Foto: PEPE OLIVARESCASTELLÓ (EFE/Laura Ramos). La negociación de la ley de vivienda ha llegado a su punto más crítico y los grandes propietarios parecen haber doblado el brazo a Unidas Podemos, con la colaboración necesaria de un PSOE que ha ido modulando su discurso en uno de los asuntos que mayor tensión genera entre los socios de Gobierno.
Un año después de que regular los alquileres entrara a formar parte del programa de Gobierno de coalición, la sucesión de acontecimientos apunta a que Pablo Iglesias saldrá del Ejecutivo sin haber 'pinchado la burbuja'.
Cuando el ministro José Luis Ábalos compareció en el Congreso en febrero de 2020 para explicar sus proyectos de legislatura anunció que permitiría por ley a comunidades y ayuntamientos limitar los precios máximos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas.
Era el acuerdo al que el PSOE había llegado con su socio de Gobierno ("poner techo a las subidas abusivas"), aunque por entonces no estaba claro si se haría a través de una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o de la futura ley de vivienda.
Si hay algo que concite el rechazo unánime en el sector inmobiliario es esa medida y no hay prácticamente economista que no certifique que su aplicación en París y Berlín ha provocado el efecto contrario al pretendido: detraimiento de la oferta y subida de precios, además de un floreciente mercado negro.
Quizá por eso Ábalos recalcaba que sería una medida "coyuntural" y "temporal", pero decía que creía en ella desde la defensa de los derechos sociales que garantiza la Constitución.
Aunque el anuncio no era tranquilizador para el sector, en la cúpula de las grandes gestoras inmobiliarias se mostraban convencidos de que el Gobierno no haría efectiva su amenaza, a la vista de los pronunciamientos en contra de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el Banco de España y la Comisión Europea.
La irrupción en marzo de la pandemia de covid-19 dejó el asunto en suspenso y ya en junio, en la presentación del sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) alejaba la posibilidad de aprobar la medida, a la espera de ver cómo evolucionaba el mercado.
En septiembre Unidas Podemos ya había constatado que los socialistas no tenían intención de cumplir -"en septiembre ya sabíamos que nos iban a torear", apunta una fuente del partido- y prepararon una ofensiva que culminó con un nuevo compromiso por escrito del PSOE de incluir la regulación de los alquileres en la futura ley de vivienda, a cambio de que los de Iglesias apoyaran los Presupuestos para 2021.
Las grandes patronales inmobiliarias, entretanto, habían reforzado su 'lobby' con la elección del exministro socialista y exalcalde de Barcelona Joan Clos como presidente en España de Fiabci -la mayor red internacional del sector- y de Asval -la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler que representa a compañías como Ares, Testa Homes, Albirana Properties (la socimi de alquiler de Blackstone), Tectum, la promotora catalana La llave de oro y Aedas Homes-.
Desde el entorno de Podemos aseguran que Clos ha estado "pegado a Ábalos" para defender los intereses de lo que ellos llaman "fondos buitre".
"El PSOE defiende los intereses de los rentistas, nosotros defendemos los intereses de los inquilinos", resume un dirigente de Unidas Podemos, que sostiene que con el 5 % que aproximadamente representan las casas en manos de bancos y fondos en el total del parque residencial "por supuesto que se puede influir en los precios y marcar tendencia".
Según un reciente informe de Atlas Real Estate Analytics, los bancos y fondos de inversión gestionan unas 110.000 viviendas de alquiler en España, lo que supone algo más del 4 % del 'stock'.
El mayor casero es el fondo americano Blackstone, con más de 40.000 casas, el 40 % de las que están en manos de grandes tenedores privados.
Los socialistas prefieren fijarse en el 95 % restante y el documento que presentó el miércoles a Podemos parte de esa premisa, es decir, de la consideración de que en España la propiedad de la vivienda en alquiler corresponde muy mayoritariamente a pequeños propietarios, en su mayoría particulares, para los que el arrendamiento no es una actividad económica principal.
Por eso su propuesta se basa en desgravaciones del IRPF y solo menciona a los grandes tenedores para señalar que estos "deberán colaborar y prestar información para asegurar el uso efectivo de sus inmuebles".
Los sindicatos de inquilinos, que impulsan el movimiento de vivienda del que se nutre Podemos, han convocado manifestaciones este sábado en quince ciudades españolas y culpan por encima de Ábalos a la ministra Calviño, que a su vez tacha de "ridícula" la acusación de haber cedido a las presiones de los fondos.
Desde que los socios de Gobierno empezaron a negociar, los de Pablo Iglesias plantearon la ley de vivienda como un pulso a las grandes inmobiliarias y fondos y, a pocas semanas de que éste salga del Gobierno, ya se ve quien gana.
