Los partidos y los tránsfugas vuelven a tropezar con el Reglamento de Les Corts

VALÈNCIA. Los grupos parlamentarios no lograron tampoco este martes en la Junta de Síndics cerrar un acuerdo sobre qué derechos tendrán finalmente los diputados tránsfugas de Ciudadanos -José Antonio Martínez, Sunsi Sanchis, Jesús Salmerón y Cristina Gabarda-, y cómo afectará esta pérdida de representación a su ya exgrupo parlamentario, tanto en las comisiones de Les Corts como en lo que respecta a asignación económica.  

¿Los motivos? Ninguna de las partes implicadas quiere perder los derechos que tiene actualmente. Y aunque se puso sobre la mesa adoptar en esta ocasión el acuerdo al que se llegó en la legislatura pasada cuando otros cuatro diputados de Ciudadanos abandonaron el grupo para marcharse a no adscritos -Alexis Marí, David de Miguel, Alberto García y Domingo Rojo-, el grupo parlamentario naranja se negó a aceptarlo.

Esto es porque el acuerdo de 2017 fijaba para los no adscritos una portavocía en las comisiones en las que tuvieran representación, así como una asignación económica para poder desempeñar sus funciones: contratar personal, adquirir material, distribución de tiempos para intervenir en los plenos parlamentarios, etcétera. Y Ciudadanos, como dijo entonces y vuelve a repetir ahora, se opone frontalmente a este escenario y pide que los tránsfugas no tengan privilegios y se realice uno nuevo. 

De aplicarse el acuerdo aprobado hace cuatro años, Martínez, Salmerón, Sanchis y Gabarda serían portavoces en las cuatro comisiones en las que han solicitado participar en lo que queda de legislatura y Ciudadanos vería mermada su representación en estas. Hasta la marcha de los cuatro parlamentarios, los naranjas contaban con dos diputados en las comisiones y pasarían a tener uno en las cuatro comisiones en las que participasen sus excompañeros. Un detalle que es importante destacar es que la portavocía de comisiones repercute económicamente en los bolsillos de sus señorías, mientras que no ocurre lo mismo si fuesen simplemente vocales. 

Pero más allá de que Cs pudiera ver reducida su representación en comisiones, los naranjas también verían minorada las subvenciones que perciben de la institución por haber perdido cuatro diputados, pues es que el varapalo económico que sufrirían podría alcanzar casi los 120.000 euros al año. No en vano, la asignación a los grupos parlamentarios aprobada al inicio de la legislatura establece dos tipos de ayudas variables a los grupos parlamentarios por el número de diputados con el que cuentan. Cada uno de ellos tiene derecho a percibir una cantidad de 1.400 euros al mes y, aparte, otra de un importe de 1.077,44 euros para contratar personal. Al haber perdido cuatro diputados, Ciudadanos dejaría de ingresar un total de 9.909,4 euros cada mes y en total 118.913 euros anuales.

El grupo parlamentario que dirige Ruth Merino se niega, pero lo cierto es que lo que marca el acuerdo de las subvenciones es que la variable se percibe por cada parlamentario que integra el grupo. Por lo que no es lo mismo tener un grupo de 18 que de 14, como ahora ocurre. Una reflexión sobre la que ahondó este martes la diputada de Compromís, Aitana Mas: "El hecho de que Ciudadanos pueda mantener las condiciones económicas actuales sienta un precedente para que algunos grupos en el futuro puedan creer que es una buena vía tener una escisión para tener más recursos económicos", advirtió. 

La coyuntura no es sencilla de resolver, puesto lo que pide Cs y con lo que está de acuerdo el Botànic es no ceder en privilegios a los tránsfugas y realizar una nueva lectura para adaptar el acuerdo al Pacto Antitransfuguismo estatal que se actualizó en 2020. Este pacto establece que las personas no adscritas "no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente".

Una opción que, sin embargo, PP y Vox señalaron que debía estudiarse jurídicamente antes de adoptar, por lo que solicitaron que fueran los servicios jurídicos de la Cámara los que determinasen si existiría alguna duda legal para adaptar la hoja de ruta que se siguió hace ya casi cuatro años y no ser benévolos en cuanto a los derechos de los no adscritos. No en vano, en el Reglamento de Les Corts no se establece ninguna solución clara al respecto. 

Con todo, el dilema sobre la figura de los no adscritos vuelve a situarse en pleno centro de la actividad parlamentaria sin que los diputados hayan actualizado la normativa de la Cámara para poner negro sobre blanco los derechos que tienen los tránsfugas y los que mantienen los grupos perjudicados por las marchas de parlamentarios. Una cuestión que, a pesar de ser más recurrente, no ha motivado que sus señorías tomaran la determinación en la legislatura pasada de abordar una reforma de la normativa del Parlamento. Llueve sobre mojado.