Rafael Blasco, exconseller de Cooperación. Foto: I CABALLER/CORTSVALÈNCIA. Las declaraciones en el inminente juicio del caso Cooperación comenzarán antes de lo previsto. Las 24 acusados por el fraude en las subvenciones a ONG y en los fondos para construir un hospital en Haití –las piezas 2 y 3 del también llamado caso Blasco– comenzarán a declarar el próximo 16 de abril y no a partir de mayo como se había señalado en un principio.
La decisión, comunicada a las partes por la Audiencia Provincial esta misma semana, provocará que las declaraciones de parte de los 24 acusados en este caso, entre los que se encuentran el exconseller del PP Rafael Blasco y el empresario Augusto César Tauroni, en plena Semana Santa y nada más comenzar la campaña electoral para las elecciones generales y autonómicas del 28 de abril
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial había señalado en un principio el 15 y 16 de abril para la celebración de las cuestiones previas, mientras que las declaraciones de los acusados estaban fijadas para mayo. El nuevo calendario –motivado por la petición de uno de los abogados por la coincidencia con otro juicio– mantiene en el día 15 las cuestiones previas, con jornada vespertina si es necesario, pero adelanta las declaraciones de los acusados al 16 de abril.
Así, la nueva previsión es que esa misma semana, el 17 y 18 de abril, continúen declarando los acusados. La ronda se retomará en otras dos jornadas: el 6 y 13 de mayo.
Todo ello, no obstante, está condicionado a que la Fiscalía Anticorrupción alcance finalmente un acuerdo un acuerdo de conformidad con las defensas, que se declararían culpables a cambio de una rebaja de penas sin necesidad de celebrar el juicio. Ese eventual acuerdo, como ha venido relatando este periódico, comenzó a negociarse hace meses e incluye rebajas tan sustanciales de las penas que todos los acusados excepto Rafael Blasco, Augusto César Tauroni y el exjefe del Cooperación de la Generlitat, Marc Llinares, quedarían por debajo de los dos años y, por lo tanto, eludirían la cárcel.
En un primer momento, la Fiscalía Anticorrupción, la Generalitat y la Coordinadora de ONGD reclamaron en sus escritos de acusación hasta 170 años de prisión en total.
En el caso concreto de Rafael Blasco, tanto Anticorrupción como la Coordinadora pidieron 16 años de cárcel, 12 por los delitos continuados de malversación y prevaricación y 4 por asociación ilícita, además de más de 4,5 millones de euros por la responsabilidad civil. La Generalitat elevó la petición a 17 años, pero se negocia dejarla en 2 años y medio pese a que esas mismas acusaciones mantienen que lideraban una organización criminal que se enriqueció a costa del dinero público que la Generalitat destinaba al Tercer Mundo.
Blasco se enfrenta a otros 9 años y medio de cárcel en el nuevo juicio por el fraude de las ayudas a ONG
Hasta el mismo día del juicio en la Audiencia Provincial de Valencia, las partes tienen tiempo de pactar una sentencia de conformidad, un acuerdo que evitaría el juicio con la declaración de culpabilidad de los acusados a cambio de rebajas de sus respectivas condenas.
El anterior fiscal Anticorrupción en este caso, Vicente Torres, negoció el pasado verano con los abogados de Blasco una rebaja de su petición inicial de cárcel de 16 años a solo 2 años y medio a cambio de su declaración de culpabilidad en estas dos piezas. La negociación incluyó reuniones de Anticorrupción con el director de la prisión para facilitar el acceso a permisos de Blasco, que por entonces no había cumplido la mitad de los 6 años y medio de cárcel por los que ya estaba condenado en el primer juicio de este caso.
Blasco, que desde enero ya disfruta del régimen de semilibertad tras la obtención del tercer grado penitenciario, continúa negociando con la Fiscalía Anticorrupción un acuerdo de conformidad que evitaría el juicio. La negociación, según confirman a Valencia Plaza fuentes del caso, se desarrolla entre las defensas y el también fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco, quien tomó el relevo de Torres cuando este fue nombrado magistrado del TSJCV.
Las otras dos acusaciones, la Abogacía de la Generalitat y la Coordinadora Valenciana de ONG se mantienen al margen de esta negociación previa a los días señalados para el juicio.
El acuerdo al que llegó Torres con Blasco también se basó en una supuesta reparación del daño económico que ya ha quedado en entredicho porque todos los bienes que Blasco y los principales acusados se han ofrecido a vender están ya embargados. A ello se suma, además, que el exconseller no ha devuelto ni un euro del dinero de la solidaridad que malversó para comprar inmuebles en Valencia, por lo que tampoco cabría hablar de voluntad de colaboración.
