favor de las CCAA. Tras este cambio, se abrirá un nuevo plazo para solicitar estas ayudas a partir del próximo 28 de julio.
En concreto, el plazo para todas las empresas que deseen presentar su solicitud o ampliar la solicitud que habían realizado en la primera convocatoria, se iniciará el miércoles 28 de julio a las 09.00 con el proceso de cita previa y finalizará el viernes 20 de agosto a las 23.59 horas, informa la Conselleria de Hacienda en un comunicado.
Las solicitudes podrán empezar a presentarse desde el jueves 29 de julio y no se distinguirá entre profesionales que tributan por estimación directa o estimación objetiva, sino que podrán presentar indistintamente sus solicitudes dentro del plazo estipulado.
Las ayudas mantienen su carácter finalista, por lo que deben destinarse a satisfacer la deuda con proveedores, acreedores financieros y no financieros, siempre y cuando estos se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.
La principal novedad es que el nuevo decreto incluye la posibilidad de aplicar las ayudas a la satisfacción de los costes fijos de las empresas no cubiertos que hayan sido determinantes de pérdidas contables, excluyendo las pérdidas por deterioro del valor, tal y como están definidos de conformidad con el Marco Temporal Nacional relativo a las medidas de ayuda a autónomos y empresas destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19.
Inicialmente, el Ministerio de Economía impuso que las ayudas, cuyo objetivo era garantizar la solvencia empresarial, se destinasen a pagar deuda pendiente.
Hasta ahora, el Consell contemplaba 188 actividades económicas que podían optar a las ayudas de la Línea COVID-19 del Estado, ya que a los 95 sectores iniciales que quedaron recogidos en el decreto del Gobierno central, el Consell incorporó un total de 93 sectores elegibles. Ahora, se da un paso más y se decide ampliar las ayudas a todos los sectores económicos hasta agotar la totalidad del crédito disponible de 647 millones de euros para las empresas valencianas.
Se ha entendido que la situación de una determinada empresa no siempre se corresponde con la situación del sector al que pertenece, máxime cuando la disponibilidad estadística de los datos a nivel regional es limitada y se utiliza información agregada de cada uno de los sectores. Además, se advierte una fuerte interrelación entre la actividad de empresas clasificadas en diferentes códigos CNAEs, incluso pertenecientes a sectores completamente diferenciados cuyo grado de dependencia en la actualidad es muy elevado.
A ello se une el hecho de que una caída drástica en la actividad de una determinada empresa afecta inexorablemente a las empresas que formen parte de su cadena de valor, destaca la Conselleria.
Asimismo, la situación actual de pandemia sigue exigiendo la adopción de medidas de tipo sanitario que, junto con las diversas recomendaciones en materia de movilidad tomadas por diferentes países, en la actualidad, están teniendo un impacto económico que afecta, de manera directa o indirecta, a toda la economía valenciana, por lo que se prevé necesario apoyar la solvencia de todas las empresas como medida para la reactivación económica. ´
Aunque la financiación es del Estado, las convocatorias de estas ayudas, así como la tramitación y gestión de solicitudes, incluyendo su resolución, el abono de las subvenciones y los controles de pago, corresponde a las comunidades autónomas, que deberán reeembolsar las cantidades que no hayan adjudicado antes de que acabe el año.
