Les Corts convalidan el decreto de sanciones en servicios sociales entre críticas de la oposición 

VALÈNCIA (EP). La Diputación Permanente de Les Corts ha convalidado este viernes el decreto ley de régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de la covid-19 en el ámbito de los servicios sociales con el apoyo de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), mientras desde la oposición han acusado al Consell de "criminalizar" al sector residencial y han criticado especialmente la gestión realizada por la vicepresidenta Mónica Oltra.

Oltra ha defendido la "urgente necesidad" de este instrumento jurídico, aprobado por el Consell en 7 de agosto, que sirve "para salvaguardar la salud pública en un ámbito tan delicado como los servicios sociales valencianos" para proteger a sus usuarios y trabajadores. El Botànic ha votado a favor, Ciudadanos (Cs) y Vox en contra y el PP se ha abstenido.

Este decreto detalla las infracciones consideradas leves, graves y muy graves, atendiendo a los criterios de riesgo para la salud, cuantía del eventual beneficio obtenido, grado de intencionalidad, gravedad de la alteración sanitaria y social producida, generalización de la infracción y reincidencia.

Por ejemplo, establece que el mantenimiento de un trabajador en su puesto de trabajo, en cualquier tipo de establecimientos, hogares, centros y residencias de servicios sociales, cuando se conozca que tiene síntomas evidentes de haber contraído la enfermedad o haya dado positivo en covid-19 podrá ser sancionado como infracción muy grave, que podrá sancionarse con entre 30.001 y 60.000 euros.

De hecho, recoge los distintos tipos de infracciones relativas al incumplimiento de los aforos, las medidas de higiene y prevención, del confinamiento o la cuarentena una vez sean decretados o la negativa a la realización de las pruebas diagnósticas de detección cuando corresponda por prescripción sanitaria, entre otras.

Se establece que las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o multa de 60 hasta 600 euros; las graves van de 601 a 30.000 euros y las muy graves, de 30.001 a 60.000 euros.

Críticas desde la oposición

La diputada del PP Elena Bastidas ha calificado el decreto ley como "injustificado, desproporcionado, impreciso e inadecuado", además de ser "una birria jurídica". A su juicio, "lleva el sello de Oltra como gestora durante esta crisis: ir siempre detrás de los acontecimientos y no escuchar a los afectados".

Para la diputada 'popular' este texto "busca tapar su incapacidad criminalizando al sector de las residencias". Ha criticado que en una situación de emergencia sanitaria "en lugar de escuchar y consensuar la solución, esta sea castigar" y ha lamentado: "Entre ayudar e imponer, Oltra lo tiene muy claro".

También lo ha criticado el diputado de Cs Fernando Llopis, que ha afirmado que está "hecho a toda prisa para ser aprobado con agosticidad y alevosía" y "sin hablar con los agentes implicados y sin permitir que el resto de partidos políticos puedan hacer aportaciones".

A su juicio, "encierra un fracaso en la gestión" de la conselleria de Oltra tras "tanto tiempo de inactividad" en el que "ha estado escondida" y es "una chapuza" que "no clarifica nada, genera incertidumbre". "El sector no necesita un sistema punitivo, necesita ayudas", ha incidido.

Asimismo, ha señalado que la ley de servicios sociales permitiría abordar este tipo de sanciones y ha pedido que no se criminalice al sector porque "ha cumplido los protocolos de forma escrupulosa durante los peores momentos de la pandemia".

El diputado de Vox José María Llanos ha apuntado que es "otro decretazo" que genera "una inseguridad jurídica monumental, supone una invasión de competencias de ámbito estatal" y "deja fuera de cualquier conducta imprudente a la administración pública".

Ha recordado que ya hay un decreto ley con el régimen sancionador general ante la Covid-19 pero ahora Oltra se ha "sacado otro decretazo con esa voracidad normativa al más puro estilo bolivariano" con el que "esconde la cabeza" y "culpabiliza a todos para tapar sus propias vergüenzas". "Es anticonstitucional, sobra y ofende al sentido común, han venido a culpabilizar al sector", ha zanjado.

El Botànic responde

El diputado de Compromís Carles Esteve, por su parte, ha defendido la necesidad del decreto en tanto que la obligación de los poderes públicos es "garantizar dentro de lo posible las mejores condiciones para afrontar esta situación" y también ha indicado que se necesita "más inspección y más control" en servicios sociales.

También ha respondido a las críticas de la oposición hacia Oltra, señalando que hay diferentes formas de actuar, "la de gestionar y la del politiqueo" y el Botànic opta por la primera, la de estar "en el día a día". Ha admitido que "la mayoría hace las cosas bien" pero hay quien no y "cuando se pone en riesgo una vida humana hay que sancionar". "Dejémonos de victimismos, a trabajar juntos sector público y privado", ha añadido.

La socialista Rosa Peris ha asegurado que el decreto cumple las normas legales y ha criticado la "demagogia" de quienes hablan de su inconstitucionalidad pero no lo han recurrido. Asimismo, ha afirmado que su grupo siempre defenderá "los derechos de las personas" antes que los de cualquier sector.

La diputada de Unides Podem Estefania Blanes ha indicado, por su parte, que las sanciones no deben ser un fin en sí mismo, pero son un instrumento para garantizar que se cumplen las normas porque una actuación inadecuada "tiene consecuencias gravísimas". "En Alcoi tenemos un ejemplo muy sangrante", ha señalado.