CASTELLÓ. La tercera revisión catastral solicitada por el Ayuntamiento de Castelló a la Gerencia Territorial del Catastro para el año 2020 y aprobada recientemente por Consejo de Ministros implica un descenso acumulado del 18% de los valores catastrales de los inmuebles urbanos desde 2017. Se trata de la tercera revisión consecutiva que pide la alcaldesa, Amparo Marco, para atenuar el impacto de la contribución urbana en la ciudadanía, puesto que el importe del valor catastral repercute en la factura final del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
La alcaldesa explica que con esta petición el Gobierno municipal busca compensar el efecto de la ponencia de valores aprobada en 2012, en pleno boom inmobiliario, que fijó unos altos precios fiscales para la vivienda. "Una medida que demuestra la sensibilidad de esta corporación con la realidad económica de las familias castellonenses", ha indicado.
Marco ha apuntado que Castelló es una de las tres únicas capitales de provincia de España donde bajará el impuesto en 2020, que afectará también a otros impuestos de carácter nacional.
Así, el concejal de Hacienda, David Donate, apunta que el valor catastral "no solo afecta al importe que tenemos que pagar en el recibo del IBI, sino también a impuestos de carácter nacional como el IRPF, plusvalías, transmisiones patrimoniales y sucesiones". En total, el consistorio ha estimado que gracias a esta nueva reducción para 2020, "dos millones de euros se quedarán este año en los bolsillos de los y las castellonenses".
La primera revisión catastral se solicitó en 2017, una vez pasados los cinco años que exige la legislación desde que se realizó la última ponencia de valores (en 2012) y tras la solicitud previa municipal, un requisito también para que se pueda aprobar una actualización de los valores catastrales.
De esta manera, un inmueble real de Castelló cuyo valor catastral en 2017 era de 101.662,60 euros, pasará a ser este año de 83.455,95 euros, lo que implica una bajada del 18% en este periodo.
Esta tercera revisión solicitada por la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, se aplica desde el 1 de enero de este año. "El Gobierno municipal busca adaptar la fiscalidad a la realidad económica de la ciudadanía, por eso se ha pedido esta nueva rebaja, por tercer año consecutivo, para compensar la revisión al alza que entró en vigor en el año 2012, justo después del estallido de la burbuja inmobiliaria", apunta Donate.
De esta forma, para el año 2020 se aplicará un coeficiente de actualización del 0,97, que implica en la práctica una bajada del 3% del valor catastral del inmueble con respecto a 2019 y un 18% con respecto a 2017.
Esta actualización se produce a solicitud de los ayuntamientos y supone una modificación de la valoración del inmueble, la base sobre la que se aplica el gravamen fijado por cada ayuntamiento para el pago del IBI y que, en el caso de Castelló, "también se ha rebajado en los últimos años de gobierno progresista", ha apuntado Donate. Así, para el ejercicio 2015 se fijó un gravamen del 0,7875%; en 2017 se bajó al 0,7475% y en 2018 al 0,69%.