VALÈNCIA. La fuga de cuatro diputados de Ciudadanos al grupo de no adscritos sigue siendo una cuestión polémica cuatro semanas más tarde de que se produjera. El problema principal ahora -que también lo era al principio- se centra en qué va a ocurrir con el dinero que estas salidas dejan en el aire. Unos fondos que el partido naranja que lidera Ruth Merino ya ha reclamado seguir percibiendo a pesar de haber perdido representación, a lo que se oponen tanto Vox como el PP, pero además también enfrenta a los partidos del Botànic II.
¿Retorcer el Reglamento de Les Corts para hacer un arreglo a Ciudadanos con la disculpa de "castigar el transfuguismo"? ¿O no? He ahí la cuestión debatida este martes por los partidos en la Junta de Síndics de Les Corts. El grupo parlamentario de Merino trasladó al resto de formaciones una petición para "pasar a percibir una compensación equivalente al importe presupuestado para la subvención variable para la contratación de personal" y traspasar el dinero de los tránsfugas "dedicado al desempeño del cargo como portavoces de comisión y la portavocía adjunta" que dejaron vacante a Ciudadanos.
Traducido significa lo siguiente: la asignación a los grupos parlamentarios aprobada al inicio de la legislatura establece dos tipos de subvenciones variables a cada los grupos parlamentarios por el número de diputados con el que cuentan. Cada uno de ellos tiene derecho a percibir una cantidad de 1.400 euros al mes y, aparte, otra de un importe de 1.077,44 euros para contratar personal. Asimismo, si un diputado es portavoz en comisión recibe 620 euros al mes.
Los cuatro tránsfugas, Jesús Salmerón, José Antonio Martínez, Sunsi Sanchis y Cristina Gabarda pidieron todos cuando se marcharon de Cs hace un mes. Una petición que se topó con un informe jurídico de los letrados de Les Corts -reclamado por los partidos- y que concluía que el único complemento que no podían dejar de percibir por su condición de diputados a pesar de que no representasen ya a ningunas siglas era el de 1.400 euros mensuales.
¿Qué pasará con el resto del presupuesto? Es una incógnita que los grupos parlamentarios resolverán a puerta cerrada, tal y como acordaron en la Junta de Síndics de este martes. Los partidos se reunirán en la comisión de Gobierno Interior para decidirlo, la única comisión opaca que celebra la Cámara. No hay convocatoria a los medios de comunicación, los debates no son públicos y los acuerdos que se adoptan en ella se conocen gracias a filtraciones interesadas de algunas de las partes. Ni siquiera PSPV, Compromís, Unides Podem, PPCV, Ciudadanos ni Vox supieron decir ayer si sobre estas reuniones existen actas.
Ahí será donde se decida, por tanto, qué pasa con ese dinero que asciende casi a 7.000 euros mensuales. Ciudadanos reclama que en lugar de retornarse a la caja de la institución -de la que parten las subvenciones- en forma de remanente, Les Corts se lo siga pagando a a este grupo, a Cs, porque es el perjudicado por el transfuguismo. Es decir, el partido de Merino pide estos fondos como si nada hubiera pasado.
El resto de formaciones, mientras, guardan posturas enfrentadas sobre qué hacer. Vox y el PP se niegan a cerrar un acuerdo de este tipo sin ningún informe jurídico ni económico que ampare una decisión de este calado, pues supondría destinar cerca de 7.000 euros mensuales a Ciudadanos sin tener claro en concepto de qué.
Pero tampoco es especialmente favorable a hacerlo Compromís. La portavoz adjunta de la coalición, Aitana Mas, ya cuestionó hace unas semanas la petición de Cs de seguir manteniendo las mismas subvenciones que antes de sufrir las cuatro bajas. Es decir, seguir cobrando lo mismo con 14 diputados que cuando tenían 18: "El hecho de que Ciudadanos pueda mantener las condiciones económicas actuales sienta un precedente para que algunos grupos en el futuro puedan creer que es una buena vía tener una escisión para tener más recursos económicos", advirtió entonces.
Una postura en la que parece que la coalición se mantiene, pues tanto Mas como el síndic Fran Ferri subrayaron este martes que no están de acuerdo con todo lo que pide Cs. En particular, con que perciban los 620 euros de portavocías de comisiones en las que no tienen portavoces -y que multiplicado por cuatro supondría 2.480 euros al mes-, ni con que cobren tampoco por una portavocía adjunta más. Cabe apuntar que hasta la marcha de los tránsfugas, Ciudadanos contaba con tres portavocías adjuntas y al bajar de 15 escaños ahora cuenta con dos. Sin embargo, los naranjas reclaman seguir cobrando como si tuvieran tres.
La oposición parcial de Compromís a estas peticiones, sin embargo, contrasta con la tibieza con la que lo recibe el PSPV. El síndic socialista, Manolo Mata, sostuvo que "habría que ver si es posible mantener el pacto antitransfuguismo nacional", según el cual los grupos de origen no deberían sufrir "peores condiciones económicas". Respecto a los ingresos del grupo Cs, contempló la posibilidad de que se le pueda mantener el "60, 70 u 80%" de lo que le correspondía.
En definitiva, que los socialistas están dispuestos a negociar una acuerdo amable para Ciudadanos. Y en otro orden de cosas se centró Unides Podem, que directamente este martes abogó por que los tránsfugas no perciban ni siquiera los 1.400 euros que los informes jurídicos indican que son los únicos emolumentos que deben percibir. Los morados son contrarios, por tanto, a no dar ni agua a los tránsfugas. Ni lo que los letrados han considerado que les corresponde por ser diputados, ni las subvenciones que ahora mismo están en el aire y sobre las que se debatirá en la comisión de Gobierno Interior.
En este sentido, la portavoz adjunta Estefanía Blanes explicó que estas subvenciones no son de un diputado en particular, sino que en la legislatura pasada con los anteriores tránsfugas se les asignaron estas cuantías mediante un acuerdo 'ad hoc', pero realmente los no adscritos no tienen reconocido este derecho en el propio Reglamento de la Cámara porque las subvenciones las concede la institución a los grupos parlamentarios y Salmerón, Martínez, Sanchis y Gabarda ya no representan ni forman parte de ninguno.
Cada uno tiene su postura, acata el Reglamento a pies juntillas a veces sí y a veces no, otras lo interpreta. De lo que pase a partir de ahora en esta cuestión tan solo se conocerá la resolución, pero no el debate. La próxima sesión, a puerta cerrada.