VALÈNCIA. Casi año y medio ha costado. Los grupos parlamentarios constituyeron este martes la comisión de investigación sobre la deuda de la Comunitat Valenciana que deberá analizar los efectos de la infrafinanciación en esa deuda, el coste y las consecuencias de la corrupción en ella. Una comisión que aprobó el tripartito conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem en febrero de 2020 a propuesta de los últimos, que según confirman fuentes parlamentarias no han tenido mucha prisa en instar a sus socios de Gobierno para que esta arrancara en el casi año y medio que ha transcurrido.
Un periodo de tiempo tan basto que pocas cosas no han dado un giro de 180º desde entonces. Cuando se aprobó, Naiara Davó todavía era síndica de Unides Podem; Toni Cantó aún dirigía Ciudadanos y su grupo lo conformaban 18 diputados; e Isabel Bonig era la presidenta del PPCV y portavoz en Les Corts.
El Consell se dedicaba a otros menesteres que no eran pandemia y en el panorama nacional Pablo Iglesias aún era ministro y líder de la formación morada, Ciudadanos estaba tocado tras las elecciones del 10N pero no hundido, e Isabel Díaz Ayuso no había arrasado en unas elecciones autonómicas provocadas por sus socios -decidió adelantarlas ante el temor de que Cs, con quien gobernaba, le hiciera la misma jugarreta que le habían hecho a Fernando López Miras en la Región de Murcia a pesar de gobernar conjuntamente-.
Si bien es cierto que desde que un mes después de aprobarse el Gobierno decretó el estado de alarma, también lo es que el Parlamento valenciano retomó su actividad en mayo del año pasado y desde entonces no se ha tratado de conformar esta comisión. Lo que implica que a lo largo de un año ha estado esperando en el cajón para poder constituirse; un trámite que, cabe apuntar, es sencillo porque conlleva simplemente designar a los diputados que formarán parte de ella.
Con todo, será la primera comisión de investigación que aborde el Parlamento valenciano en esta décima legislatura, pero también la única puesto que el tripartito ha rechazado todas las propuestas -en torno a 15- que ha puesto sobre la mesa la oposición para investigar, entre otras muchas cuestiones, la atención que se prestó a los pacientes covid-19 en la escuela de enfermería del antiguo hospital La Fe o las ayudas para la promoción del valenciano de las que se beneficiaron empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, Ximo Puig.
Ahora, por tanto, los grupos parlamentarios del Botànic están dispuestos a investigar, pero lo harán sobre una cuestión que ellos mismos propusieron. La diferencia con el mandato anterior es sustancial, puesto que entonces los diputados tuvieron que fijar en una Junta de Síndics un tope de comisiones de investigación que estudiar simultáneamente para poder hacerlo de manera eficaz, por lo que algunas de ellas tuvieron que ponerse en cola.
En la mayoría de ellas, se analizaba la gestión del gobierno anterior; es decir, del PP. Ahora, no obstante, la legislatura que precede a la actual corresponde a la gestión del propio Botànic. La celeridad con la que ahora trabaje esta comisión, que ha tardado nada menos que 15 meses en constituirse será toda una incógnita. Para empezar, tendrán primero que aprobar un calendario y plan de trabajo. Por lo pronto y siempre que no se adelanten las elecciones autonómicas, tienen dos años por medio.
