MADRID (EP). Las patronales del automóvil han planteado que la próxima reforma fiscal que emprenda el Gobierno de coalición exima de impuestos a los vehículos de cero emisiones, con el objetivo de favorecer la renovación del parque en favor de aquellos menos contaminantes.
Así consta en el documento trasladado por las organizaciones Anfac, Faconauto, Ganvam y Sernauto al grupo de expertos a los que el Ministerio de Hacienda ha encomendado el estudio de los posibles cambios de cara a esta reforma.
Concretamente, proponen eximir a los usuarios de estos vehículos del nuevo impuesto medioambiental que vendría a sustituir al actual Impuesto de matriculación, del Impuesto de Circulación y también del IVA, que proponen dejar exento o reducido al menos para estos vehículos.
En primer lugar, plantean la necesidad de sustituir el actual impuesto de matriculación --Impuesto Especial de Determinados Medios de Transporte (IEDMT)-- por un nuevo impuesto medioambiental, basado en las emisiones de CO2 y la antigüedad de los turismos, cuya base imponible anual serían los g/km de CO2 que emite cada vehículo multiplicado por el tipo.
La propuesta de las patronales para que esta base sea cero para los vehículos de cero emisiones, pudiéndose graduar por antigüedad, es que se aplique anualmente a todos los vehículos sujetos al de matriculación, y plantea la posibilidad de incluir bonificaciones, en función de la renta o para zonas de baja densidad.
Para el Impuesto de Circulación (VTM), cuyas bonificaciones se permiten hasta el 75%, plantean llevarlas al 100% para vehículos electrificados de Etiqueta Cero, y bonificaciones menores a híbridos no enchufables.
En el caso del IVA, plantean su eliminación o aplicación de un tipo reducido para la compra de vehículos según sus características medioambientales. En todo caso, reconocen que se trata de una medida que no será posible aplicar hasta que no sea recogida en la correspondiente directiva europea, cuyo cambio insta a respaldar durante su tramitación.
Otras rebajas fiscales propuestas pasan por eximir del IRPF las subvenciones a la movilidad sostenible, como las concedidas en el Plan Renove o Moves; recuperar la deducción del 10% en el Impuesto sobre Sociedades para inversiones en la adquisición de vehículos de menos emisiones, eliminada en 2011; o deducciones en el IRPF a la compra de vehículos, que ya aplican comunidades como Navarra y Castilla y León.
También sugieren un tipo impositivo reducido a la electricidad que suministren estaciones de recarga, tras la autorización de la Comisión Europea a Países Bajos sobre esta cuestión, y bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la distribución de vehículos, con el fin de compensar los costes de las infraestructuras de recarga.
Otras de las propuestas de las patronales van dirigidas a facilitar la renovación del parque, pero también a impulsar la actividad industrial, con aumentos en las bonificaciones de determinados impuestos en la cadena de valor.
Para la renovación de vehículos, llaman a homogeneizar al máximo la fiscalidad en el Impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), sujeto a normativa autonómica, con una imposición específica que distinga la antigüedad del mismo y se vincule a su nivel de emisiones.
También proponen aumentar las deducciones en el IRPF por retribución en especie derivada de la cesión de vehículos eficientes en el trabajo y permitir la amortización acelerada de las inversiones que permitan mejorar la eficiencia de la flota de vehículos de una empresa.
Respecto a la actividad industrial, las patronales plantean una batería de incentivos, como maximizar las desgravaciones a la I+D. En este sentido, recuerdan que en países como Francia o Alemania las deducciones alcanzan el 30% o el 25%, frente al 12% en el que España se quedan las desgravaciones para los proyectos de innovación industrial (IT).
Asimismo, también piden flexibilizar la amortización fiscal de inversiones en la cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada, aumentando las cuantías de inversión y ampliando hasta al menos 2025 su ámbito de aplicación.
Y es que argumentan que la medida actual tiene un impacto limitado (la cuantía máxima de inversión que puede beneficiarse llega a 500.000 euros), en un entorno en el que un fabricante medio alcanza un volumen anual de amortizaciones de 300 millones. Plantean ampliarla hasta incluso 50 millones y rebajar exigencias como el mantenimiento del empleo.
Otras medidas en este sentido pasan por bonificar el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) sobre la industria del automóvil alternativo, posibilitando una bonificación específica en la Ley de Haciendas Locales; la reducción de los costes del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para inversiones --se excluiría maquinaria e instalación en la fabricación de vehículos y componentes--; o la exención total del Impuesto Especial sobre la Electricidad a la energía consumida en procesos ya bonificados.
