FOTO: EFEBRUSELAS. La virulencia de la nueva mutación de la covid-19 que se ha extendido por Europa y las divergencia con la Unión Europea (UE) por la compra de las vacunas han empañado la reunión informal de ministros de Sanidad celebrada Lisboa, que ostenta la presidencia del Consejo Europeo durante este semestre. Mientras entramos en la tercera ola de propagación del virus con una cepa mucho más contagiosa, se han puesto de manifiesto las principales divergencias por los contratos bilaterales firmados por algunos Estados miembros con las farmacéuticas y la falta de coordinación de la estrategia de vacunación.
La reunión ha estado presidida por la ministra de Sanidad portuguesa, Marta Temido, y han participado también la comisaria europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, así como representantes del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos. El objetivo era evaluar la situación de la estrategia de la Unión Europea para luchar contra la pandemia y coordinar el despliegue de vacunas en los diferentes Estados miembros.
A finales de diciembre se descubrieron dos mutaciones procedentes del Reino Unido y Sudáfrica, y queda por identificar otra que se ha propagado desde Brasil. La cepa británica comenzó a circular muy pronto debido a la cercanía con el continente europeo y a la estrecha relación comercial con el Reino Unido.
Kyrikiades y Tamido han declarado que “la identificación de las nuevas variantes es un tema que preocupa a todos los países”. Y añaden que “sabíamos que el virus evolucionaría de forma natural, pero somos conscientes de que debemos identificar las nuevas características de esta variante que la vuelve más transmisiva y empeora el problema epidemiológico”. La comisaria ha pedido a los Estados que faciliten los datos a la Agencia europea encargada de la coordinación, “para prevenir y controlar la capacitación de cada país y su capacidad de investigación sobre esta nueva variante”.
Las dificultades en coordinar el proceso de vacunación han revelado una fase de contagio extremo de la pandemia en toda la Unión Europea. Esta situación era de esperar tras las vacaciones y fiestas de navidad, pero los ministros han alarmado sobre el alto número de infectados que denota una mutación del virus que lo convierte en altamente infeccioso durante este tercer brote. Los ministros han insistido en la posibilidad de acelerar las investigaciones de los remedios y vacunas pendientes.
La comisaria, por su parte, ha insistido en la “estrategia de la compra conjunta”, que fue acordada por la Comisión Europea el pasado mes de junio. Stella Kyriakides ha recordado que ningún país puede firmar un contrato bilateral previo al de la Unión Europea, al tiempo que era interpelada por el anuncio de su país, Chipre, de comprar vacuna a Israel. Sin embargo, la polémica saltó hace diez días con las declaraciones del ministro de salud alemán, confirmando el acuerdo firmado en septiembre con Pfizer, pese a que la Comisión lo firmó en noviembre, es decir, dos meses después.
Estas disensiones aparecen en un momento crítico en el que la Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que agilicen el proceso de vacunación, que se está viendo ralentizado en muchos países por problemas logísticos o de recursos humanos. Para coordinar mejor la estrategia de vacunación conjunta en el espacio europeo, la Comisión ha pedido a los ministros de Sanidad que le faciliten los datos de vacunación dos veces a la semana, a través de Centro Europeo de Prevención y Coordinación de Enfermedades.
“Desde le inicio de esta pandemia, nos dimos cuenta de que las medidas individuales no son buenas para nadie y hay que trabajar juntos todos”, insistió la comisaria. Y recordó que, aunque algunos países han anunciado la compra de vacunas por su cuenta, como Chipre, “nosotros apoyamos las compras conjuntas y las cantidades en función de la población de cada país. Hay que respetar la compra conjunta”.
Durante la situación de crisis sanitaria se registraron casi 14 millones de contagios y más de 122.000 muertes, de las cuales un 8,65% se produjeron en la Comunitat Valenciana
