VALÈNCIA. Los frentes de conflicto entre Compromís y PSPV se multiplican a medida que la legislatura agoniza. La Conselleria de Hacienda, dirigida por el socialista Vicent Soler, es el departamento envuelto en más choques, una circunstancia agravada en las últimas semanas por la tensión propia de tener que cuadrar el último presupuesto del Consell del Botànic.
Uno de los asuntos recurrentes de enfrentamiento interno en Hacienda es precisamente una de las promesas pendientes del Acord del Botànic: la transformación del Instituto Valenciano de Administración Tributaria en una agencia tributaria valenciana. El decreto para la creación de este departamento, impulsado desde la Secretaría Autonómica de Hacienda al frente de la cual está Clara Ferrando (Bloc-Compromís) está congelado desde hace meses precisamente por los recelos del sector socialista de Hacienda sobre algunos de los principios en los que se asienta.
El último revés a la creación de esta agencia, que permitiría disponer de un ente valenciano gestor y recaudador de tributos propios y cedidos independiente de la agencia estatal, ha llegado desde la Subsecretaria de la propia Conselleria de Hacienda, que ha frenado tanto el cambio de nombre del IVAT por el de Agència Tributària Valenciana como el hecho de que pueda contar con personal laboral propio.
Zulima Pérez, que hace unos meses llegó a esta Subsecretaria a propuesta del PSPV, respondió de forma negativa a las alegaciones presentadas en ese sentido por el director general de Tributos Y Juego y director del IVAT, Eduardo Roca.
En su escrito de respuesta, la subsecretaria de Hacienda justifica la inadmisión de la alegación porque esta fue remitida "en fecha 14 de septiembre (el plazo para remitir propuestas estaba finalizado) e iba sin ningún informe".
La del cambio de nombre y la del personal no han sido las únicas alegaciones desestimadas. Roca también ha visto rechazada otra alegación para modificar el borrador del anteproyecto de la Ley de Medidas antes de que lo aprobase el Consell para modificar una disposición adicional de la la Ley de Función Pública Valenciana en el sentido de "incluir de nuevo el cuerpo superior técnico de inspectores de tributos" y para cambiar un anexo de la misma Ley con el objetivo de crear la "escala de agentes tributarios" dentro del cuerpo administrativo de la Generalitat.
El rechazo de Zulima Pérez a estas dos peticiones se justifica porque, a su vez, no fueron admitidas por la Dirección General de Función Pública, cargo ocupado paradójicamente por Eva Coscollá, designada por Compromís.
Tras no conseguir estas modificaciones en el texto del Anteproyecto ya aprobado por el Consell, Compromís lo volverá a intentar en Les Corts vía enmiendas a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat de 2019. Para prosperar, la formación espera contar con el respaldo del grupo parlamentario socialista.
Así lo explican fuentes de la coalición que no aciertan a comprender la resistencia del sector socialista de la Conselleria por llevar a cabo cuestiones como el cambio de nombre o, en sentido más amplio, la congelación desde el pasado verano por parte del conseller Soler del decreto que daría lugar al nacimiento formal de la agencia.
Hace apenas diez días, precisamente tras el pleno extraordinario en el que el Consell sacó adelante la Ley de Medidas, el conseller de Hacienda enfrió mucho las expectativas sobre las posibilidades de cumplir esta legislatura con el eje 5 del Acord del Botànic, el que contempla la creación de la agencia tributaria propia.
En concreto, Soler aludió a reparos planteados por Función Pública o la Abogacía de la Generalitat respecto al texto del decreto, en concreto respecto a la creación del cuerpo especial de inspectores tributarios, de manera que dejó entrever que la transformación del IVAT podría quedar para una posible reedición del Botànic.
Según entienden los diseñadores de la futura agencia, la posibilidad de contar con personal laboral propio le permitiría generar sus propias plazas para informáticos especializados en gestión tributaria. De lo contrario, tendría que contar con personal trasvasado desde la Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC).
La autonomía funcional del IVAT al margen de DGTIC, justificada por el hecho de ser un centro gestor de ingresos, ha sido precisamente uno de los asuntos que han retrasado durante meses la creación de una agencia de tributos propia.
De hecho, Compromís llegó a frenar en varias ocasiones antes del pasado verano el cambio del Reglamento Orgánico y Funcional de Hacienda (ROF) al no obtener el visto bueno del conseller Vicent Soler al decreto de creación de la agencia tributaria con la garantía de esa autonomía funcional.
Tal y como publicó Valencia Plaza, finalmente la coalición cedió en su deseo de crear con el nuevo ROF una nueva Dirección General de Política Financiera que quedaría bajo su órbita y el nuevo reglamento fue aprobado por el Consell en su último pleno antes de las vacaciones de verano. En Compromís confiaban en que esta circunstancia desbloquearía el nacimiento de la Agència Tributària Valenciana, pero a día de hoy sigue sin producirse.