Mónica Oltra, consellera de Igualdad.Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Las personas beneficiarias de la renta valenciana de inclusión quedarán exentas de tener que pagar las tasas universitarias el próximo curso académico, lo que garantiza el derecho de toda la ciudadanía a acceder en igualdad de oportunidades a la Educación más allá de la etapa obligatoria.
Así lo ha explicado el director general de Inclusión Social, Enric Juan, quien ha señalado que desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se propuso una modificación de la Ley de Tasas, ejecutada a través de la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat para 2019, que hace posible esta exención de tasas universitarias.
Juan ha explicado que para acogerse a estos beneficios, las personas no deberán realizar ninguna gestión adicional ya que el espíritu de la ley de la Renta Valenciana de Inclusión Social es que solo con la tramitación de la ayuda las personas beneficiarias tengan acceso a todos aquellos apoyos que requieran para "disfrutar de una vida digna".
La exención de las tasas universitarias se suma a otros reconocimientos que se han otorgado a las unidades familiares titulares de una renta valenciana de inclusión en el proceso de admisión en los ciclos de educación obligatoria, ya que las familias beneficiarias de esta ayuda han contado con tres puntos en la baremación para el acceso al centro educativo que hayan seleccionado.
Enric Juan ha incidido en que una de las principales mejoras que se introdujo con la ley de la Renta Valenciana de Inclusión es el acceso directo, "en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más", a otros tipos de ayudas, como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmaceútica y ortoprotésica.
La norma también simplifica el procedimiento administrativo y permite ahorrar en gestión burocrática, de manera que las solicitudes se tramitan a través de los servicios sociales municipales, que serán los encargados de realizar la parte de valoración e intervención con la persona solicitante, mientras que el proceso de tramitación y pago de la ayuda se ejecutará a través de la Administración autonómica.
