Sonia Díaz, directora de la Agencia Tributaria Valenciana. Foto: MARGA FERRERVALÈNCIA. La Agencia Tributaria Valenciana (ATV) ha decidido poner fin a la obsoleta manera de remunerar a los registradores de la propiedad por la gestión y liquidación de varios impuestos autonómicos. Para ello, la Conselleria de Hacienda deberá cambiar la fórmula de cálculo de estos emolumentos fijada en una orden aprobada en mayo de 1993 cuando gobernaba Joan Lerma, pero, mientras se aprueba, ha emitido otra orden para atajar el aumento del coste de este servicio como consecuencia de la inflación.
Así, según la orden firmada por el conseller Arcadi España el pasado 10 de agosto, "las retribuciones de los registradores y registradoras de la propiedad, en cuanto liquidadores de las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, no podrán superar en su conjunto, en el ejercicio 2022, el importe percibido en el ejercicio 2021".
Se trata, según el texto de la orden, de un "sistema retributivo provisional para lo que queda de ejercicio presupuestario", con el fin de adecuar los honorarios de las oficinas liquidadoras "a las circunstancias derivadas de la elevada inflación agravada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y al notable incremento de las transacciones inmobiliarias que se viene produciendo en los últimos meses, al estar actuando la propiedad inmobiliaria como valor refugio ante las incertidumbres económicas y la inflación, teniendo en cuenta los límites presupuestarios".
La ATV atajará así el incremento del coste del servicio -parejo, cabe subrayarlo, al incremento de la recaudación-, que debido a la fórmula de retribución estaba alcanzado unos importes desproporcionados para el trabajo que efectúan estas oficinas, que, de hecho, es cada vez menos laborioso gracias a que está todo más informatizado que hace 29 años.
En la Comunitat Valenciana existen unos 60 registros de la propiedad que desde 1987 realizan para la Conselleria la función de oficinas liquidadoras de los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones. Por este servicio reciben una retribución que en 1993 se estableció en el 4% de las cuotas ingresadas.
En 2020 el gasto del organismo que dirige Sonia Díaz por este servicio fue de 31,61 millones de euros. En 2020, a causa de la menor actividad por la pandemia, bajó hasta 27,47 millones, y en 2021, debido al aumento de precios y de la actividad inmobiliaria, ascendió a 33,18 millones, un 20,8% más. Ese es el tope establecido para este año, en el que la ATV calcula que se ahorrará unos 5 millones.
Según explica Hacienda en la propia orden, la ATV ha iniciado un proceso de revisión integral del sistema "que lleva vigente más de 25 años y que no se corresponde en gran parte con el actual sistema de gestión, con una gran presencia de sistemas de presentación telemática y integración directa de datos a partir de suministros automatizados por parte de terceros". Un sistema que, además, a corto plazo tendrá que ser íntegramente electrónico, según establece la normativa estatal.
La principal modificación que se prepara, según ha podido saber Castellón Plaza, es que la retribución de la Generalitat para las oficinas liquidadoras será un importe fijo por cada una de las prestaciones que realicen y no un porcentaje del dinero recaudado, algo lógico si se tiene en cuenta que la carga de trabajo es la misma sea cual sea el importe del ingreso.
Los registradores y registradoras de la Comunitat Valenciana eran conocedores de esta congelación y de que se iba a cambiar el sistema, ya que así se lo comunicó la ATV al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de la Comunitat Valenciana, Carlos Orts, antes del verano.
Fuentes del Colegio explican que a nadie le gusta que le limiten los ingresos, pero que el colectivo ha entendido y asumido las circunstancias de dificultades financieras en las que se encuentra la Generalitat y las explicaciones que les dieron desde la ATV.
