Funcionarios. Foto: EPVALÈNCIA. La semana pasada los departamentos del Gobierno valenciano -tanto de Compromís, como de PSPV y Unides Podem- presentaron sus alegaciones al decreto de teletrabajo elaborado por la Conselleria de Justicia y Administración Pública. Unas modificaciones que el departamento que dirige Gabriela Bravo incorporó en gran medida al borrador de la normativa que deberá sustituir al decreto aprobado por el primer Botànic en 2016.
Este viernes, por su parte, finalizó el plazo para que los sindicatos mayoritarios presentaran también sus aportaciones para mejorar el texto; una fase previa a iniciar una negociación colectiva y que este documento pueda aprobarse cuanto antes en un pleno del Consell, dado que la intención de la Conselleria de Justicia es que este esté aprobado antes de que finalice el año.
En estas alegaciones, las organizaciones sindicales coinciden en pocas reivindicaciones. Sin embargo, uno de los aspectos sobre los que ponen la lupa es en la exclusión del personal que ocupa puestos de alta dirección de la posibilidad de acogerse al programa de teletrabajo que elaborarán las consellerias.
En este sentido, CSIF propone en sus alegaciones que la Generalitat invite a los sindicatos a participar en la Relación de Puestos de Trabajo que serían susceptibles de no poder acogerse a este régimen de teletrabajo, mientras UGT-PV directamente pide eliminar esta "discriminación".
El sindicato considera que ello sería "impedir el teletrabajo a una persona ocupante de un puesto sin causa justificada". Además, también insta a que la Conselleria elimine de este borrador que los puestos de libre designación solo podrán sumar en total dos días a la semana de trabajo no presencial, ya que el resto de empleados públicos podrán teletrabajar tres días semanalmente y consideran que esta es una "diferencia de trato no justificada".
Por su parte, Intersindical pide que se elimine de los "puestos que por sus características no son susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo" al "personal no docente en centros docentes y en centros de formación e inserción profesional". Un punto en el que coincide también CSIF, que pide "estudiar caso por caso antes de su exclusión" del programa de teletrabajo.
Asimismo, UGT plantea que si se evalúa a los empleados públicos que presten sus servicios desde sus domicilios mediante un cumplimiento de objetivos, se haga lo mismo con los que desempeñen sus funciones en sus respectivos puestos de trabajo. De lo contrario, también consideran que se estaría generando una diferenciación.
El sindicato, además, pide a Bravo que los programas de teletrabajo sean abiertos y no tengan un "número máximo de puestos" y, añaden, que si las razones por las que la Conselleria ha fijado esta cláusula en la normativa se debe a cuestiones presupuestarias -dado que la Administración debe facilitar los equipos tecnológicos para los empleados públicos que teletrabajen y así lo soliciten-, se contemple que los trabajadores puedan aportar sus propios medios. En esta línea, solicitan además que las consellerias incluyan partidas específicas en sus presupuestos para poder posibilitar la modalidad de trabajo no presencial.
Por su parte, además, CSIF pide que se implante un procedimiento ágil y directo sin necesidad de tener que aprobar planes de teletrabajo específicos; que se flexibilice el horario de trabajo para los funcionarios que trabajen desde sus domicilios y se establezcan sistemas que garanticen que no rebasan su jornada laboral; o que se imparta formación a través del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) tanto al personal que preste sus servicios desde la conselleria o desde casa.
