VALÈNCIA. Los VTC tumban un nuevo concurso para el traslado urbano e interurbano del personal de la administración valenciana por limitarlo únicamente al sector del taxi. Una exclusión para optar al contrato que las empresas que operan vehículos con conductores consideran que vulnera el principio de libre competencia al restringir la posibilidad de concurrir en igualdad de condiciones con el taxi y que ha llevado, de nuevo, a la empresa Autos Diamond SL a recurrir la convocatoria que hace unos meses lanzaba la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, dirigida por Rafa Climent (Compromís).
Se trata del mismo movimiento que esta mercantil valenciana ejecutaba sobre la licitación que sacaba la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y que también limitaba al taxi la prestación del servicio de transporte de cargos de este departamento. Un recurso que obligaba al departamento de Mireia Mollà a anular la convocatoria para "estudiarlo con detenimiento y adaptar las nuevas características de la licitación", explicaban a este diario fuentes de la Conselleria. Ahora, Autos Diamond recurre el concurso de Economía que también queda anulado.
La insuficiencia de la flota de vehículos y personal conductor del Consell no satisface las necesidades de desplazamiento de cargos y empleados de los distintos departamentos de la administración valenciana y ha obligado a varias Consellerias a lanzar convocatorias para buscar operadores externos. Eso sí, con diferentes criterios. Mientras Presidencia, Economía y Agricultura se ceñían exclusivamente a empresas del sector del taxi, el departamento de Movilidad, controlado por el socialista Arcadi España y que precisamente regula estos servicios, abría el concurso también a las VTC en el caso de trayectos de larga distancia.
Como publicó Valencia Plaza, la Conselleria de Movilidad sacaba a concurso el contrato para el desplazamiento de su personal tanto para taxi como VTC cada uno en un lote distinto. Se trataba de la primera vez que se incluía a las empresas de vehículo con conductor en el servicio de transporte del personal de la administración valenciana, aunque únicamente para servicios interurbanos y de larga distancia y solo podían presentarse compañías con licencias y conductores autorizados, pero en ningún caso plataformas como Cabify o Uber.
Desde Movilidad explicaban que el contrato era "totalmente idóneo para satisfacer dichas necesidades al permitir la dualidad de servicios (taxi/vehículo con conductor) que podrán ser solicitados dependiendo de las circunstancias del desplazamiento, y siempre que no se disponga de personal conductor de la Generalitat". Finalmente, fue la mercantil Visual Think Labs la que se adjudicó el contrato para el desplazamiento en VTC y Radio Taxi, el segundo lote.
En cambio, Economía licitaba el concurso para la recogida y desplazamiento de sus altos cargos y funcionarios solo en taxi tanto dentro de València capital como alrededores. Un criterio diferente que, según explicaban desde el departamento de Climent, obedecía a que "los taxis ofrecen un servicio público cuyos precios están regulados por la Administración y se controlan mediante un taxímetro homologado". Además, justificaban su decisión aludiendo a la defensa "de las pymes y autónomos" que trabajan en dicho sector. Un restricción hacia las VTC que, como ocurrió con Agricultura, ha tenido sus consecuencias obligando a desconvocar el concurso.
Con sede en Quart de Poblet, la empresa valenciana Autos Diamond lleva más de 20 años ofreciendo servicios de alquiler de vehículos con conductores que van desde un sedán hasta coches de alta gama y de estilo clásico para eventos y bodas. Fue el pasado 4 de diciembre, antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas, cuando presentaba el recurso de reposición contra los pliegos del contrato de Economía que incluían la obligatoriedad de que los vehículos fueran identificados por su matrícula incorporando los distintivos de taxi para conocer su identificación y que la antigüedad del turismo que prestara el servicio no excediera, con carácter general, los diez años contados desde su primera matriculación.
Los motivos que exponía la empresa en su recurso se basaban en la "vulneración del principio de libre competencia" al excluir a empresas VTC. A su juicio, se creaban "obstáculos injustificados a la apertura de la contratación pública a la libre competencia". Asimismo, el recurrente apuntaba que "no existe justificación para que este servicio de transporte urbano e interurbano se reserve a los vehículos de taxi cuando la Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana, permite que este servicio pueda ser realizado mediante el arrendamiento de vehículos con conductor u otras modalidades similares". Unos argumentos similares a los que ya esgrimió para revocar el concurso de Agricultura afirmando que "sin motivación ni justificación alguna" aquella convocatoria "restringe de manera discriminatoria la posibilidad de concurrir en igualdad de condiciones con el resto de potenciales licitadores, lo que dificulta la libre competencia, puesto que únicamente queda centrada en los vehículos con licencia de taxi".
Unos motivos que han llevado a Economía a estimar el recurso y anular la convocatoria al considerar que "se aprecia una posible infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato por vulneración del principio de libre concurrencia". Ahora, el departamento de Climent estudia la posibilidad de sacar un nuevo concurso para, lo más probable, dar cabida a las VTC, una postura que también el departamento de Agricultura baraja.
