Manuel Mata, síndic del PSPV en Les Corts. Foto: ESTRELLA JOVERVALÈNCIA. Los ayuntamientos tendrán otros dos años de prórroga para pagar las llamadas 'expropiaciones rogadas', las compras de suelo que están obligados a materializar por exigencia de propietarios afectados por proyectos urbanísticos sin ejecutar (en muchas ocasiones heredados del equipo de gobierno anterior).
La medida será introducida mediante una enmienda del PSPV a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat de 2019, según trasladan a este diario fuentes socialistas. Y todo apunta a que ésta será aprobada con el apoyo de los partidos del Botànic (junto a Compromís y Podemos), tal y como ya ocurrió en diciembre de 2016.
Las 'expropiaciones rogadas' protagonizaron una peculiar paradoja inmobiliaria con la llegada de la crisis. En tiempos de bonanza podía ser una desgracia que el alcalde de turno diseñara un proyecto urbanístico en el lugar en el que un propietario tenía una parcela, porque la administración tenía derecho a expropiarla por un precio que muchas veces estaba por debajo del entonces pujante mercado inmobiliario. Así ocurría a lo largo y ancho de la Comunitat, con decenas de nuevas iniciativas impulsadas cada año a nivel municipal.
Pero el estallido de la burbuja inmobiliaria le dio la vuelta a la tortilla. Muchos ayuntamientos congelaron sus proyectos, y pasados cinco años desde el inicio de la tramitación los propietarios de terrenos pendientes de desarrollar empezaron a exigir que los consistorios cumplieran con la expropiación anunciada, que en este nuevo escenario -con el sector completamente detenido- se pagaban a un precio muy superior al de un mercado raquítico y brindaban a los interesados un suculento ingreso en plena crisis.
Los dueños de los terrenos denunciaban y ganaban a los ayuntamientos, sumiendo a la administración local en su propia trampa urbanística. Pero los partidos del Botànic hallaron una argucia para evitar esta sangría: introducir en 2016 una moratoria de dos años para el pago de las 'expropiaciones rogadas'.
Esta jugada dio oxígeno a los consistorios para afrontar una partida de gasto sensiblemente inferior en sus segundos presupuestos, los del año 2017. En el caso de València, tal y como informó este diario, el Ayuntamiento de Joan Ribó tuvo que hacer frente al pago de más de 40 millones de euros en 'expropiaciones rogadas' en el ejercicio 2016, una circunstancia que se diluyó en 2017 con la aplicación de la moratoria.
En estos dos últimos años, según indica a este diario el concejal del Hacienda, Ramón Vilar, el consistorio ha ido liquidando algunas de ellas, si bien haciendo frente a una cantidad anual sensiblemente inferior. El edil aplaudió entonces la medida con el argumento de que "los fondos de expropiaciones han de tener un uso lógico y racional, acorde con el desarrollo urbanístico, no marcado por sentencias judiciales".
Y este cómodo aplazamiento del pago es el que quiere prolongar dos años más el PSPV con la introducción de una nueva moratoria, que dará una importante alegría financiera a las arcas municipales en año electoral. De no introducirse esta nueva prórroga las administraciones locales deberían haber liquidado la totalidad de las expropiaciones pendientes y dispondrían de un margen para el gasto sensiblemente inferior.
Los grandes perjudicados de esta nueva moratoria son, en consecuencia, los propietarios de los terrenos, que vuelven a ver cómo su ayuntamiento gana dos años más para pagar. Para colmo, según quedó establecido en la primera moratoria en defensa de las arcas públicas, el aplazamiento ni siquiera les genera intereses.
